Distintos actores y representantes de la sociedad civil fueron convocados a participar en la jornada de “Diálogos Participativos”, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El propósito ha sido, en la Región Metropolitana como en otras regiones, recabar la experiencia e inquietudes de la sociedad civil para elevar el estándar en materia de Derechos Humanos que implementará la Subsecretaría de Derechos Humanos. Una convocatoria de gobierno pero que tiene características de Estado, puesto que el Plan a ejecutar comenzará en enero de 2018 y finalizará el 2022 independiente del gobierno de turno. La invitación es monitorear y hacer una evaluación del Plan por parte de quienes están fuera de su implementación.
Las mesas de trabajo fueron: Personas con discapacidad, Personas Migrantes, Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, Pueblos Indígenas, Diversidad Sexual, Dictadura y Memoria, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Personas Mayores.
Cada Mesa de trabajo contó con dos facilitadores que guiaron el debate de acuerdo a una pauta temática. Desde las experiencias se enfatizó en los temas de los que se ocupa la sociedad civil y donde se presentan dificultades para avanzar en relación al cumplimiento de tratados internacionales relacionados con Derechos Humanos, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Posteriormente, en el espacio de Plenaria cada Mesa de Trabajo expuso los puntos más relevantes y preocupantes sobre cada temática. Un segundo bloque fue centrado en la priorización de recomendaciones que se le han hecho a Chile desde el Sistema Universal de Derechos Humanos. La metodología se basó en seleccionar tres recomendaciones por temática. En el caso de Personas Migrantes y Refugiados: Adecuación Normativa (5); Acceso a la Justicia (5); Igualdad y No Discriminación (7); Derechos Económicos, Sociales y Culturales (8); Fortalecimiento Institucional (10).
Fundación PIDEE participó en la Mesa Migrantes. En este espacio se abordó la necesidad de adecuar y actualizar la normativa nacional en materia de migración; garantizar los derechos migratorios garantizados por la Constitución; reforzar el Proyecto de Ley de Garantías de Niñez y Adolescencia; las dificultades con las visas consulares y la discriminación existente en los pasos fronterizos (incluyendo aeropuerto de Santiago), la trata de personas, el acceso a la justicia, la formación de funcionarios públicos y atención a migrantes y, la falta de formación en el ámbito de la educación para abordar la migración en los procesos educativos. Todo ello, envuelto por una persistente xenofobia y discriminación de los y las ciudadanas para con la población migrante.
