En los últimos tres años han salido del país cerca de 300 niños para iniciar una nueva vida con familias extranjeras. La realidad local tiene a Chile en la lista de países oferentes de menores a nivel internacional, comenzando a incubar malestar entre las familias que han perdido a sus hijos en tribunales. En el Sename dicen que deben hacer un “mea culpa” y reconocen que “las decisiones legales no siempre son éticas”. Este es el primero de dos reportajes que Radio Bío Bío preparó para abordar el drama que viven muchas familias vulnerables producto de un sistema deficiente, que además beneficia a una extensa red de organizaciones internacionales.
Los niños debían subir a la van que los llevaría al hogar de menores, pero Gabriel se detuvo y corrió de vuelta a los brazos de su madre. La abrazó y le dijo que había olvidado entregarle algo; sacó de su bolsillo una flor de papel hecha por él y se la regaló. Yohana toma una pausa, respira, pero el llanto vuelve a interrumpir su relato. Esa fue la última vez que vio a sus tres hijos, quienes en 2014 partieron presuntamente a Francia para comenzar una nueva vida junto a otros padres.
Gabriel y sus dos hermanos forman parte de los 299 menores a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) que la justicia entregó en adopción a matrimonios extranjeros entre 2014 y 2016. La cifra equivale al 19% de los 1.573 enlaces concretados en el período. Solo el año pasado, un promedio de seis niños salieron del país al mes por esta razón. El principal destino de los infantes chilenos durante los últimos años ha sido Italia, que según el anuario estadístico del Sename recibió el 72% en 2016.
Los padres biológicos de los casi 300 niños que han salido en los últimos años han ido incubando un creciente malestar, producto de un sistema que funciona de manera deficiente. En el Sename reconocen esta situación y hacen un “mea culpa”. Pero también dicen que están preparando cambios, aunque ninguno de ellos figura en los dos nuevos proyectos de Ley que pretenden modernizar la cuestionada institución.
“Hemos sido súper legalistas, pero tal vez no todo lo legal es ético”, dice María Fernanda Galleguillos, jefa del departamento de adopción del Sename desde 2014. “No podemos esconder que tenemos una deficiencia en la intervención y fortalecimiento con la familia (…) Como Sename tenemos que hacer un mea culpa”, agrega.
Producto de esas deficiencias que reconoce el Sename, Chile se ha convertido en uno de los llamados países emisores, o de origen, del circuito de adopción internacional. Un ránking elaborado por la universidad de Newcastle, Reino Unido, sitúa al país en el puesto 36 de las “naciones de origen” en el período 2004-2015, listado liderado por China, Rusia, Etiopía, Guatemala y Colombia. En Latinoamérica, en tanto, ocupa el octavo lugar. En términos simples, en Chile salen muchos más niños de los que entran. De hecho, de acuerdo a cifras del Registro Civil, en 2016 solo hubo una adopción de un niño extranjero por parte de una familia chilena. En contrapartida, fueron 76 los que salieron del país en el mismo periodo.
¿No los quieren?
Es frecuente oír entre los actores involucrados en este tema que los niños que fueron adoptados por extranjeros nadie los quiere en Chile. De hecho, y de acuerdo a cifras del Sename, actualmente existen 152 niños disponibles para ser adoptados y 117 matrimonios extranjeros a la espera para concretar uno de esos enlaces. La realidad, sin embargo, parece ser otra, pues el caso de Yohana y sus tres hijos no es aislado.
Radio Bío Bío conversó con numerosas familias que han debido entregar en adopción a sus hijos contra su voluntad. Muchas de esas familias denuncian irregularidades en los procesos legales y varias tienen un factor común: condiciones de extrema vulnerabilidad económica, bajo nivel educacional, una red de apoyo inexistente y pertenecientes a localidades que quedan a mucha distancia de las residencias de menores y los tribunales. Todas esas familias, dicen, se vieron enfrentadas a un proceso judicial complejo donde el principal adversario terminó siendo el Estado a través del Sename.
Estas acusaciones hacen referencia a espacios de arbitrariedad en el sistema que estarían facilitando la adopción de menores al extranjero, en el marco de un sistema donde existe un importante intercambio monetario y una extensa red de organizaciones privadas que se benefician de él. De ello dará cuenta un segundo reportaje de Radio Bío Bío, que será publicado este jueves, en el que se describe cómo operan y cuánto cobran estas organizaciones.
La lucha de Yohana
Tres años han pasado desde que Yohana perdió a sus hijos y el doble desde que los fue a dejar al hogar. “Yo no tenía donde vivir y en el jardín de la Junji al que asistían me dijeron que podía dejarlos por seis meses en una residencia mientras mejoraba mi situación económica”, relata. En todo este tiempo asegura que ha tocado la puerta de distinta autoridades de la zona, incluyendo parlamentarios, pero nada ha funcionado. Una de las últimas acciones fue la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet, en marzo recién pasado.
El juicio que declaró la susceptibilidad de adopción ocurrió en 2012 -cuando los niños tenían 6, 5 y 3 años- tras una solicitud iniciada por el Sename de Aysén. De acuerdo al Sename, en 2016 un total 376 menores fueron declarados susceptibles de ser adoptados a nivel nacional. Tal como en el caso de Yohana, la principal razón invocada por la justicia fue la inhabilidad parental. Esto quiere decir que se trata de menores que la justicia separó de sus padres tras determinar que éstos no están en condiciones de ejercer como tal. Según el último anuario del Sename (2015), el 75% de los casos tuvo relación con algún tipo de inhabilidad.
Este concepto genera debate incluso entre los especialistas que aplican los diagnósticos. Para algunos, la evaluación no aborda correctamente la realidad compleja de las familias que llegan a la justicia. “El problema es que hace la vista gorda con los factores contextuales, responsabilizando exclusivamente a los padres y madres de su inhabilidad, cuando en general un análisis más social muestra que esta falta de destreza puede reconducirse a las condiciones estructurales en las que se encuentran estas familias (…) Es el concepto favorito para condenar a los pobres”, dice un psicólogo del Sename, quien prefirió mantener su nombre en reserva.
El mismo especialista afirma que “un padre puede ser declarado inhábil por no tener casa, por ejemplo, por quedar en la calle”. Según la normativa, también son motivos el presentar algún grado de incapacidad mental, sufrir de alcoholismo crónico, no velar por el hijo o “dar malos ejemplos al menor”, entre otros.
Que Yohana consiguiera trabajo, arrendara una casa, abriera una libreta de ahorro para la vivienda, asistiera a terapia para superar su depresión y los episodios de violencia en su matrimonio, no fueron suficiente para la jueza de primera instancia, Rosalía Mansilla, quien accedió a la petición del Sename. Tampoco que dos abuelas y tíos de los menores manifestaran voluntad de quedar al cuidado de los niños, pese a que la Ley y los convenios suscritos por Chile estipulan que la adopción debe ser la última carta y que el sistema debe priorizar mantener al niño vinculado a sus lazos biológicos, buscando en el árbol familiar a alguien que pueda asumir su cuidado. Pero la Corte de Apelaciones opinó distinto.
“No puede sostenerse que exista falta de afectividad en la relación de madre o padre con sus hijos”, dice el fallo de segunda instancia. “Respecto al aspecto económico, aquella sola circunstancia no configura la hipótesis para que se proceda a la declaración de susceptibilidad”, agrega.
El magistrado a cargo, Sergio Moya, señaló además que la Convención sobre los derechos del niño “propende a que el menor no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, cuestión que ocurriría si se accediera a la susceptibilidad de adopción” y que obliga a los Estados parte a “tomar medidas apropiadas para ayudar a los padres a concretizar dicho derecho”.
El fallo también criticó que la jueza de primera instancia no escuchó a los niños y recalcó que “la susceptibilidad de adopción no procede cuando los menores cuya susceptibilidad se pide cuentan con una familia biológica a la cual no se ha acreditado una inhabilidad física o moral grave y permanente”. Sin embargo, el Sename dio el golpe final al insistir con un recurso de casación en la Corte Suprema: en 2013 la máxima instancia confirmó que los niños debían ser dados en adopción.
Las madres de Aysén
A fines de 2014 y después de buscar ayuda en autoridades de la zona, Yohana decidió iniciar una huelga de hambre en la catedral de Aysén. Fue ahí cuando recibió una carta anónima que decía que sus hijos habían sido entregados a un matrimonio francés, país al que planea viajar una vez que termine sus estudios. “No quiero esperar a que mis hijos vuelvan, como lo han hecho otros en la región. Yo quiero ir a buscarlos”, sostiene.
Durante esos días también se acercaron madres que aseguraron haber vivido una situación similar. Con ellas formó una agrupación de padres de hijos que han sido dados en adopción al extranjero. “Son cerca de 20 casos. Hay una familia a cuyas hijas el jardín hizo una denuncia que inició el proceso de adopción cuando descubrió que los papás eran portadores de VIH. Ellas se fueron a Italia en 2010”, comenta.
Una de ellas es Arcelia Toledo. En 2010 sus cuatro hijos (de 8, 6, 3 y 1 años en ese entonces) fueron internados en hogares de la región. Admite que en ese momento vivía en un entorno marcado por el alcohol y la violencia intrafamiliar con su pareja, pero dice que una vez en el proceso siguió los pasos exigidos por el tribunal y asistió a todas las terapias. Tanto así que hoy recuperó la tutela de dos de sus hijos. Otro, siguió viviendo con una tía paterna. Un final distinto tuvo su hija menor, quien presuntamente fue adoptada por italianos.
“¿Por qué, si hoy estoy habilitada para tener la tutela de mis hijos, no me dejaron quedarme con ella? Mis papás y yo llamábamos al hogar, hasta que después de muchas insistencias y de varias visitas en que no nos dejaran verla, una asistente me confesó que se la llevaron a Italia. En ese entonces yo era callada, no reclamaba mis derechos. Tiempo después traté de hacer algo, buscar información, preguntar, pero ni en el Sename ni en tribunales me ayudaron con nada. Solo me decían que los antecedentes ya estaban archivados”, reclama Arcelia.
Contradicciones
El hogar Eleonora Giorgi de Puerto Aysén -donde estuvieron los hijos de Yohana- hoy solo tiene a un niño y ya no colabora con Sename. Tras recibir las denuncias de los casos anteriormente mencionados en este reportaje, en junio de 2015 Ramón Farías (PPD) -presidente en ese entonces de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados- ofició al Sename para solicitar información del hogar.
En su respuesta el organismo detalló que el 62,7% de los niños que egresaron de Eleonora Giorgi entre 2004 y 2014 salieron con una familia adoptiva. El 80% de los niños atendidos ahí había llegado por “peligro material o moral”; no por otras vulneraciones. En el mismo documento, la directora nacional del Sename de esa época, Marcela Labraña, detalló que entre 2010 y abril de 2015 en la región de Aysén se concretaron 41 adopciones; 44% de ellas dirigidas al extranjero (casi un 30% de ellos con matrimonios franceses).
Pero las cifras oficiales son incoherentes. La información proporcionada por el Sename al parlamentario contradice la obtenida por Radio Bio Bio vía Transparencia. Según esta última, en 2014 salieron de la región de Aysén cuatro niños en adopción a otros países: uno a Noruega y tres a Alemania. En cambio, el oficio entregado a Farías señala que ese año dos menores se fueron a Italia y tres a Francia. Ninguna autoridad se ha hecho cargo de aclarar el destino de esos niños.
De las causas de adopción abiertas entre 2010 y 2014 en la región, 38 fueron iniciadas por el Sename y solo cuatro de oficio por el Juzgado de Familia. Pese a las denuncias en la materia y a quejas como que el hogar negaba documentación y visitas a los padres, en 2015 el Congreso otorgó la nacionalidad por gracia a sor Augusta Pedrielli, directora del hogar.
“La residencia mantiene un reglamento de visitas, el cual (…) estructura horarios, tiempos y lugares de interacción que dificultan una relación directa y regular entre los niños y niñas y sus familiares”, reconoció en ese entonces directora del Sename, Marcela Labraña (en la foto). “Por lo tanto, hay familias que viven muy lejos y no cuentan con los recursos, tiempo y facilidades como para acceder en los tiempos y plazos establecidos”, agregó.
La pérdida
Trinidad Veas pasó por una serie de episodios de violencia con sus parejas y transitó por varios hogares. Pero entre fines de 2014 y el primer semestre de 2015 enfrentó el capítulo más dramático de su vida: cuando esperaba el nacimiento de su cuarto hijo, perdió a los otros tres mediante un procedimiento de adopción.
Ailyn, Tiare y Franco -hoy 10, 8 y 6 años, respectivamente- llegaron a residencias colaboradoras del Sename en 2013 tras una denuncia del colegio al que asistían. Mientras Trinidad asistía a los programas de fortalecimiento de habilidades parentales buscaba trabajo. Dice que pasó por al menos tres. Pero en ninguno toleraron la flexibilidad laboral que requería el cumplir con las exigencias del proceso judicial por el que atravesaba junto a sus hijos. En la otra vereda, asegura que pidió a los profesionales a cargo de las intervenciones adaptar las sesiones a su jornada laboral, pero tampoco fue aceptado.
Fue en un breve paso por una minera del norte cuando supo que el hogar había solicitado al Juzgado de Familia de Limache la susceptibilidad de adopción por abandono. Volvió, pero finalmente en 2015 perdió la batalla judicial y no pudo seguir viendo a sus hijos. Asesorada por un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, tuvo la intención de apelar. Pero recuerda que fue tal el impacto de la noticia que su embarazo sufrió complicaciones y terminó internada en un hospital de Viña del Mar. “No nos pudimos contactar con el abogado. Lo buscamos, pero no daba señales. Después de varias semanas supimos que el proceso ya estaba cerrado y no había vuelta atrás”. El año pasado, alguien ligado al hogar le dijo que sus hijos se fueron a Europa.
“He tratado de hablar con el director regional, pero no me quiere recibir. Funcionarios públicos me dicen que perdí a mis hijos y que ya no tengo derecho a nada”, comenta. Tras ello, ha buscado ayuda en distintas ONG y en parlamentarios.
Los cambios que prepara el Sename
Las denuncias y quejas por el funcionamiento del sistema de adopciones son conocidas por la dirección del Sename. “Todos estos casos fueron tramitados y resueltos por un tribunal de familia. ¿Qué es lo que pudiera haber hecho mal el Sename? A lo mejor no haber trabajado fuertemente con la familia, porque las circunstancias familiares van cambiando (…) Que sea legal no quiere decir que haya sido éticamente bien hecho”, dice Galleguillos, la jefa del departamento de adopción del Sename.
En su oficina de calle Huérfanos, en Santiago, la funcionaria aclara que el último cambio en la Ley de Adopciones en 1999 logró revertir la prevalencia general de los enlaces internacionales sobre los nacionales. Pero reconoce que en ese entonces la urgencia era frenar el tráfico y la venta de niños que llegó a tener a Chile entre las diez primeras naciones de origen. Por ello, y a la luz de las acusaciones realizadas por padres que han perdido a sus hijos, a su juicio aún hay espacio por mejorar. Por el momento trabajan en cambios que se reflejarán en la propuesta que próximamente presentarán al Ministerio de Hacienda para la elaboración del Presupuesto 2018 del Sename. Se trata de un nuevo enfoque orientado a la intervención del niño en su familia, evitando con ello que todos los casos sean judicializados y derivados a hogares externos. Si esto da resultado, prevé que la cantidad de niños en adopción debería descender.
Si bien los cambios dependen ahora de los recursos que el Ministerio de Hacienda quiera destinar, para Galleguillos hay un problema base: “No podemos esconder que tenemos una deficiencia en la intervención y fortalecimiento con la familia (…) no todos los niños debieran ser intervenidos fuera de su hogar”.
Debido a lo anterior, dice que rediseñarán la oferta actual de programas licitados orientados a la terapia de las familia cuyos menores llegan al Sename. “No solamente el niño es vulnerado, sino que también su contexto familiar y eso hay que tratarlo. Hoy no todos los programas responden a ese espíritu”, indica.
Si finalmente la intervención familiar no resulta y el niño llega a un hogar, Galleguillos señala que otra de las exigencias que incorporarán es que la residencia requiera inmediatamente al tribunal un certificado de redes familiares al Registro Civil, para comenzar a trabajar con el referente afectivo. A los 90 días, dice, se deberá tener claridad de los familiares que participarán en la intervención para potenciar la crianza y enseñar temas de apego. “Se debe trabajar realmente con la familia hasta el tercer grado de consanguineidad desde un principio. Esto formará parte de nuevos protocolos que podrían poner en marcha a partir del próximo año”, agrega.
En marzo recién pasado el gobierno envió al Congreso dos proyectos de ley que crean el Servicio de Protección Especial de Derechos de la Niñez y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, respectivamente. “Estos proyectos reemplazarán al Sename por dos organismos diferentes: Un Servicio Nacional de Protección especializada para niños y niñas que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social; y un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que dependerá del Ministerio de Justicia”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet. Pero hay cambios en materia de adopción que a juicio del propio Sename deberían ser impulsados a través de modificaciones específicas a la ley de adopciones. Uno de ellos es el orden de prelación.
“Los procedimientos legales responden a una época (…) El estado civil no asegura para nada que los padres tengan las características de ser protectores bien tratantes. Eso tiene que ver con las concepciones que había en 1999 sobre quienes asegurarían el bienestar de un niño: un matrimonio civil. Hoy hay configuraciones familiares distintas. Nosotros hemos propuesto cambiar el orden de prelación, pero es el Ministerio de Justicia el que lleva el tramite”, remarca Galleguillos. La misma convención de La Haya insta a mantener el arraigo cultural.
En paralelo a los cambios que planea el Sename, en mayo la Cámara de Diputados volverá a poner en debate este tema, pues emanará las conclusiones de la comisión investigadora que indaga el funcionamiento del organismo. Uno de los parlamentarios que trabaja en el documento adelanta que una de las conclusiones será recomendar que la justicia revise todas las susceptibilidades de adopción. Pero mientras eso ocurra y el Ministerio de Hacienda decida cuántos recursos entregará a la institución, las organizaciones internacionales que intermedian entre las parejas extranjeras y los niños susceptibles de ser adoptados, se organizan para poder influir en la discusión legislativa y acelerar los tiempos en que se concretan las adopciones.
