Mientras crecía en Minnesota, Tyler Graf no sabía casi nada de su madre biológica. Y dice que, lo poco que sabía, le dolía.
En los documentos de adopción figuraba su nombre, Hilda del Carmen Quezada; su edad, 26 años; la fecha, 2 de marzo de 1983; y el hospital donde lo parió en el centro de Chile. Los documentos también incluían una nota del juez en la que se decía que Quezada lo entregaba porque tenía poco dinero y “otros hijos que mantener”.
“Nunca pensé que ninguna excusa sería suficiente”, dijo Graf, quien ahora es bombero en Houston. “Cargué con esa animosidad, ese resentimiento, toda mi vida”.
La afirmación de que su madre lo entregó voluntariamente le dolió, dijo Graf, hasta que se enteró este año de que es uno de los cientos —posiblemente miles— de chilenos adoptados que fueron arrebatados a sus padres sin su consentimiento durante la dictadura militar del país.
Resultó que Quezada no había entregado a su hijo; le dijeron que el bebé, prematuro, nacido tres meses antes de la fecha esperada, había muerto.
“A las dos semanas del parto me dijeron que había muerto”, dijo Quezada. “Yo pedí que me entregaran el cuerpo y me dijeron que no porque era muy chiquitico”.
Los investigadores que investigan las adopciones coercitivas en Chile desde que salieron a la luz los primeros casos en 2014 han llegado a una conclusión sorprendente: la práctica se extendió durante el gobierno del general Augusto Pinochet, que fomentó activamente las adopciones en el extranjero para reducir la pobreza en las décadas de 1970 y 1980. El proceso contó con la ayuda de una amplia red de funcionarios —entre los que se encontraban jueces, trabajadores sociales, profesionales de la salud y agentes de adopción— que falsificaron documentos y se supone que aceptaron sobornos.
En los últimos años, más de 550 personas adoptadas se han reencontrado con sus familias biológicas. Pero los investigadores afirman que la trama, que aún se está descubriendo, probablemente implicó a muchos más niños.
Los funcionarios judiciales chilenos están investigando unos 650 casos de adopciones irregulares, un fenómeno que el Ministerio de Justicia calificó en un comunicado como “extremadamente grave”.
Mario Carroza, un juez chileno que abrió una investigación penal sobre las adopciones en 2018, dijo que los investigadores estaban analizando las circunstancias de unas 8000 adopciones en el extranjero que tuvieron lugar entre 1970 y 1999. El juez Carroza dijo que el número de casos bajo escrutinio podría llegar a 20.000.
En octubre, Suecia comenzó una investigación sobre las adopciones irregulares, respondiendo a la presión de los adoptados chilenos criados en ese país que han usado las pruebas de ADN para establecer sus conexiones con los padres biológicos en Chile que han perdido un hijo.
El general Pinochet tomó el poder en 1973, en un sangriento golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el presidente chileno de izquierda. Luego lideró un régimen brutal en el que la economía del país creció mientras miles de opositores eran ejecutados, desaparecidos, detenidos, torturados y exiliados.
Años después de la muerte del general en 2006, los chilenos se han horrorizado al saber cómo se generalizaron las adopciones coercitivas bajo su mandato.
“Se conoce la historia de violación de derechos humanos durante la dictadura, los casos de tortura, detención política, represión, pero esto ha sido invisibilizado”, dijo Boris Barrera, un miembro del Congreso que lideró una investigación legislativa sobre el asunto en 2018.
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