Diligencias son realizadas por la Brigada Investigadora de DD.HH., entidad que ha detectado cinco formas de operar usadas en la época para engañar a los padres.
Luego de que se destapara una posible red de adopciones irregulares en Chile, que habría actuado entre 1973 y 1990, la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la PDI comenzó un proceso de recepción de antecedentes por estos hechos. Es así que desde febrero de este año se han recibido 262 denuncias, las que han sido derivadas a la Corte de Apelaciones de Santiago y están en manos del ministro en visita Jaime Balmaceda. En total, el magistrado maneja 530 casos surgidos tanto en Chile como en el extranjero.
Según cifras de la policía civil, del total de denuncias recibidas en 2019, 104 habrían ocurrido en la Región Metropolitana, seguida por la del Biobío (45) y La Araucanía (28) (ver infografía).
La jefa de la Bridehu y subprefecta de la PDI, Carolina Namor, explica que la mayoría de los casos corresponde a “niños que fueron entregados a familias en el exterior, principalmente, en Europa”. Se trata de personas que hoy siendo adultas han dado a conocer los hechos debido a sospechas.
A partir de la información recopilada hasta el momento, desde la PDI se han advertido cinco escenarios que explicarían cómo operó esta red. El primero de ellos tiene relación con la sustracción del niño directamente desde el servicio de salud o instituciones de protección del Estado. En estos casos, según Namor, “en muchas ocasiones se habría mentido a los padres, señalándoles que el niño habría nacido muerto”.
Un segundo método apunta a personas que cometieron irregularidades en el proceso de inscripciones de nacimiento en el Registro Civil. Esto se relaciona con una modalidad de apropiación realizada mediante el uso de un nombre distinto al que tenía su familia de origen.
Otras tres maneras de actuar se basaban en el engaño a la madre para que hiciera entrega de su hijo; a través de un tercero voluntario, quien lograba que la madre accediera a dejar al niño, y el pago de dinero para la obtención del menor.
“Considerando la diversidad de los casos y denuncias tanto a nivel nacional como en el exterior, trabajamos para establecer analogías de cada uno de ellos, etapa especial para poder determinar métodos utilizados en las adopciones irregulares, como también para el caso de personas e instituciones que hubiesen participado y, fundamentalmente, la dinámica de los hechos y los posibles intervinientes”, describe Namor.
Fichas y registros
El trabajo investigativo, explicó la jefa de Bridehu, ha derivado en la recolección de datos, como marcos normativos de los procedimientos en las áreas de maternidad de distintos recintos hospitalarios.
“Buscamos, principalmente, fichas clínicas de pacientes. No obstante, pese a los años transcurridos, se mantendrían libros y registros asociados a partos que nos permiten establecer si las denuncias corresponden a recién nacidos fallecidos y el destino de estos”, agrega.
En este sentido, desde la PDI señalaron que se ideó una estrategia de coordinación para la obtención de información con organismos vinculados al tema, como el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Ministerio de Salud y el Registro Civil, entre otros.
“Se ha coordinado para que la PDI a nivel nacional esté al tanto de la problemática y genere las condiciones necesarias para poder centralizar las denuncias, y que estas pasen a la investigación que se lleva a cabo en la Corte de Apelaciones de Santiago”, precisa la oficial.
Al respecto, se ha abierto un canal de denuncias con la finalidad de hacer expedita la recepción de antecedentes desde Chile y el extranjero. Esto, mediante la casilla de correo electrónico adopcionesirregulares@investigaciones.cl.
Ver noticia completa: https://www.latercera.com/nacional/noticia/pdi-recibio-262-denuncias-adopciones-irregulares-1973-1990/830702/
