Entre 1984 y 1989, la minera sueca Boliden vertió cerca de 20.000 toneladas de residuos contaminantes a las afueras de Arica, capital de la región homónima fronteriza con Perú y Bolivia. Desde Estocolmo, pagaron a la empresa chilena Promel, que esperaba obtener oro y plata a cambio de procesar los desechos suecos, en una práctica recurrente en la década de 1980 por parte de los países desarrollados hacia los del hemisferio Sur.
Al hijo mayor de Alison Nateres, de 4 años, le encontraron poco después de nacer una malformación congénita que produce retrasos cognitivos y motores. Junto a su madre y una bebé de meses, viven en Cerro Chuño, un asentamiento de la periferia de Arica, en el norte de Chile, donde permanecen enterradas miles de toneladas de desechos tóxicos abandonados por una minera sueca hace casi 40 años.
“Yo sabía que había plomo, pero las circunstancias me llevaron ahí: soy peruana, no tengo dónde ir, no tengo familia acá, estoy sola”, explica Alison a EFE.
Alexis, de 10 años, hijo mayor de Jeannette Atora, sufre asma y vive pendiente de sus inhaladores porque, sin ellos, “se ahoga”, dice su madre a EFE. Cansada de soportar un problema de salud tras otro, se trasladó con su familia a un lugar alejado de los acopios.
Nicole Rojas y su pareja llegaron al sector de Los Industriales sin saber que estaba lleno de plomo y arsénico. Cuando se enteraron, no le prestaron atención –reconoce ella– hasta que poco tiempo después nació su primer hijo, Germán, que a los 3 años (hoy tiene 5) fue diagnosticado con autismo. Su hermano menor, de 2, está con sospecha del mismo trastorno.
“En el jardín infantil que está cerca de nuestra casa hay varios niños con autismo ya declarado y otros con sospecha, y en el sector también”, cuenta Nicole a EFE.
Otro caso similar es el del hijo mayor de Regina, cuya familia fue una de las fundadoras de la población. Recuerda que desde pequeña escuchó hablar de “la historia de los polimetales”, que dejó a miles de personas con afectaciones severas a su salud.
Una Ley insuficiente
Los residuos tóxicos, que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, fueron enviados por la minera sueca Boliden a la chilena Promel entre 1984 y 1989, pero no fue hasta finales de los noventa que los vecinos de la zona supieron de su existencia, luego de permanecer más de una década expuestos a la contaminación.
Desde entonces, uno de los pocos logros de los afectados ha sido la Ley de Polimetales, aprobada en 2012 bajo el Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que ofrece seguimiento de salud, apoyo educativo y el realojamiento en zonas más seguras, entre otras medidas, pero que excluye a cientos de niños nacidos después de 2012 que padecen enfermedades asociadas a la alta exposición a los metales.
Junto a otras 150 madres, Alison, Jeannette, Nicole y Regina se unieron a la Fundación Mamitas del Plomo para dar visibilidad a la situación de sus hijos y reclamar que sean amparados por la norma y tengan acceso a análisis y seguimiento médico.
“Empezamos a realizar exámenes a los chiquitos y con los resultados nos dimos cuenta de que todos nuestros niños que están fuera de la ley están contaminados en distintos niveles”, cuenta a EFE Luz Ramírez, fundadora de la organización y madre de Mauricio, que a sus 13 años sufre problemas respiratorios y graves afecciones intestinales.
Gloria Flores, vecina de Los Industriales y madre de un hijo protegido por la norma y de otros dos excluidos de ella, hizo análisis a los más pequeños por vía privada: uno de ellos marcó 50 de arsénico (se considera “normal” por debajo de 35). “Al saber el resultado me preocupé y me sentí muy desvalida porque mi hijo menor está fuera de la ley, nadie lo monitorea, en cambio a mi hijo mayor sí le hacen seguimiento, le dan un polivitamínico y le mandan con un nutricionista”, cuenta a EFE.
Uno de los principales problemas que enfrentan las Madres del Plomo es que el nivel de los metales en el cuerpo varía con el tiempo y, sin exámenes ni seguimiento médico, se pierde la posibilidad de avanzar en los diagnósticos.
“Pedimos que nuestros niños entren a la ley porque puede que ahora el plomo y el arsénico estén a un nivel bajo, pero si esperamos un año más van a seguir subiendo”, lamenta Nicole Rojas.
«El dolor de la incertidumbre»
El exdiputado socialista Luis Rocafull, quien fue la máxima autoridad de la región de Arica cuando se tramitó la Ley de Polimetales, opina con rotundidad a EFE que la normativa aprobada en 2012 “no ha sido un instrumento para resolver el daño provocado por el Estado de Chile”.
Recuerda que tras su aplicabilidad, “inmediatamente”, las autoridades se dieron cuenta de que “adolecía de muchas cosas”. Según él, se comenzó un programa de remediación “sin protocolos”, se inició la construcción de edificios en un lugar donde había polvo tóxico y sólo se consideraron a los menores nacidos hasta 2012.
“La contaminación no se corta por milagro, sino que sigue. No había antecedentes sobre si durante el embarazo una madre (producto de su propia contaminación) puede provocar algún problema al niño que está engendrando; había varias incógnitas que no se resolvieron”, lamenta Rocafull.
Las familias viven inmersas en la duda de cuántas de las dolencias que aquejan a sus pequeños están directamente relacionadas con la contaminación a la que fueron expuestos y hasta dónde llegarán las consecuencias.
“Estas personas peregrinan por diferentes servicios públicos, esperando una respuesta, pero nadie les dice nada, nadie les explica nada y tienen que acudir a organismos internacionales para ser escuchados en el dolor de la incertidumbre de qué va a pasar con sus hijos más adelante”, dice Rocafull en referencia a una denuncia que los afectados presentaron hace años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a través de la cual ahora el Estado se mostró dispuesto a negociar.
“Si no estamos detrás de las autoridades, nadie hace nada”
A pesar de la insistencia de las madres, hasta ahora los avances en el Congreso para modificar la ley vigente y ampliarla a los nacidos a partir de 2012 han sido mínimos.
En junio de 2022, el presidente chileno, Gabriel Boric, visitó la zona, escuchó las demandas de las madres y recibió una carta de una de las niñas afectadas. “Yo también estoy contaminada y quiero que usted ayude a las Mamitas del Plomo porque quiero una salud más justa para todos los niños de Arica”, le escribió Amaya, de 7 años.
Desde La Moneda (sede de Gobierno), en julio pasado respondieron a la Fundación que el Gobierno “está trabajando para erradicar toda práctica o política que posponga, obstaculice u omita las urgencias de las infancias y adolescencias” y derivaron el tema a los ministerios y organismos estatales competentes.
Luz Ramírez, que desde 2019 se ha reunido con varios gobernantes tanto de esta Administración como de la anterior, considera que “las autoridades siempre le han bajado el perfil” a la situación de desamparo que viven los niños intoxicados.
“Si nosotros no estamos detrás de ellos, nadie hace nada”, añade Gloria Flores.
Para Luz, “son 36 años de mucha negligencia, de ocultar las cosas hasta que ya no pudieron esconderlas más”. Insiste en la importancia de “visibilizar” a los niños afectados y “defender su derecho a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación” algo que, reitera, “con ellos no se está cumpliendo, por eso hay que alzar la voz y defenderlos”.
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