Un total de seis puntos tenía la tabla que daría curso al encuentro entre Kishore Singh, Relator Especial sobre el derecho a la educación y organizaciones de la sociedad civil el 28 de marzo recién pasado.
La premura del tiempo no era suficiente para abordar cada uno de ellos. Por tanto, cada organización tuvo un tiempo de exposición. Desde esa lógica Rolando Jimenez, quien participó en representación del Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) puso el énfasis en los logros de la organización en el ámbito legal, especificando la Ley Zamudio, la Ley de Unión Civil, la Ley Antidiscriminación y donde sobre esta temática Movilh propuso principios de no discriminación y de respeto a la diversidad en la Ley General de Educación (LGE), promulgada en el 2009.
Posteriormente, el representante de la Fundación Maristas se refirió a la tarea de la organización con niños, niñas y jóvenes migrantes haciendo hincapié en el aumento de población migrante en Chile y que, por lo mismo, actualmente las fronteras resultan difusas debido a la movilidad de la población en busca de mejor situación económica. Aludió a los programas municipales para migrantes “Escuela para todos”, con lo que se pueden regularizar la permanencia y brindar acceso a la educación y con los cuales la Fundación Marista en distintas regiones de Chile.
La abogada Daniela Quintanilla expuso a nombre de Corporación Humanas. Tras una presentación breve de la misión y visión feminista de la organización se centró en la violencia contra las mujeres y niñas tanto dentro como fuera de la escuela y abordó la represión policial de mujeres y niñas en las zonas de conflicto por la restricción de territorios mapuche. Resaltó el rol de la sociedad civil en la reforma educación que tuvo como base la “Revolución de los Pingüinos” (estudiantes vestidos con sus uniformes escolares) y la escasa participación posterior en el fortalecimiento del sistema público de educación.
Fundación Iguales abordó el tema de las niñas transexuales, un tópico que se ha visibilizado poco a poco; sin embargo el camino por recorrer en el ámbito educacional es ingrávido por lo que se requiere de grandes esfuerzos para validar y aceptar la auténtica identidad de género de niños y niñas transexuales.
Por su parte, Fundación PIDEE, representada por María Rosa Verdejo hizo un contrapunto entre las políticas públicas y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile; centrándose en los índices de inequidad económica y de aprendizaje entre niños, niñas y jóvenes mapuche y no mapuche, especialmente de quienes estudian en zonas rurales del país. En el mismo contexto, la directora ejecutiva de PIDEE se refirió a las tensiones que se arrastran entre el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) producto del no acabado cumplimiento de sus objetivos, señalado que si este programa es pilar para la educación intercultural no debiera existir breca entre el PEIB y población indígena. Y, para demostrar esto citó cifras del Ministerio de Educación que señalan que en la región de La Araucanía, segunda región que concentra mayor población indígena se han focalizado 139 establecimientos para implementar el PEIB de un total de 1.100 establecimientos públicos y subvencionados de educación básica y media en la región.
Cabe mencionar que más allá del desarrollo de labores específicas de la sociedad civil en el ámbito educativo todas las exposiciones manifestaron la dificultad de participación en el ámbito legislativo, la urgencia de implementar educación cívica y educación en derechos humanos en los establecimientos educacionales públicos y subvencionados en Chile. Abordar la educación con un enfoque de derechos para reducir las brechas de inequidad y desigualdad. Por último, que el Estado Chileno debe apoyar y validar la ocupación en materia de inclusión y promoción de derechos para que en Chile exista una educación de calidad para todos y todas.
