Robo de niños en dictadura: los tres casos en que la justicia confirmó la existencia de delitos y señaló que podrían ser imprescriptibles

Myriam Monardes Retamal recibió un balde de agua fría en 2018 cuando, al cumplir 65 años, fue a una oficina de Chile Atiende a cobrar el bono por hijo —el aporte que entrega el Estado a las mujeres que han sido madres—. Allí le dijeron con toda naturalidad que su pago se calcularía considerando a los ocho hijos que registra en el sistema. Pero ella solo sabía de la existencia de siete.

Fue ahí cuando se enteró que el niño que parió en 1987 en el Hospital Félix Bulnes no estaba muerto, como le dijo entonces el personal médico. La pregunta fue inmediata ¿Dónde está?.

Con la ayuda de su hija menor, Ana Vera, Myriam comenzó a peregrinar buscando respuestas. Sus datos llegaron a la agrupación Hijos y Madres del Silencio, que desde hace una década coordina a mujeres que buscan a los hijos que les robaron. De ahí vino la denuncia y su incorporación a la investigación a cargo de la Corte de Santiago. El expediente judicial señala que el suyo es el caso número 740.

No son pocos. En 2019 el ministro Mario Carroza estaba a cargo de estas indagatorias y dijo que los niños chilenos enviados al extranjero en las décadas del ‘60, ‘70 y ‘80 podrían sumar 20.000.

Actualmente la investigación está bajo el mando del ministro Alejandro Aguilar, y durante este verano la causa avanzó como nunca antes. Lo primero fue que, por primera vez, el tráfico de niños al extranjero se calificó como delito de sustracción de menores. Hasta ahora era una discusión en los pasillos de los tribunales si los hechos podían sancionarse, considerando la débil regulación sobre adopciones que existía en la época.

Pero lo más relevante ocurrió cuando el ministro Aguilar comenzó a enviar las sentencias definitivas a la Corte de Apelaciones de Santiago para que fueran ratificadas. Él decía que se trataba de casos de sustracción de menores, que constituían un delito, pero que estos estaban prescritos por el paso del tiempo.  La respuesta sorprendió a todos.

The Clinic accedió a tres fallos de la Corte que no ratificaron la sentencia de Aguilar, y que los devolvieron indicando que podía tratarse de delitos de lesa humanidad, y por tanto no podían prescribir.

Esos tres fallos también señalaron que las diligencias no estaban agotadas, y que debía activarse la búsqueda de los niños robados en el extranjero. En uno de los casos también se solicitó buscar, a través de la Interpol, a una jueza que participó del tráfico de menores.

En el caso de Myriam Monardes, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que las diligencias debían incluir la búsqueda de los padres adoptivos de su hijo, quienes estarían en Suiza.

“Aquí le aparece otro hijo que se llama Esteban”

Ana Vera, la hija de Myriam Monardes, conversó con The Clinic y contó cómo su madre se enteró de que el hijo que ella creía muerto, en realidad estaba vivo.

“Un día ella cuando cumplió los 65 años, yo le dije, ‘mamá, ¿por qué no va a hacer el bono por hijo?’, y la acompañé y la llevé a Chile Atiende. Cuando estábamos haciendo el trámite en la oficina nos dijeron ‘ aquí le aparecen ocho hijos’. Y yo le respondí, ‘nooo, nosotros no somos tantos’. Y después la niña empezó a nombrar los hijos que le aparecían en el sistema a mi mamá”, contó Ana Vera.

El quinto en la lista que enumeró la funcionaria no fue reconocido ni por Myriam Monardes ni por su hija.

“Esteban Monardes, dijo ella. ‘No’, le dije yo, ‘mi mamá no tiene ni un hijo que se llame Esteban Monardes’. ‘Sí’, me dice, ‘aquí aparece vivo’. Y yo le digo, ‘mamá, aquí le aparece otro hijo que se llama Esteban’. Y mi mamá hasta ese tiempo nunca me había hablado de ese hijo. Entonces ella me dice, ‘sí, Anita, mire, yo tuve un hijo, pero cuando nació, falleció’”, relata la hija de la mujer que desde ese día busca al niño que parió en 1987 en el Hospital Félix Bulnes y que, según la indagatoria judicial, podría estar en Suiza.

Luego de eso, Ana y su madre fueron a Carabineros y comprobaron que en las bases de datos de la policía Esteban Monardes aparecía vivo. Y que también existía una fotografía que mostraba a una guagua recién nacida. Es el último registro de esa persona que actualmente debe tener 37 años.

El pasado 14 de febrero la Primera Sala de la Corte de Santiago emitió el fallo que rechazó la decisión del ministro Aguilar de cerrar la investigación porque el delito estaba prescrito. El argumento fue que podría tratarse de un delito de lesa humanidad, de los que no prescriben:

“Los hechos investigados acontecieron en el año 1987, esto es en el marco de la dictadura cívico-militar que dirigió los destinos del país entre los años 1973 y 1989, perpetrándose en dicho período numerosas violaciones a los derechos humanos por agentes estatales, por lo que tal contexto hace posible colegir que estaríamos en presencia de un delito que eventualmente tiene el carácter de imprescriptible, al no poder descartarse que tenga la calidad de ser de lesa humanidad”, señala la sentencia (ver aquí).

Ese fallo fue el primero que abrió la puerta para que en estos casos pueda existir justicia. Luego vinieron otros dos. El único ministro de la Corte de Santiago que aparece en todos ellos es Alejandro Rivera.

Robo de niños en San Fernando

Los mecanismos con los que se sustraían niños en Chile eran variados. Así lo ha establecido la justicia, y lo ratifican los cientos de testimonios recopilados por las organizaciones de madres buscadoras.

Una opción era decirles a las mujeres recién paridas que sus hijos habían nacido muertos. Ahí participaban matronas y enfermeras, quienes luego pasaban las guaguas a cuidadoras que se coordinaban con abogados y juezas de familia para tramitar las adopciones irregulares.

La investigación de la justicia también ha determinado que otros niños que se vendían a matrimonios, principalmente en Estados Unidos y Europa, provenían de hogares de menores. Son decenas los testimonios de mujeres que afirman que dejaban a sus hijos en esos hogares y que cuando volvían a verlos, ya no estaban.

Muchas de esas mujeres, ha logrado establecer la indagatoria judicial, no sabían leer ni escribir. Las asistentes sociales o los abogados que participaban en las redes de tráfico las hacían firmar papeles sin explicar de qué se trataba. La gran mayoría de mujeres a las que les robaron sus hijos eran pobres y de zonas rurales.

Fue el caso de Ruth Reyes. En 1981 estaba soltera y necesitaba generar ingresos. Vivía en San Fernando, Región de O´Higgins. “Yo tenía dos hijos. Estaba sola. Mi mamá había muerto no mucho tiempo atrás. Necesitaba trabajar, y me recomendaron que los fuera a dejar a un hogar. Ellos querían que yo dejara los dos, pero les dije que no, porque yo con uno me las podía arreglar… cuando volví a preguntar por él, ya no estaba”, le contó Ruth Reyes a The Clinic.

Ella hoy tiene 59 años y desde hace siete se sumó a la organización de madres que buscan a los hijos que les robaron. En la indagatoria judicial ella aparece como el caso 335. El expediente con los testimonios que han sido recogidos por la indagatoria judicial es secreto, pero la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó la prescripción de los delitos que la afectaron, muestra algunos relatos que pusieron luz a lo que ocurría en San Fernando en los ‘80.

Uno de los testimonios recogidos en la sentencia, que oculta la identidad de quien declaró, se refiere a lo que sucedía en el hogar Conin en esa comuna de la Región de O´Higgins: “en Conin se debe tener en consideración el contexto político que tenían en el país en ese momento, por lo que por las experiencias personales siempre prefirió acatar las instrucciones que ordenaba el tribunal”.

Las redes de tráfico de niños estaban formadas por matronas, abogados, asistentes sociales, jueces de familia, cuidadoras y también por monjas y curas. Un niño chileno podía venderse por unos US$10.000. Un reportaje de Ciper reveló que existían catálogos donde los matrimonios europeos podían elegir las características de la guagua que iban a comprar, desde el color de ojos hasta el tono de la piel.

Sigue el testimonio recogido por la justicia y que forma parte del expediente del caso 335 (Ruth Reyes). Todo parece apuntar a que se trataba de una persona que trabajó en un hogar de menores de San Fernando: “Porque no hicimos nada cuando veíamos salir a los niños con una sola persona… nosotros en ese momento vivíamos una dictadura que al poder denunciar algo solo generaría muchísimos problemas, ya que no existía libertad de expresión”.

Ruth Reyes le dijo a The Clinic que conserva recuerdos del hijo de un año que le robaron: “Era mi pancito de azúcar. Era el apodo que le tenía puesto, él era mi pancito de azúcar… Tan chiquito, era chiquito, morenito, gordito…”, alcanzó a decir antes de ponerse a llorar.

Ruth cuenta que entonces realizó una denuncia, pero que esta nunca avanzó. Recién se incorporó a la búsqueda de su hijo cuando se hicieron públicos otros casos y su familia se acercó a la organización Hijos y Madres del Silencio: “Ahora después, al tiempo después, supe que habían otros casos en San Fernando, pero nunca he tenido contacto con nadie. Y siempre me lo he guardado yo con mi familia no más”.

El fallo de la corte cita otro testimonio, el que confirma que en San Fernando existía una red que se dedicaba a la venta de niños: “En mi experiencia en Curicó no tuve ninguna causa de esta naturaleza, pero llegado a San Fernando, por declaraciones de los abogados y de hasta el Fiscal Militar de la época, me dí cuenta que había una organización que operaba atrás de las adopciones irregulares”.

El fallo de la Corte de Santiago sobre el caso de Ruth Reyes es el más categórico de los tres que revisó The Clinic al calificar la sustracción de menores en dictadura como un delito de lesa humanidad.

Luego de subrayar que los hechos sucedieron en un periodo en que “se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos”, el fallo indica que “es claro que, de acuerdo con la conducta por delito de lesa humanidad que es sancionable, inequívocamente se está en presencia de un delito de esa naturaleza y por tanto imprescriptible” (vea aquí ese fallo).

El fallo sobre el caso de Ruth Reyes fue emitido por la Primera Sala de la Corte de Santiago, con votación unánime de los ministros Jorge Zepeda y Alejandro Rivera, además de la abogada integrante María Fernanda Vásquez.

Diligencias pendientes

Entre las diligencias pendientes en el caso de Ruth Reyes, la Corte de Santiago estimó que era necesario buscar a una de las imputadas en la causa: de los antecedentes de la investigación “surge que no se ha dispuesto lo pertinente, en especial de lo informado por el Departamento de Migraciones y la PDI en relación a la imputada Ivonne Gutiérrez Pavez o Ivonne Bronfman, para requerir a Interpol conforme a los Convenios Internacionales suscritos, su ubicación o paradero, el que podría estar ubicado en los Estados Unidos de América”.

Ivonne Gutiérrez Pavez fue, entre 1977 y 1984, secretaria y luego jueza del Juzgado de Menores de San Fernando. Fue removida de su cargo por mala evaluación. En 1985 protagonizó un reportaje del diario The Record, de New Jersey, el que acusaba por estafa al abogado chileno Alberto Bronfman Jacober. Según ese periódico, Bronfman le cobraba US$2.500 a parejas estadounidenses que quisieran obtener un niño chileno, aunque después esa guagua no llegaba.

Citando a fuentes de la embajada estadounidense en Santiago, The Record indicó que Bronfman había huido a Israel junto a su pareja, la jueza Ivonne Gutiérrez Pavez. También indica que las autoridades norteamericanas dieron aviso a Interpol y acusaron a la jueza por “mala conducta en el cargo en relación con los menores en peligro”. Ya entonces Ivonne Gutiérrez estaba acusada por falsificar documentos judiciales y de trabajar con parejas de Estados Unidos, Canadá y Australia.

El mismo reportaje señala que solo en 1983, 172 niños chilenos llegaron a EE.UU. para ser adoptados. El 23 de agosto de 1985 el abogado Alberto Bronfman falleció en Tel Aviv, Israel, según consta en su certificado de defunción. Dos días después de la publicación del reportaje de The Record.  En 2019 una investigación de Ciper constató que la exjueza Gutiérrez estaba viviendo en Chile, en un departamento de su propiedad en Providencia.

“Es un daño grande el que nos hicieron. Pero solo dios sabe… Dios va a hacer que paguen por todo eso. Mis hijos saben y me apoyan, mi marido también, él está aquí conmigo, también me apoya. Me dijeron que era decisión mía. Yo voy a dar la pelea hasta que Dios me tenga aquí en la tierra”, le dijo Ruth Reyes a The Clinic.

El tercer fallo revisado para este reportaje es por la denuncia ingresada por una mujer que no identificaremos, pues no pudo ser contactada antes de esta publicación. Ella aparece como el caso número 336 en la indagatoria del ministro Aguilar. La investigación realizada por la justicia estableció que su hijo fue sustraído en 1983.

En ese caso también aparece involucrada la exjueza Ivonne Gutiérrez, según se desprende de lo que aparece en el fallo, cuando enumera las diligencias pendientes de la causa: “Disponer lo pertinente respecto de la magistrada doña Ivonne Gutiérrez Pávez, cuya intervención ha sido declarada por los testigos que comparecieron en estrado”.

El escrito también señala que están identificados los padres adoptivos del menor sustraído, que nació con el nombre de José Luis Antonio, por lo que la Corte ordenó ubicarlos para que entreguen información.

Según la información alojada en los registros del Servel, José Luis Antonio aparece con un domicilio ubicado en la calle San Antonio, en el centro de Santiago. Ese era un barrio donde en los ‘80 se concentraban las oficinas de abogados que se dedicaban a la venta de niños al extranjero.

El fallo por ese caso fue pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Santiago, y estuvo firmado por los ministros Alejandro Rivera y Lilian Leyton, además de la abogada integrante Francisca Amigo. Allí también se menciona que podría tratarse de un delito que no prescribe. Luego de hacer mención a que la sustracción del niño habría ocurrido en plena dictadura, apunta: “tal contexto hace posible colegir que estaríamos en presencia de un delito que eventualmente tiene el carácter de imprescriptible, al no poder descartarse que tenga la calidad de ser de lesa humanidad mientras no se encuentre agotada la investigación”.

580 causas siguen en tramitación

La presidenta de la agrupación Hijos y Madres del Silencio —que además de coordinar a las madres buscadoras organizan reencuentros con los hijos que también las buscan y que viven en Europa o Estados Unidos—, Marisol Rodríguez, le dijo a The Clinic que “nos parece histórico que por fin tengamos las primeras sentencias en estos casos y que se corrobore que existió secuestro de niños y niñas por parte funcionarios del Estado”.

Según la dirigenta, ellas no se equivocaron al pedir el cambio de ministro investigador. Hasta julio de 2024 el ministro a cargo era Jaime Balmaceda, quien en marzo de ese año concedió una entrevista a El País donde señaló que durante su investigación no había logrado establecer la existencia de delitos. Esa declaración indignó a las organizaciones de madres, que exigieron su salida.

“Lo más importante es que se califique estos hechos como violaciones de los Derechos Humanos. Sin duda, el resto de los casos debería ir por este mismo camino y, si así se acredita, podremos comprobar que aquí no solo ocurrieron crímenes de lesa humanidad por motivos políticos, sino también por motivos sociales hacia los sectores más pobres”, aseguró Marisol Rodríguez.

El pasado 14 de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago elaboró un informe estadístico sobre las causas por adopciones irregulares que lleva el ministro Aguilar. El documento contempla 1.296 causas en total, de las cuales 580 siguen en tramitación. El 55% restante corresponde a las 712 causas ya concluidas y cuatro que actualmente están suspendidas, luego de ser enviadas a la Corte de Apelaciones de Santiago para que ratifique o no lo zanjado por Aguilar.

Respecto a las 712 causas que ya están concluidas, 626 de ellas, cerca del 88%, están sobreseídas temporalmente: 119 están en esa etapa pero en revisión, mientras que 507 causas quedaron en ese estado de acuerdo al primer numeral del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, el que indica que se procederá con el sobreseimiento temporal “cuando no resulte completamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación del sumario”.

Las denuncias por robo de niños y adopciones irregulares son investigadas por el sistema de justicia antiguo, por ello quien está a cargo de un ministro del Poder Judicial, y no por un fiscal del Ministerio Público. Ese sistema establece que cuando una sentencia es definitiva, esta debe ser visada por la Corte de Apelaciones respectiva. Es lo que ocurrió con los tres fallos que The Clinic tuvo a la vista, y que revocaron la decisión del ministro Aguilar, apuntando a que podría tratarse de delitos imprescriptibles.

En cuanto a las 25 causas que fueron sobreseídas definitivamente, 15 de ellas fueron cerradas porque se consideró que el hecho investigado no era constitutivo de delito. Otras seis fueron cerradas porque no se verificó el hecho que dio motivo a formar la causa. Dos fueron sobreseídas definitivamente porque se consideró que los hechos ya habían sido materia de un proceso anterior que concluyó con una sentencia ya firme contra el procesado, y otras dos porque la responsabilidad penal ya se había extinguido.

Según el informe estadístico elaborado por la Corte de Santiago, al que accedió The Clinic, la región que concentra la mayor cantidad de causas es la Metropolitana, con 254. Le siguen Biobío con 121, y La Araucanía con 102. Hay 399 causas que no están asociadas a ninguna región y que aparecen bajo el rótulo de “salud”.