Trabajadores aseguran que se busca “criminalizar” a la juventud tras el estallido social.
El Sename confirmó la confidencialidad y el buen uso de los datos entregados.
Polémica ha causado la firma de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), que se dio a conocer tras una denuncia realizada por el sindicato de trabajadores (Sintrasub-Sename).
Según indicaron los denunciantes, la firma del “convenio de colaboración y coordinación” se llevó a cabo en febrero pasado, con el objetivo de facilitar el “acceso de información que posee Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional”.
“No vemos cómo el Sename pueda brindar información que permita proteger la soberanía nacional y el orden constitucional, todo lo anterior sumado al rol que el mismo Estado ha desarrollado en materia de infancia vulnerada y el actuar desplegado por sus agentes desde el estallido social, donde figuran más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidos entre octubre y diciembre del 2019; de los cuales 186 habrían sido puestos en prisión preventiva”, cuestionaron los trabajadores.
Para el sindicato, este acuerdo busca “reforzar la institucionalidad instaurada por el gobierno de turno, desprotegiendo y criminalizando a la niñez y juventud, utilizando al Sename como base de información para orquestar los planes destinado a controlar la población sistemáticamente vulnerada, desviándose del objetivo esencial el cual es de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal”.
El presidente del sindicato, Francisco Gorziglia, planteó que “que la Agencia Nacional de Inteligencia reciba información fresquita, pertinente, del Servicio Nacional de Menores, en contexto de que hay muchos jóvenes que están detenidos hoy en día producto del estallido social, que se encuentran en las cárceles de jóvenes a lo largo de Chile y que la información que sumen los educadores, los trabajadores de esas dependencias, estaría llegando en estos momentos a la ANI, lo que nos parece sumamente grave”.
Rechazo al acuerdo
También manifestó su rechazo la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien lo tachó de “incomprensible”, asegurando que “estamos pidiendo antecedentes para determinar cursos de acción, pero desde ya, es crítico que dicho servicio vea en sus antecedentes información relevante para la inteligencia criminal”.
“Nosotros como Defensoría de la Niñez relevamos este tema, como una situación gravísima, que da cuenta de una falta de conexión clara en la convicción de lo que el Servicio Nacional de Menores debe hacer en términos de protección de niños, niñas y adolescentes”, indicó.
Muñoz planteó que “resulta bastante preocupante por producirse en el mes de febrero post estallido social, donde ciertamente esto lo que hace es agudizar y profundizar una evidente sensación de estigmatización y criminalización que se pretende hacer de niños, niñas y adolescentes vinculadas al Sename en los ámbitos que se relacionan con investigación criminal”.
Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD) aseveró que “creemos que el convenio entre la ANI y el Sename es ilegal, inconstitucional y que además no corresponde, esto porque vulnera los derechos de las niñas y niños, también porque creo que vulnera la ley de datos personales”.
Sename: Se estableció confidencialidad
A través de un comunicado, el Sename aclaró que “la ANI suele establecer convenios de colaboración con cada uno de los servicios para el ejercicio de esta función”.
“Este convenio dejó claramente establecido la confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen, dado las limitaciones y prohibiciones legales en el tratamiento de la información de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que maneja el servicio”, indicaron.
“El Sename está siendo habitualmente requerido con información desde distintas instancias, estas solicitudes son gestionadas en el marco del principio de transparencia, siempre de acuerdo a las facultades y limitaciones legales que tiene el Servicio en su manejo y confidencialidad de datos de niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado”, precisa el texto.
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