Hasta ahora la situación de niños y niñas que residen en cárceles junto a sus madres condenadas se ha abordado sólo como un asunto penitenciario. En el Acuerdo Nacional por la Infancia presentado por el Gobierno no se discutió. Por lo mismo, la Ley de Garantías Integrales en trámite podría darle un giro al enfoque con que se ha visto el tema.
La semana pasada el Gobierno presentó el Acuerdo Nacional por la Infancia con 94 medidas que constituyen su “hoja de ruta” en la materia, según lo manifestó el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Aunque se abordaron tres ejes sobre protección a la niñez, en la práctica fue necesario priorizar los temas considerando los 60 días de trabajo. Por lo mismo, gran parte de la discusión giró en torno a la crisis permanente del Servicio Nacional de Menores (Sename). De ahí que se propusieran soluciones para la calidad de las residencias, el financiamiento, los programas ambulatorios y se abordara la salud mental de niños y niñas, la deserción escolar y el sistema de prevención denominado de “Alerta Temprana”.
Una vez más, el problema es que se sigue “senamizando” la infancia. Así lo afirmó Francis Valverde, directora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) y quien fuera candidata al cargo de Defensora de la Niñez. Como ella, otros profesionales del área también han advertido que la atención de estos niños bajo la custodia del Estado sin duda que es relevante, pero ha sido una herramienta útil, transversal y sobre todo mediática para los distintos sectores políticos, lo que ha postergado otros asuntos: el incesto, el tráfico de niños, los niños migrantes, transgénero, la infancia mapuche y las vulneraciones ejercidas por agentes policiales, los niños que residen en cárceles junto a sus madres condenadas. Aquí hablamos sobre este último tema.
La infancia que nace condenada
De acuerdo a los datos entregados por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia para este reportaje, hasta diciembre de 2017, 110 niños se encontraban residiendo en las cárceles del país junto a sus madres que cumplen condena o alguna medida cautelar. Ninguno de ellos superaba los dos años. La información actualizada registra que a marzo de 2018, eran 16 niños lactantes que se mantenían sólo en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, en la Región Metropolitana.
El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone, en su artículo 19, que Gendarmería debe habilitar de espacios diferenciados y brindar atención a las mujeres privadas de libertad en la etapa gestacional y una vez que son madres. De ahí que desde 2005 la atención de estos niños estuvo a cargo del Sename, donde se creó un programa de residencias transitorias para hijos de madres privadas de libertad.
Una década después, la ejecución y el financiamiento del programa pasó a depender directamente de Gendarmería, aunque años antes ya se habían celebrado algunos convenios con esta institución sobre intervención psicosocial incorporándose la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra, entre otros organismos colaboradores. Hoy ese programa se conoce como “Creciendo Juntos” y tiene cobertura en 35 establecimientos penitenciarios.
Más allá de la estructura que se ha montado, los profesionales que trabajan en el área describen la condición de estos niños como “la infancia que nace condenada”. Y es que aún sin retener imágenes de la estética carcelaria, sí se nutren de todas las sensaciones de estar en un lugar de encierro.
Parte de las demandas que han levantado las organizaciones de infancia por este tema quedaron plasmadas en el proyecto de Ley Sayén, presentado por el senador del partido PAIS, Alejandro Navarro. La iniciativa busca modificar el Código Procesal Penal en materia de la prisión preventiva y la suspensión de la sentencia para las mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años. Sin embargo, se encuentra paralizada desde enero de 2017 en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Sobre esto poco se ha hablado. Luis Sepúlveda, trabajador social y director de Desarrollo de la ONG En Marcha, aseguró que esta situación se tiende a confundir con los niños que están bajo custodia del Sename, pero que reviste condiciones propias que son necesarias de diferenciar. Aunque después de todo, reconoció, estos niños en altas condiciones de vulnerabilidad comienzan a importar porque se les asocia al estereotipo “son los que en un futuro van a delinquir”, por lo tanto, no hay que desatenderlos. Es decir, importan cuando se vuelven una amenaza.
En su artículo “Infancia e Indefensión” escrito en 2005, el cientista político argentino Eduardo Bustelo aborda esta última idea y, desde un enfoque de derechos humanos, plantea que el Estado incluye y excluye al mismo tiempo a quienes supuestamente debería defender. Y una de sus conclusiones, que comprende a la adolescencia, es que necesariamente se debe anunciar la libertad desde el nacimiento como una cuestión crucial para resolver un proyecto futuro en la materia.
El llamado de atención
La visita del Papa Francisco en Chile, en enero pasado, tuvo repercusiones a todo nivel. La Iglesia Católica chilena vive una de sus peores crisis desde que su máxima autoridad asumiera sus errores de valoración respecto de los abusos del ex párroco Fernando Karadima y las acusaciones de encubrimiento en contra del obispo de Osorno, Juan Barros. Casos que, por cierto, se trataron de abusos sexuales contra niños entre 1980 y 1990.
Así también, durante su breve estadía por el país, Francisco tuvo en agenda la visita al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Una visita que, a su vez, tuvo eco a nivel político.
Si bien Francisco mostró una preocupación general por las condiciones de las mujeres en ese centro de reclusión, la petición de una de las internas remeció la jornada. Fue Jeannette Zurita, condenada a 15 años por tráfico de drogas, quien solicitó al Papa que “intercediera para que la Justicia modificara las condenas de las mujeres que somos madres de menores de edad”. Y agregó: “Le pido en nombre de todas las privadas de libertad que ore por nuestros hijos y por nosotras, que le pida a Dios misericordia por todos estos niños y niñas que están pagando una condena que sin querer les dimos. Misericordia para las madres para soportar tanto dolor”.
El mensaje estuvo acompañado de vítores y aplausos de las casi 400 mujeres que se encontraban en el gimnasio de la cárcel ese día de enero. Francisco agradeció a Jeannette por lo que calificó un “valiente pedido de perdón” y durante una alocución de 15 minutos, manifestó que a las mujeres condenadas “pueden privarlas de libertad pero no de dignidad”.
Bastó ese llamado de atención para que la Unidad de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, ahora Subsecretaría de la Niñez, oficiara a Gendarmería mayores antecedentes sobre las condiciones de estos niños. Algunas organizaciones de la sociedad civil relacionadas al tema de infancia tuvieron conocimiento de ese despliegue que se generó a nivel interno, porque han seguido de cerca el programa que depende de Gendarmería.
Pero la preocupación de esa unidad y también del Ministerio de Justicia llegó al filo del término del gobierno de Michelle Bachelet. Y aunque la ex Mandataria había recibido de parte de esta última cartera el Plan Nacional de Reinserción Social, el 12 de enero de este año en el que se abordaba la situación de estos niños, en lo concreto varias de las recomendaciones hechas por los expertos en la materia y comprometidas por Gendarmería no estaban a la vista.
Un trabajo silencioso
Ese 12 de enero, el ex titular de Justicia, Jaime Campos, entregó oficialmente la Política Pública de Reinserción Social a Michelle Bachelet, aunque ya en noviembre de 2017 se había llegado a un acuerdo entre el sector público y privado para los nuevos programas que se aplicarían en los recintos penales del país. El secretario de Estado señaló que se trataba del resultado de un trabajo silencioso que se venía desarrollando desde hacía meses entre varios ministerios, Gendarmería, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Subsecretaría de DD.HH y ONG En Marcha.
Se trataba del Comité Asesor para la Reinserción que se inició a partir del segundo semestre de 2017. Dentro de esa instancia se crearon siete subcomités con áreas específicas a profundizar; uno de ellos, enfocado al fortalecimiento de Derechos Humanos. Y dentro de esta última división se estableció una mesa de Mujeres Gestantes y Madres con Hijos e Hijas en el Sistema Cerrado. Es decir, se alcanzó a tocar la infancia aunque dentro de una política aún asociada a la “seguridad y el control”.
Las reuniones de esta mesa se extendieron entre agosto y noviembre del año pasado y se especificó que se trataba de un diagnóstico sobre la situación nacional de la materia, que incorporara “la sistematización de estándares de derechos humanos, la normativa nacional y propuestas para la resolución de los nudos críticos identificados”.
De acuerdo al documento borrador, al que nuestro medio tuvo acceso, se detectaron ocho situaciones críticas. En particular, se hizo hincapié a la discrecionalidad que se seguiría otorgando a las medidas judiciales de protección que se les aplican a las madres y a sus hijos en cada recinto penal. Se dio cuenta, por ejemplo, de las importantes diferencias en la formación y postura frente al tema de los equipos uniformados y técnicos, donde en este primer grupo – señala el documento- existiría la idea que residir en una unidad materno- infantil es un beneficio y no un derecho”. Una posición que, sin duda, ha generado vulneraciones hacia las mujeres y niños por el trato cotidiano que se les da.
Otro punto del documento menciona un vacío legal en la normativa que regula esta situación. El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Decreto 518 indica que “en los centros penitenciarios que albergan mujeres embarazadas y con hijos existirán dependencias que contarán con espacios y condiciones adecuadas (…)”, pero no especifica qué se entenderá por adecuado. Y de aquí se desprende la razón de que las condiciones de infraestructura de estas secciones sean tan variadas en el país: desde unidades penales con instalaciones extremadamente restrictivas para la vida de niños y niñas, y otras que cuentan con elementos que “se asemejan a una vida cotidiana en comunidad”, detalla el informe.
En el registro de información de los niños también habría serias deficiencias. Cuando un niño ingresa con su madre que va a cumplir condena se completa una “carpeta del niño”, que contiene variados datos que no han sido estandarizados. Tampoco se cuenta con mecanismos homogéneos de fiscalización de esos datos registrados
Y la falta de una regulación estandarizada también aplicaría a los organismos ejecutores con estas secciones especiales. Por ejemplo, antes Sename supervisaba estas zonas considerándolas residencias administradas por un colaborador acreditado. En cambio, hoy lo hace bajo la figura de un organismo “coadyuvante”, es decir, aquél que si bien no recibe subvención del Sename, cumple funciones propias de ese Servicio.
En la instancia también se advirtió sobre la situación de los niños extranjeros que por ser hijos de mujeres imputadas o condenadas sin visa se inscriben bajo la figura de “hijo(a) de extranjero(a) transeúnte”, a pesar de que esa denominación se cambió en 2014. Y aquí otro punto: de esta población no hay estadísticas.
Una de las vulneraciones más graves se da en las revisiones de ingreso a los centros penales. Con tal de dar un giro a una de las medidas más invasivas hacia los niños que acuden de manera regular a visitar a sus familiares – la normativa indica que una vez que cumplieron los dos años deben separarse de sus madres-, se planteó a Gendarmería aplicar la revisión de ingreso a los adultos una vez finalizado el encuentro. Una medida que modificaría profundamente la mirada del derecho hacia la infancia, sobre todo porque los oficiales pueden revisar corporalmente a los niños y niñas a partir de los 14 años. Pero las denuncias que han llegado a organismos de derechos de la infancia aseguran que en la práctica depende del oficial de turno y que en varias oportunidades niñas de 10 años también son revisadas porque no les pedirían el carnet de identidad. Es una decisión arbitraria.
Desde Gendarmería se comprometieron a llevar una propuesta en las siguientes sesiones e incluso iniciar un piloto en un centro penitenciario regional. Pero nada de eso ocurrió, el tema no se siguió conversando y el entonces delegado de la institución que había esbozado esa última propuesta, no siguió asistiendo a la mesa.
Toda esta información que estaba a nivel de borrador quedó plasmada en el documento oficial entregado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la imagen 1 se reconocen los objetivos propuestos, que a simple vista, dejaría puntos antes detallados sin abordar o al menos una bajada a las especificaciones técnicas.
Pese a lo anterior, desde la sociedad civil la ONG En Marcha valoró el resultado porque por primera vez incorporan a los niños como parte de una Política de Reinserción y se logra abrir la puerta para avanzar en la reducción de las brechas que enfrentan estos niños y niñas a diario, cargando con una condena por un delito que no cometieron.
Se espera contar con la Ley de Garantías Integrales de la Niñez para que esta realidad no sólo sea abordada como un tema penitenciario y sea propiamente de infancia. La comisión extraparlamentaria se comprometió a ingresar las indicaciones a esta iniciativa en septiembre próximo para continuar su tramitación con urgencia en el Senado.
Fuente: Radio Universidad de Chile
