Pese a que este análisis no recoge lo sucedido durante la crisis social de octubre, abarca materias que están directamente relacionadas con las demandas planteadas en las manifestaciones. El documento además plantea un “uso desproporcionado de la fuerza” en La Araucanía que, a juicio de la directora del Centro de DD.HH. de la casa de estudios, Lidia Casas, “hoy llegó a otras ciudades del país” en el marco del estallido social.
Cuando se cumple un mes del estallido social que remece a Chile, la Universidad Diego Portales (UDP) dio a conocer el Informe anual de Derechos Humanos 2019 que reveló una “discriminación estructural” en el acceso a la educación, salud, o pensiones; una precaria calidad de la mayoría de los empleos en Chile y un “uso desproporcional en la Araucanía” que a juicio de los investigadores “hoy llegó a las ciudades del resto de Chile”.
En su XVII versión, el documento da cuenta de hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2018 y agosto de 2019. Aunque no recoge lo sucedido durante la crisis social de octubre abarca materias que están directamente relacionadas con las demandas planteadas en las manifestaciones contraponiendo la realidad nacional con los estándares internacionales. También incorpora un crítico análisis de las instituciones que deberían velar por los DD.HH. en Chile y cuyos roles están en el centro del debate como son el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de esta cartera cartera.
A través de 12 capítulos el informe anual de DD.HH. de la UDP aborda verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición por los crímenes de la dictadura chilena; avances y deudas pendientes en derechos de las personas LGBTI; Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Chile; “Derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes; derecho a la educación y proyecto de admisión justa; violencia contra las mujeres; derechos laborales y empleo desprotegido en Chile”; disparidades y barreras de acceso a la salud mental en personas LGBTI; acceso a prestaciones de salud en cárceles chilenas”; estado de la información sobre calidad de aire en Chile y la institucionalidad de los Derechos Humanos en Chile: el INDH, la Subsecretaría de DD.HH. y la política exterior chilena”.
Respecto a la relación de la crisis social con los temas abordados en el documento, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, explicó a La Tercera que “nosotros no previmos un estallido social como se dio, salvo quizá lo que podría haber sucedido en La Araucanía. La Araucanía era un lugar que estaba encapsulado y que se miraba desde lejos. Sin embargo, el uso de la fuerza estaba allí, el reclamo social siempre estuvo presente, las manifestaciones sociales en sus más diversos espacios siempre estuvieron allí. Por lo tanto, lo que veníamos diciendo por 17 años, lamentablemente ,teníamos razón. Que la gente se levantara y dijera basta fue algo que se veía gestando hace mucho tiempo y no es algo que pasó solo por los $30 (del alza del Metro)”.
En esta línea, la investigadora Judith Schonsteiner, agregó a este medio que “el informe anual hace varios años estudia los derechos sociales y cómo no se logra protegerlos. Hemos relevado en todos estos años que el diseño del sistema provoca que exista una discriminación estructural en perjuicio de las personas de estratos económicos más bajos. Ni la regulación actual, ni tampoco los subsidios que se puedan lograr van a permitir acceso a estos servicios sin discriminación aunque hayamos tenido avances, como el Auge o la Ley de Inclusión escolar. Aún persiste que la calidad de los servicios depende de cuánto gana la persona”.
Ver noticia completa: https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-anual-dd-hh-la-udp-revela-existencia-discriminacion-estructural-acceso-derechos-sociales/905456/
