La presidenta del Senado, Ximena Rincón, entró al debate sobre los presos del estallido, con el envío de un oficio al titular de la Corte Suprema pidiendo la “adopción de las medidas que, en uso de sus facultades exclusivas, estime pertinentes para asegurar el pleno respeto de los derechos que pudiesen estar comprometidos, y que, en consecuencia, pudiesen redundar en el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado”. La petición está sustentada en un informe, a partir de antecedentes requeridos a Gendarmería de Chile, sobre el número y la situación de los involucrados, poniendo claridad en un tema donde distintas instituciones han entregado números disímiles. El documento es clave, considerando que el tema ahora se reactivó con el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje y las declaraciones de su comando de que el futuro Gobierno retirará en cuanto asuma las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Para Rincón, el tema es preocupante y “ningún poder del Estado puede obviar situaciones tan delicadas cómo ésta”. Por ello presentó un proyecto de ley “para incorporar criterios de decisión objetivos y controlables en la determinación de la prisión preventiva”.
Un total de 69 personas se encuentran privadas de libertad sin una condena previa por delitos asociados al estallido social. Esa es la cifra a la que llegó la presidenta del Senado, Ximena Rincón, a partir de datos requeridos a Gendarmería de Chile, y que pone sobre la mesa un antecedente necesario para la discusión que viene en torno a este tema, sobre todo en lo que respecta al Gobierno de Gabriel Boric que asumirá en marzo próximo.
El dato no es menor, dado que uno los elementos que ha entrampado la discusión sobre los presos del estallido social dice relación con las cifras de los detenidos, dado que instituciones como el Ministerio Público, el ministerio de Justicia o el Poder Judicial han entregado números distintos que solo han aportado confusión a la opinión pública.
Y ahora, la situación judicial de los denominados presos del estallido se reactivó con el triunfo del candidato presidencial de Apruebo Dignidad en el balotaje presidencial y las declaraciones del coordinador político de la campaña, diputado Giorgio Jackson, de que el Gobierno retirará en cuanto asuma las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los involucrados.
Los datos de Ximena Rincón
La presidenta del Senado entró al debate y solicitó información al respecto tanto al Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública, “no logrando información consolidada ni actualizada”, según asegura en el oficio enviado al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach.
Por ello, con fecha 3 de noviembre requirió al Director Nacional de Gendarmería de Chile, Christian Alveal Gutiérrez, los mismos datos. “En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 9 de noviembre dicha dirección remite la información solicitada al gabinete del Ministro de Justicia señor Hernán Larraín Fernández, quien nos la hace llegar con fecha 29 del mismo mes”, revela la senadora en el documento.
Rincón precisa que conforme al trabajo realizado por Gendarmería de Chile, de un total de 1.255 personas judicializadas por causas vinculados a hechos acaecidos durante l período que va desde el 18 de octubre del 2019 al día 8 de noviembre de 2021, se identifica que doscientas 282 permanecen actualmente privados de libertad.
Sin embargo, al hacer un análisis más fino de los datos de los imputados ingresados a los recintos carcelarios en un período aún más acotado, desde el 18 de octubre del 2019 al 30 de marzo del 2021, resulta un total de 69 personas privadas de libertad sin una condena previa, señala el informe de Rincón. Además, de esas 69 personas que permanecen en prisión sin juicio, 55 conforme a los datos de Gendarmería no registran “ingresos al sistema interno anterior al día 18.10.2019”, añade el reporte.
Para Rincón, el tema es preocupante y obliga a “la imprescindible necesidad de decretar los cierres de las investigaciones, y, en definitiva, la determinación de los cargos por los que en definitiva se acusará a estas personas, o se les declarará inocentes. Y, como resulta evidente, urge también nuevas revisiones judiciales de las medidas cautelares que se han extendido desde 9 meses y hasta 2 año y 2 meses. Encontrándose nuestro país en pleno proceso constituyente, motivado precisamente por los movimientos sociales de protesta dentro de cuyo contexto se produjeron estas detenciones, y en medio de un profundo proceso de deslegitimación de las instituciones del Estado, ningún poder del Estado puede obviar situaciones tan delicadas cómo ésta”.
Para subsanar esta situación, la presidenta del Senado firmó un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal “para incorpora criterios de decisión objetivos y controlables en la determinación de la prisión preventiva”, junto con sus colegas Francisco Huenchumilla (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Pedro Araya (bancada PPD).
