La recién designada Defensora de los Derechos la Niñez, Patricia Muñoz, no se confunde. La infancia en nuestro país atraviesa una grave crisis, pero la vulneración de derechos no se limita a los niños, niñas y adolescentes a cargo de instituciones del Estado, sino que afecta, en distintos niveles, a todos los menores de edad de nuestro país.
En conversación con El Dínamo, en su oficina provisional a metros del Palacio de La Moneda, Muñoz relata que una de las mayores necesidades de la nueva institucionalidad que encabezará a partir del 29 de junio, cuando la ley que crea la defensoría entre en vigencia, es hacerse cargo de la infancia en su conjunto, no sólo de los niños que están en una instancia de judicialización.
“Tenemos hace muy poco un estudio sobre polivictimización de niños, niñas y adolescentes (NNA)y ahí uno se puede dar cuenta con mucha claridad que la infancia en Chile está viviendo en contextos que son violentos y agresivos en distintos ámbitos de su desarrollo personal: está la violencia que se ejerce en los colegios, en el contexto familiar, en los barrios en los cuales residen. Por tanto, lo que a mí me parece relevante, es hacerse cargo de la polivictimización, generando política pública que atienda a la prevención de vulneraciones de derechos, lo que evidentemente va a impactar en menos niños con causas vinculadas a los tribunales de familia y, sin duda, menos niños vinculados con la justicia penal juvenil. Entonces, es como una cadena que resulta relevante atender“, asegura.
En este punto, Muñoz es enfática en que el foco del trabajo de la defensoría es propiciar este abordaje integral, generando políticas públicas que consideren a la infancia y sus necesidades desde el aspecto social hasta el económico, y fiscalizando a la administración del Estado si es que no se está respetando irrestrictamente la Convención de los Derechos del Niño.
“La defensoría de los derechos de la niñez no viene a hacer el trabajo de los órganos del Estado que ya existen, del Sename ni el Ministerio de Educación. Lo que busca es hacer confluir al Estado en esta necesidad de tener en mente el interés superior del niño y a los niños como sujetos de derecho”, explica.
Muñoz menciona, además, el factor socioeconómico como un componente que muchas veces afecta a las familias y termina repercutiendo en los niños respecto a su desarrollo, pero que, sin embargo, no ha sido visibilizado.
“El que una situación de pobreza implique el riesgo real de perder el vínculo porque no eres capaz de darle condiciones de vida es súper complejo. Porque no es falta de afecto, de amor, sino que solamente es la incapacidad de brindarle condiciones mínimas de desarrollo a un niño, y es ahí donde hay que hacer un énfasis importante. Si tienes una familia que quiere a ese niño, que lo cuida en el contexto de sus posibilidades, pero que no tiene condiciones de soporte social, evidentemente como Estado deberías ser responsable de brindarle ese soporte que le permita el cuidado mínimo que un niño debe tener, evitando su vinculación con el proceso jurisdiccional en familia y eventual institucionalización o una eventual adopción. No es que a todos los niños pobres los den en adopción, pero lo cierto es que cuando ves casos de madres que quieren a sus hijos pero que no los pueden cuidar porque no tienen cómo alimentarlos lo que a mí me parece razonable es darle cómo lo pueda alimentar. Desde el sentido común y desde lo emocional cómo es posible que tengamos que llegar a eso”, comenta, señalando casos que ella conoció durante su anterior trabajo como fiscal.
En esta línea, una de sus primeras medidas será potenciar, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los Consejos Comunales de Seguridad Pública, con el objetivo de prevenir la polivictimización a la que se enfrentan los niños en los barrios o entornos violentos en los que residen.
Asimismo, implementar una aplicación móvil que les permita a los niños conocer sus derechos y hacer denuncias seguras, que luego puedan ser derivadas a los organismos competentes. “Desde mi punto de vista, no puedes trabajar y construir una defensoría de los derechos de la niñez sin escuchar a quienes son los destinatarios de las acciones”, explica Muñoz. Otras de sus ideas son habilitar una radio y un consejo consultivo integrado sólo por niños.
Todos los niños primero
Patricia Muñoz trabajó por casi 15 años en el Ministerio Público, al cual ingresó como abogada asistente de la fiscalía de Puerto Montt, para luego ser fiscal adjunta especializada en delitos sexuales y violentos en la fiscalía de Peñalolén, Macul, La Florida durante 9 años. Luego, dirigió por tres años la unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, en donde se vinculó directamente con víctimas que en su mayoría eran niños y adolescentes. Finalmente, su último cargo antes de dejar la fiscalía fue el de gerenta de la División de Víctimas y Testigos.
Con esa formación profesional, además de su participación en mesas de trabajo con órganos del Estado, entre ellos el Consejo Nacional de Infancia, asegura, adquirió el interés por trabajar en esta temática.
De esta experiencia es muy crítica, ya que, relata, logró apreciar la incapacidad estatal de poner efectivamente en el centro de su gestión a quienes son sus destinatarios.
“A mí me llamaba la atención que el Ministerio de Educación no tenía una mirada tan potente en este tema en circunstancia de que quien más tiene la posibilidad de promover y difundir derechos de niños, niñas y adolescentes son los establecimientos educacionales. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que en términos comunicacionales aparecemos todos coordinados, pero en estricto rigor, por dentro, eso no es tan así. Y de la misma manera, cuando se logra trabajar coordinadamente se logran buenas cosas, un ejemplo es la ley de entrevista videograbada“.
“La diagnostiquitis a mí me agotó, no hay más espacio para seguir diagnosticando cosas, ya está claro cuál es el problema, el punto ahora es hacerse cargo y uno se hace cargo no sólo con discursos, que es a lo que a mí me da temor. Hoy día es muy políticamente correcto hablar de la infancia, es un tema que está en boga y que tiene réditos. El tema es que dejemos sólo de hablar y empecemos a adoptar acciones concretas, específicas, que redunden en beneficios para ellos”, agrega.
– ¿Te parece que el Acuerdo Nacional Por la Infancia presentado por el gobierno responde a esa necesidad?
– Creo que, tal como se planteó por el Presidente, era necesario. Él inicia una administración y tenían intención de hacer un diagnóstico y una integración más masiva, que a mí me parece valorable porque parte haciendo un reconocimiento de las fallas del Estado en relación con el respeto de las garantías fundamentales de los NNA y eso, que puede pasar inadvertido, es relevante, porque el Estado está reconociendo que falló. Ahora, el punto es que todas esas acciones o esas propuestas que se despliegan en este acuerdo finalmente tengan un correlato concreto y específico. Es ahí donde yo tengo el interés de empezar pronto a ver en qué estado van esas distintas propuestas. Porque, además, el acuerdo nacional tiene la idea fuerza pero no hace un desarrollo o una bajada concreta de cómo se va a lograr. Estoy a la espera también de cómo se concreta esta mesa que supuestamente va a estar destinada a gestionar los acuerdos del bloque de trabajo con la infancia. Porque lo importante es eso: no sólo el titular sino que también cómo se va a aplicar. Yo espero y confío que siendo una definición del Presidente de la República que “los niños van primero” obviamente se condiga con esa definición.
– ¿Qué opinas de esa frase?
– De verdad tengo la impresión de que el Presidente genuinamente quiere que eso sea así, al menos en la conversación que tuve con él, me dejó esa tranquilidad. También creo que el ministro (Alfredo) Moreno, que está liderando los temas de infancia tiene esa convicción, y Carol Bown, subsecretaria de la niñez, también. Como te digo, estoy esperando que se genere esta mesa que plantea el acuerdo nacional, tener atribuciones legales que hoy día no tengo en rigor por la entrada en vigencia de la ley, para poder irme dando cuenta cómo va avanzando y evolucionando en concreto. Se lo dije al Presidente, se lo he dicho a todo el mundo: si eso no pasa y el discurso no se condice con lo real yo voy a ser la primera en decirlo, ese es mi rol, y yo estoy acá para ejercer mi rol, no para estar protegiendo o encubriendo si se hace o no se hace.
– ¿Crees que esta mirada tiene que ver más con los niños institucionalizados que con esta transversalidad que comentábamos?
– Sí, eso sí, yo creo que es más potente y es donde más se concentra todo. Y siento que quizás tiene que ver con la falta de vinculación técnica o más directa con la infancia, que puede asociarse con mayor claridad con los niños institucionalizados que con la infancia en general. Pero ahí será también labor de la defensoría propiciar y potenciar que el análisis y el trabajo sea en términos transversales y no sólo se radique en lo que es urgente y crítico, sin ninguna duda, pero que no deje de lado lo otro, que también es relevante para no llegar a lo urgente y crítico que es en donde nos encontramos ahora.
– ¿Te parece que quizás esa frase se relaciona a una crítica política respecto al desempeño del Sename en anteriores gobiernos?
– Lo que pasa es que tú tienes una institucionalidad que no ha funcionado bien en ningún gobierno, entonces no veo que tenga mucho rédito o no debería tener para nadie decir que fue el gobierno anterior. El punto es que la institucionalidad no sirve porque no ha sido capaz de cumplir su rol, porque no es capaz no sólo de proteger, sino que además no fiscaliza, no controla, no tenemos la posibilidad de saber financieramente que está pasando. Entonces, lo que a mí me parece que es crítico para todos los gobiernos que han estado es que nadie ha sido capaz de hacerse cargo de quebrar ese tema, en términos concretos y reales, para que eso empiece a funcionar como debiera. Yo estoy esperando si eso se hace, el punto es que no podemos seguir esperando cuatro años más y después venga el otro gobierno y diga que no se hizo nada. El cuándo es ahora, ese es el punto, ya no se puede seguir esperando.
Muñoz asegura que los cambios necesarios respecto al Servicio Nacional de Menores no se agotan con la separación de los servicios. Para ella, lo importante es evaluar la capacidad técnica de las personas que trabajan en el Sename, los estándares y definiciones relacionados a la infraestructura y las condiciones en las que se desempeña el trabajo, las competencias técnicas de los funcionarios y profesionales, el control del ejercicio profesional, la acreditación permanente de las competencias, entre otras consideraciones.
“Durante nueve años recibí informes de organismos del Sename que eran cortar y pegar, salvo honrosas excepciones, entonces ahí tú te das cuenta cuál es la rigurosidad. Ahí hay un tema serio porque no es que no haya plata en infancia, el punto es que se ha gastado mal, si es que se ha gastado en infancia, que es otro tema, que de hecho hay investigaciones vigentes. Entonces, ordenemos el asunto de una vez. Que alguien se haga cargo y tenga el coraje de tomar decisiones, que no es fácil, cuando tienes unas instituciones en la que los gremios probablemente te generan una resistencia importante. Pero lo gremial no puede estar por sobre el deber estatal de respetar los derechos humanos de los NNA. El que se pierda en eso yo creo que no puede estar a cargo de esa institución. Por esto, valoro las declaraciones de Susana Tonda. Yo creo que ella tiene una mirada que va en esa línea. Yo espero que tenga el apoyo suficiente, por lo menos desde la defensoría lo va a tener, pero también el apoyo del ejecutivo para impulsar las modificaciones que se necesitan”.
Niños en tribunales
Luego de diez años de vigencia de la ley, el gobierno aseguró que presentará modificaciones a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Entre ellas, busca incorporar la obligación de los tribunales de considerar la reincidencia como un agravante. Este anuncio fue hecho por el Presidente Piñera durante la Cuenta Pública, teniendo a la vista el caso de Ariel Mena, quien con 18 años y 21 detenciones previas mató a una dueña de casa en La Reina.
Luego, tras el asesinato del cabo primero Óscar Galindo supuestamente por un menor de 17 años, esta postura fue reforzada por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
La ley que se encuentra vigente considera en las sanciones privativas de libertad y de libertad asistida, la obligación de la reinserción social y escolar de los condenados. Sin detallar fecha de envío al Congreso ni las modificaciones específicas, el gobierno ha hablado sólo de “penas más severas”.
“Siempre he creído que los anuncios de modificaciones legales basados en situaciones tan graves y tan lamentables como en este caso un robo con homicidio son complejas, porque termina generándose esta sensación social de que hay que intensificar más las penas. Hay gente que lo llama populismo penal, la verdad es que de alguna forma se hace populismo penal”, comenta al respecto Muñoz.
Y enfatiza una vez más en las condiciones actuales en que no se garantiza el cumplimiento de sanciones dictadas por un tribunal. “Hoy día las penas que establece la ley de RPA no se aplican como se deberían y eso también es responsabilidad del Estado. Lo que hace el Estado es generar una ley que no tiene ningún contexto de ejecución posible, donde no tiene centros para llevar a cabo la sanción, donde los centros de privación de libertad son iguales o peores que las cárceles de adultos, donde el concepto de la resocialización o la revinculación de los adolescentes y su integración social, que es el fin de esta ley más que la sanción penal, porque estamos hablando de menores de edad, no se cumple. Desde ahí, claro, hablar de la reincidencia como un agravante suena muy rimbombante, suena como potente, el punto es que eso no se va a poder aplicar si no eres capaz de previamente juzgar y sancionar de manera debida delitos previos que se hayan cometido”.
Para ella, estos anuncios invizibilizan la discusión de fondo: “¿Cómo nos hacemos cargo de evitar más ‘Arieles Mena’, que a los 7 años consumía marihuana, a los 9 consumía cocaína, a los 11 estaba pastabaseando. ¿Qué pasa con la deserción escolar, ¿qué pasó cuando iba en su tercera detención? Porque ese chico tenía 21 detenciones, ya, pero en esas detenciones, ¿se le condenó?, ¿a qué pena?, ¿qué fin tuvo esa pena?, ¿se logró trabajar con él para revincularlo a la sociedad y darle cuenta de que no era positivo para su vida seguir delinquiendo?, ¿se le trató para el consumo problemático de drogas? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque la reincidencia puede ser un foco importante para agravar la pena, pero el tema es que ahí el delito ya se cometió, ya hubo una persona que murió, ya hubo una persona a la que se le robó”, detalla.
– Respecto a otro caso judicial, el presunto suicidio de Katherine Winter, usted comentó las declaraciones del fiscal Manuel Guerra respecto a que sí era posible sancionar penalmente el bullying. ¿Le parece que en el ámbito judicial hay un desconocimiento respecto a cuáles son los derechos de los niños?
– Sin duda, y por eso que es relevante incorporar el enfoque de derechos desde los distintos ámbitos de desempeño del Estado, y el sistema de justicia criminal no está exento de eso. Es crítico y por eso relevé por Twitter mi cuestionamiento, porque de verdad me parecía grave que un fiscal regional pueda desconocer un tipo penal que le permite, o más bien le obliga, a investigar hechos como lo que ocurre con este caso de esta niña que desafortunadamente fallece. Evidentemente, acá necesitamos formación de todo, porque, dejando de lado ese caso concreto, lo importante es cómo los fiscales entienden que ellos tienen un rol muy relevante para generar y permitir el acceso a la justicia. Si yo no soy capaz de realizar esa labor desde el enfoque de derechos, conociendo cuáles son los derechos y garantías de los NNA le estoy vendado a un grupo vulnerable de la población la posibilidad real de obtener justicia e igualdad ante la ley. Ellos no son adultos chicos, son sujetos que tienen tanto derecho, como tú o como yo, enfrentados a una situación delictual ante la fiscalía, ante los tribunales del ámbito penal y ante cualquier órgano del Estado.
– Si su cargo ya hubiese estado en funcionamiento al momento de ocurrir este caso, ¿cuál hubiese sido su función?
– La verdad es que la defensoría tiene una restricción importante en la participación e intervención en el ámbito judicial. De partida, no puede intervenir en casos que estén vigentes juducialmente, salvo que presente algún tipo de querella criminal, pero ahí la ley establece en que sólo puede hacerlo en casos de gravedad y connotación pública, vinculados a delitos sexuales y delitos violentos, como la sustracción de menores, secuestros, homicidios. Por lo tanto, en este caso no habría tenido posibilidad legal de querellarme. Distinto sería el caso de Ámbar. Lo importante es que yo me permito hacer esta crítica porque me parece grave y porque el rol que tengo tiene que ver también con evidenciar brechas institucionales donde la falta de formación o conocimiento impacte negativamente en el desarrollo y respeto de los derechos de NNA. Que digan ‘no hay delito si no hay amenazas o lesiones’ implica para todas esas personas que hoy pueden estar viviendo bullying decirles ‘chuta, no se puede hacer nada’. Es complejo. Haber trabajado en la fiscalía me permitió ver donde estaban nuestras brechas y ver con autocrítica por donde avanzar.
Muñoz comenta, además, que solicitó audiencia con el general director de Carabineros, Hermes Soto, con el fin de comenzar a trabajar en protocolos que consideren los derechos de los niños durante procedimientos policiales, tales como los allanamientos, poniendo a disposición de las policías la capacidad técnica de la defensoría.
“Si intervienes en un allanamiento no puedes desatender si es que hay niños, pequeños o grandes, da lo mismo, tienes que tener consideraciones especiales. Tener claro que tu actuar no va a ser inocuo. Entender de qué manera evitar añadir más vulneración a la que ya implica un acto policial de esa naturaleza que implica restricción de derechos”, menciona.
“Hay un dicho que a mí me gusta mucho que es de Alphonse Bertillon que dice ‘sólo se ve lo que se mira, y sólo se mira lo que se tiene en la mente’. Si yo no tengo en la mente el interés superior del niño, sus derechos y los niños como sujetos de derecho, nunca lo voy a ver. Nunca me voy a ver en la necesidad de actuar conforme a eso”, agrega.
– ¿Cómo va a ser la coordinación con el trabajo que actualmente realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)? ¿Te parece que ha sido suficiente la gestión de ese organismo con enfoque en la infancia?
– Yo fui muy critica del INDH respecto a la intervención con la infancia porque si te das cuenta y miras la historia, el INDH recién pos muerte de Lissette Villa se mete en el tema de los centros del Sename. Antes no había intervención. Y yo creo que ahí estuvo en falta, porque me parece que los derechos humanos son mucho más que la violencia institucional policial o la violencia política, y la violencia institucional también se encuentra en el contexto de los niños institucionalizados. Ahí hubo una falta que yo siento que se enmendó de alguna forma a través de esta intervención donde se hizo un levantamiento, se visitaron los centros, de hecho ese es un insumo que para mí ha sido super importante de conocer. Esa visión critica era de antes pero creo que ahora tienen un trabajo que se está haciendo en esa materia, siguen visitando centros, siguen revisando, y ahí nos vamos a tener que coordinar bien para interactuar y entregar información que sea útil en el ejercicio de cada una de las funciones.
– ¿Quizás se relaciona con la llegada a la dirección de Consuelo Contreras, que venía de Corporación Opción?
– Puede ser una alternativa, lo importante es que yo ya he conversado con Consuelo, y obviamente nuestra idea es trabajar integradamente para no andarnos “topando” o haciendo trabajo doble. Ellos tienen una orgánica mucho más potente, más desarrollada, tienen presencia territorial, y mi idea es que obviamente podamos trabajar aprovechando esa instancia. Organismos como éstos tienen que trabajar conjuntamente para potenciar los mecanismos de fiscalización y de control. De hecho, todo lo que se relaciona con posibles torturas, tratos degradantes, malos tratos de funcionarios públicos en el contexto de la infancia es un asunto que sigue siendo materia de revisión del INDH. La idea es hacer un trabajo integrado, eso es lo que nos interesa.
“Las leyes tienen que hacerse cargo de las realidades sociales”
Respecto a la discusión legislativa de la Ley de Identidad de Género y las modificaciones presentadas por el gobierno respecto a la ley de adopciones, Muñoz asegura que a su juicio se han desatendido las necesidades de los niños y no se ha considerado una perspectiva respecto a sus derechos.
Respecto a la primera modificación legal, asegura que su principal preocupación se relaciona con la restricción de la edad, ya que establecer limites puede ser riesgoso en razón de desatender los requerimientos individuales de cada niño.
“No todos los niños de 12 años son iguales, no todos los adolescentes de 16 años son iguales, y el establecer un límite de edad en los 14 podría efectivamente a niños de 8 años que están en condiciones y en la necesidad de hacer este cambio identitario. A mí me parece relevante hacer énfasis en los estándares y en las exigencias que se van a poner a las determinaciones médicas, siquiátricas y sicológicas y el apoyo por todo el proceso para el niño y para su entorno familiar. Y cuando hablo de familia hablo de cualquiera sea ésta, más que en decir que de 14 para abajo nadie puede. Hay casos en que la disforia de género es súper manifiesta, los informes médicos dicen que es irreversible y desde muy pequeños, entonces ¿por qué tengo que hacer que espere hasta los 14 años? Esa es la parte de la discusión que a mí me falta. La ley tiene que ser el reflejo de una necesidad de la sociedad y cuando se habla de una ley de identidad de género no puede ser sino que el reflejo de quienes están enfrentándose a la situación de ser trans, de vivir discriminación, de vivir maltrato, de vivir cuestionamiento permanente y de vivir en una realidad que no es la que son. Si eso no está en la discusión, lo más probable es que esa ley no sea capaz de hacer eco de las necesidades que tienen esa personas”.
De igual forma, para la defensora de los derechos de la niñez, la modificación a la ley de adopciones ha perdido el foco respecto a que el derecho fundamental es del niño a ser adoptado y considera la necesidad de mejorar los estándares de las evaluaciones a quienes buscan adoptar, cualquier sea el contexto familiar.
“Yo siempre lo grafico en mi caso personal: yo soy soltera sin hijos; o sea, tendría prioridad cero para adoptar un niño, sobre todo si son los más pequeñitos. Esa estructura de mamá, papá, hijos tampoco se condice con nuestra realidad social, cuando hoy día las familias pueden ser los abuelos, los tíos, inclusos los vecinos. Hay otra forma de vivir y las leyes tienen que hacerse cargo de las realidades sociales de quienes van dirigidas”.
Muñoz plantea, con optimismo, que al igual que con el movimiento feminista que se ha levantado en nuestro país, del cual ella se reconoce orgullosa promotora, el enfoque en los derechos de los niños llegó para quedarse.
“Creo que las temáticas que están puestas sobre la mesa son trascendentes y relevantes y obviamente tienen mi apoyo absoluto en ese sentido. De la misma manera, me parece que en el tema de infancia, acá no hay vuelta atrás. Creo que el tema de la infancia ya llegó a un límite en términos de la ineficiencia del Estado y es mi función que sólo sea hacia adelante y en el tema del feminismo y la forma en que se está abordando los atentados y agresiones contra las mujeres me parece que también estamos llegando a una situación que tampoco hay vuelta atrás y que de acá todo debería ser para mejor hacia un cambio cultural”.
Fuente: El Dinamo
