Un estudio cualitativo realizado por la Defensoría de la Niñez en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), evidenció la invisibilidad de los niños y sus conflictos por parte de los adultos tras la emergencia medioambiental ocurrida en agosto de 2018, que generó un cuadro de intoxicación masiva en donde muchos niños fueron afectados.
La psicóloga y docente de la PUCV, Claudia Espinoza, explicó que el estudio no sólo revela que los niños tuvieron consecuencias físicas en el episodio de contaminación, si no que también psicológicas, sobre todo por la fata de credibilidad por parte de los adultos.
“Las experiencias más centrales tienen que ver con la vivencia de un evento que tiene características traumáticas, los síntomas físicos. Pero segundo, tiene que ver con el abordaje que se hizo, la desinformación, la gran confusión, la gran desacreditación, cómo a los niños no se les cree”, aseguró.
El profesor de la escuela de Trabajo Social de la PUCV, Edgardo Toro, señaló que uno de los principales problemas es que los niños no tienen un espacio para expresarse y por lo tanto, los adultos deben generar cambios para mejorar las vivencias de ellos.
“Ellos tienen una sensación de que su experiencia es negada, en esta idea de que pensamos que los niños mienten mucho y no. De alguna forma hay un mandato y un llamado al mundo adulto para incluirlos y eso es cultural”, detalló.
Además señaló que construirán un seminario donde invitarán a más personas que han estado investigando sobre contaminación en Quintero y Puchuncaví desde otras áreas de estudio, y realizarán un trabajo directo con las organizaciones sociales y comunitarias que ya existen.
El ingeniero ambiental y vocero de Asamblea Puchuncaví, Juan Valladares, por otro lado aseguró que mientras no se saquen a las industrias de las denominadas zonas de sacrificio, los derechos de los niños seguirán siendo vulnerados.
“Los niños saben que se violan sus derechos humanos y lo peor es que se pretende seguir violando sus derechos humanos toda vez que una industria peligrosa no puede estar cerca de una población porque está sujeta a accidentes”, explicó.
El estudio además evidenció que producto de la situación medioambiental se están vulnerando 17 derechos de los niños, parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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