Una nueva ley migratoria con enfoque de Derechos Humanos, la creación de una institucionalidad sólida y un combate al racismo, xenofobia y discursos de odio son algunos de los planteamientos.
“Al asumir un nuevo periodo en la presidencia, y a cuatro años desde que usted lo hiciera por primera vez, Chile ya no es el mismo”. Así comienza la carta en la que diversas organizaciones de migrantes y promigrantes plantearon sus demandas y propuestas respecto al tema migratorio en una misiva entregada al Ejecutivo este miércoles 14 de marzo, documento en el que si bien valoran que la ley de migraciones sea una de las 12 urgencias legislativas anunciadas recientemente por las nuevas autoridades, proponen elementos que no deberían estar ausentes en el documento final que sustituya, luego de más de cuatro décadas, al DL 1094 del año 1975 que hoy rige el proceso migratorio en Chile.
“La movilidad humana es hoy por hoy uno de los principales temas de la agenda mundial, y Chile no está exento de tal agenda. La cuestión medular es cómo nuestro país va a abordarlo en miras al futuro, tanto a nivel de la calidad de vida de quienes deciden vivir en él, como en su posicionamiento en el contexto global”, plantean las entidades pertenecientes a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y al Movimiento Acción Migrante.
Siete son los puntos clave que plantean las organizaciones en la materia, comenzando por la exigencia que el cuerpo legal que sustituya a la normativa de la dictadura sea una ley con enfoque de Derechos Humanos, “que respete, de este modo, todos los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el país, entre éstas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 13 señala que ‘Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado’”.
Otra de las demandas es la creación de un Servicio Nacional de Migraciones, el que “deberá ocuparse de la coordinación de la aplicación del conjunto de las políticas migratorias, estableciendo un monitoreo en el tema a lo largo del país”, con un despliegue territorial en todas las regiones y de carácter autónomo.
Por otro lado, la carta plantea que “es inaceptable que las múltiples recomendaciones realizadas por diversos organismos internacionales desde hace muchos años respecto al tema migratorio, no sean cumplidas ni aplicadas por el país. Ello, junto con dañar la imagen internacional de Chile, vulnera la dignidad y derechos de muchas personas migrantes en el país”.
A esto se suma un punto relacionado a las acciones respecto a las diferentes expresiones del racismo, la xenofobia y los discursos de odio. “En ese sentido, consideramos que el Estado en conjunto con la sociedad civil, deben trabajar fuertemente para frenar las distintas manifestaciones de discriminación racial que se están percibiendo en la actualidad y que pueden llegar a consecuencias muy graves si no se combate a tiempo”, señalaron, entre éstas, la vinculación arbitraria entre migración y delincuencia.
También proponen la creación de una visa de uso múltiple que permita la realización de actividades lícitas y el rechazo a las visas consulares que generan el “incremento de la irregularidad y el tráfico y trata de personas”; un proceso de regulación de aquellas personas en situación de irregularidad, de la mano de una ley que impida que otras personas caigan en tal estado; y la instauración de un enfoque “pro persona” en todas las acciones que tome el Estado; son otros de los puntos.
Fuente: La Tercera
