Codepu, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la AFDD rechazaron el argumento del organismo dirigido por Sergio Micco en cuanto a que los antecedentes disponibles no permitirían “configurar la concurrencia de un ilícito de tales características”.
El pasado 16 de mayo el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidió echar pie atrás y no presentar una querella criminal por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el llamado estallido social, como se había anunciado recientemente.
El argumento del organismo dirigido por Sergio Micco fue que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena”.
En ese sentido, el Instituto agregó que “la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.
Una decisión que ha generado rechazo en distintas organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la que sostuvo que esto “reafirma la necesidad de contar con una nueva instucionalidad de DDHH que cuente con legitimidad social y la confianza de las víctimas”.
En ese sentido, la CCHDH valoró la inclusión en el borrador de la nueva Constitución de la figura del Defensor del Pueblo, como un organismo que podría efectivamente cumplir la labor que a juicio de la Comisión no ha realizado el INDH.
La emblemática Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, expresó igualmente su oposición a lo obrado por el INDH, advirtiendo entre otras cosas que el cuestionado Consejo “se anticipa a juzgar que no hay crímenes de lesa humanidad”. “Claramente ese no es su rol. Ante la violación a los DDHH debe actuar exigiendo que se investigue y se sancione a los responsables”, añade la entidad.
En esa misma línea, CODEPU sostiene que “el Consejo del INDH ha desdibujado crecientemente el rol de un organismo llamado a defender y promover los derechos humanos, haciendo más evidente que necesitamos dotarnos de una nueva institucionalidad en derechos humanos autónoma e independiente”.
A juicio de la Corporación, con esto el INDH “renuncia a que se investigue la política represiva y la responsabilidad política e institucional de los altos mandos policiales y militares involucrados en la contención y represión de la manifestación popular”. “Con ello daña no solo a quienes sufrieron directamente las violaciones a los derechos humanos, sino a la sociedad en su conjunto”, agregan.
Por otra parte, CODEPU acusa que “es incuestionable que el Consejo del INDH acepta las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad y de quienes relativizan los derechos humanos, con la finalidad de disminuir su incidencia en el debate público como en el cumplimiento de su obligación de exigir justicia y castigo a los responsables de las violaciones de derechos humanos”.
Por último, el organismo enfatiza en que Sergio Micco debe renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, argumentando que “no contribuye a superar la crisis de la institución. Por el contrario, la agrava y con ello no se fortalece la defensa de los derechos humanos ni se garantiza la plena independencia y autonomía de la institución”.
En tanto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se pronunció también en contra de la decisión del Consejo del INDH de no querellarse por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la revuelta. La organización “condenó” lo ocurrido y exigió “cambios al INDH, verdad y justicia para las violaciones a los derechos humanos de la revuelta”.
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