Tras un extenso debate desde el ingreso de la iniciativa al Parlamento, en septiembre de 2015, diputados aseguran que se han logrado definir los principios orientadores de lo que será la ley marco, para abordar a continuación el análisis de los mecanismos y medidas de protección para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer exigibles sus derechos.
Un sistema de garantías de derechos de la niñez integrado por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, niñas y adolescentes, es lo que busca el proyecto de ley (boletín 10315) que avanza en su discusión en la Comisión de Familia.
La iniciativa busca cambiar en materia de política de infancia el foco con el cual se ha operado hasta ahora y que ha estado centrado, preeminentemente, en una perspectiva judicial que interviene, por lo general, cuando el niño o niña ya ha sido vulnerado en sus derechos.
Según expresó la presidenta de la instancia, diputada Denise Pascal (PS), estamos frente a una ley muy compleja que va a regular el marco de todo lo es la protección de la niñez, desde los diferentes aspectos, y que, además, se va a complementar con una serie de otras normas que hoy día están en discusión.
“Hoy hemos entrado en lo que creo es la médula de la ley marco (título tercero y cuarto del proyecto) y es lo que regula cómo se va a desempeñar la parte administrativa y cómo esta se separa de la parte judicial; con respecto a los tribunales de familia, cuál es el rol claro que cumplen los tribunales el día de hoy, qué se mantiene como tal, pero cuál se agrega desde el punto de vista administrativo”, afirmó.
Ante las dudas que presentaron los parlamentarios en esta materia, la legisladora señaló que la Comisión pretende analizar en profundidad todos los aspectos donde se presenten complejidades, en conjunto con expertos que permitan clarificar la situación. “Creo que hemos llegado a una parte importante, además poniendo límites de tiempo, para no alargarnos eternamente en cada inciso y, de esa manera poder avanzar”, acotó.
De la misma manera, agregó que la expectativa de la instancia es poder de aquí a noviembre terminar el despacho de este proyecto, con el fin de que el 2017 Chile cuente con una ley marco que se sume a otras herramientas en el ámbito de la protección a la niñez.
Protección a los menores
Consultada por la protección que se entregará a los menores, la diputada Karla Rubilar (IND) recalcó que todas las declaraciones deben llevarse a la práctica y para eso tienen que haber mecanismos que permitan a los niños, niñas y adolescentes hacer exigibles sus derechos.
“Para eso tenemos que entrar a crear esta suerte de sistema de protección administrativa que no existe, porque hoy día todo se judicializa, con el propósito de que el proceso sea mucho más efectivo y los niños más vulnerables tengan una respuesta rápida. Pero esa figura tiene que ser bien hecha y estar con estructura y recursos, por lo menos tener idea en esta ley marco de cómo va a funcionar, ver cuáles son las competencias de tribunales versus las del Estado y cuándo el Estado puede inmiscuirse en las familias”, enfatizó.
En ese sentido, la legisladora añadió que lo más lógico sería tener una nueva opinión de la Corte Suprema antes de votar los artículos.
En cuanto a la evaluación que hizo la Corte Suprema en relación al proyecto de ley, específicamente a lo que respecta a las competencias de los tribunales de familia, el diputado Ramón Farías (PPD) aclaró que esto fue previo a las indicaciones que presentó tanto el Ejecutivo como los miembros de la Comisión a la iniciativa. “El proyecto no es lo que era”, afirmó.
Por otra parte y haciendo una evaluación, el parlamentario indicó que le parece bien escuchar a los expertos, pero que a la vez es insostenible que se produzca una dilación del proyecto. “Siento que nos hemos demorado demasiado con una ley marco que lo que hace es enmarcar una legislación”.
Desde el Consejo de la Infancia, Estela Ortiz, secretaria ejecutiva, recalcó que las indicaciones al proyecto se hicieron conociendo el informe de la Corte Suprema. “Todos incorporamos las consideraciones de la Corte Suprema en las indicaciones y, a pesar de eso, coincidimos en que una vez que se discuta el título tercero y cuarto del proyecto se pida un nuevo informe a la Corte Suprema, en relación a lo que sea votado en la Comisión, antes de que vaya a discusión en general”, concluyó.
