Residentes que se organizaban para oponerse a un proyecto inmobiliario recolectaron testimonios de antiguos vecinos del sector, los que aseguran que en ese lugar se habrían realizado ejecuciones y entierros de detenidos después del golpe de Estado. En ese terreno funcionaba la discoteca Luxor y la parrillada Donde la Cuca. Los antecedentes fueron presentados por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia a la ministra en visita Paola Plaza, quien confirmó a CIPER que está en curso una investigación penal.
A fines de junio pasado, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia informó a la ministra en visita Paola Plaza que había recibido testimonios de vecinos de Lomas de Macul que relataban hechos sucedidos en ese sector en la época de la dictadura. Los antecedentes apuntan a que allí, en un terreno donde funcionó la discoteca Luxor y donde se emplaza el restorán Donde la Cuca, podría haber restos de detenidos desaparecidos. La magistrada Plaza confirmó a CIPER que ya se inició una investigación penal. Si se detectan evidencias, la indagatoria podría afectar a un proyecto inmobiliario aledaño, en el que se planifica la construcción de nueve edificios de departamentos.
El escrito entregado a la ministra Plaza, quien ve exclusivamente causas por violaciones de derechos humanos, indica: “Ha llegado a conocimiento de esta repartición por relatos (…) que en los terrenos donde se ubicaban la antigua discoteque Luxor y el restaurant de parrilladas Donde la Cuca, (ambos de propiedad de Gladys González Núñez) localizado en avenida Departamental N°4.400, comuna de Macul, se podrían encontrar restos de detenidos desaparecidos”. El texto está firmado por la abogada Paulina Zamorano Valenzuela, jefa subrogante del programa.
Los testimonios adjuntos al escrito apuntan a que a esa altura de Departamental -al llegar a Américo Vespucio-, se habían escuchado y visto fusilamientos y entierros de cuerpos de detenidos luego del golpe de Estado de 1973. En esa época esta zona de la comuna de Macul aún formaba parte del municipio de Ñuñoa.
La presentación de la abogada del Ministerio de Justicia informó a la ministra Plaza que los vecinos se enteraron de que en ese sector se pretende construir un proyecto inmobiliario (ver recuadro). Por eso, ante la eventualidad de que la construcción ponga en riesgo evidencia que permita identificar a personas desaparecidas, los residentes se juntaron y decidieron denunciar que “habrían visto en distintas ocasiones la muerte y el ocultamiento de los cuerpos de personas fallecidas a manos de militares, situación que los llevó a unirse y buscar en esta dependencia oídos a sus denuncias”.
La ministra Plaza confirmó a CIPER que la Policía de Investigaciones fue instruida para “constituirse en el lugar, hacer empadronamiento de la gente que vive en el sector, si es que todavía hay de la época”. También se pidió al Servicio Aéreo Fotogramétrico (SAF) de la Fuerza Aérea imágenes de esa zona en la década del 70, con el objetivo de ver si los detalles contenidos en los relatos de los denunciantes coinciden con las características que tenía el terreno en esa época.
LA INVESTIGACIÓN
Los testimonios que el programa del Ministerio de Justicia puso a disposición de la ministra Plaza afirman que antes del golpe de Estado de 1973 este enorme sitio se ocupaba para la extracción de áridos y que, en los albores de la dictadura, se utilizó como vertedero. Al menos dos relatos señalan que en ese predio, tras la caída del gobierno de la Unidad Popular, se escucharon disparos de ametralladoras. También hay un par de testimonios que aseguran haber visto maquinaria, tipo bulldozer, removiendo residuos para tapar cuerpos.
El escrito del Programa de Derechos Humanos indica que aquellos testimonios llegaron a sus oficinas a través de personas que trabajan en “sitios de memoria” y por medio de vecinos de Lomas de Macul. La presentación añade que algunos residentes se organizaron para oponerse al proyecto inmobiliario que se planea construir y que al interior de ese movimiento se supo de estos testimonios de vecinos que ya vivían en la zona en la época de los hechos denunciados.
Carlos Reyes, gerente técnico de Inmobiliaria Departamental, empresa que planifica construir los nueve edificios, dijo a CIPER que se enteraron de la investigación penal a principios de agosto. Agregó que se reunieron con la ministra Plaza durante una visita que ella realizó en terreno el 22 de agosto.
Respecto a la disponibilidad de la empresa para hacer excavaciones destinadas a confirmar o descartar los testimonios de vecinos, Reyes señaló: “Tenemos la intención de iniciar las faenas de excavación de nuestro proyecto el primer semestre del 2023 y, en esa instancia, no habría inconveniente de que se efectúen inspecciones visuales, si fuese necesario”.
La ministra Plaza explicó a CIPER los primeros pasos de la investigación: “(Debemos) hacer concordar los relatos que nos hicieron llegar con (…) las declaraciones de los testigos empadronados (por la PDI), más las fotografías del lugar. Porque a lo mejor nos dicen que era un sitio que solamente se usaba, por ejemplo, como extracción de áridos, pero las fotografías de la época demuestran que no había ni extracción de áridos ni nada, que había terrenos agrícolas (…). Entonces, tenemos que hacer una reconstrucción histórica para ver qué es lo que había”.
Por ahora, la ministra ha solicitado diligencias a la Brigada Investigadora de Derechos Humanos y a la Brigada de Inteligencia Policial, ambas de la PDI. El trabajo en terreno de estos equipos generará un informe con los resultados de las entrevistas policiales que se hicieron a los vecinos. A partir de ese material, la ministra decidirá la nómina de personas a las que tomará declaración judicial.
Ximena Guajardo, parte del grupo de residentes que entregó los relatos al programa del Ministerio de Justicia, señaló a CIPER que ya vieron a personal de la PDI en el barrio: “Estuvieron haciendo el rastreo de la información con los vecinos”. También señaló que no han tenido reuniones con Inmobiliaria Departamental ni con la familia de la empresaria Gladys González, dueña de la exdiscoteca Luxor y de las parrilladas Donde la Cuca. La familia González adquirió -a partir de 1997- distintos paños que componen el terreno. En 2019 vendió una parte a la inmobiliaria.
CIPER intentó contactar a Gladys González o a representantes de sus negocios, pero un sobrino que trabaja con ella indicó que no darían declaraciones.
En la Municipalidad de Macul, en tanto, indicaron que las denuncias de derechos humanos son “un tema sensible para la administración”. En este caso en particular, dijeron, “el municipio ha manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de cooperar con los vecinos y las investigaciones que se lleven a cabo. Se está a la espera de lo que resuelva la justicia al respecto”.
