El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto a dieciséis organizaciones de la sociedad civil, naciones originarias y entidades académicas presentaron, este miércoles, un informe alternativo sobre DD.HH. Entre sus recomendaciones se incluye la institución de un defensor del pueblo, la ratificación de nuevos tratados internacionales de derechos humanos y una nueva legislación en materia de migración.
Ante el Consejo de Derechos Humanos y los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Estado de Chile deberá presentar, en enero del 2019, su informe para el examen periódico universal, mecanismo que tiene la ONU para revisar la situación de los DD.HH. en las naciones adherentes.
Antes de que sea presentado el informe oficial, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto a dieciséis organizaciones de la sociedad civil, naciones originarias y entidades académicas, entregaron este miércoles, informes alternativos que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en nuestro país.
Son siete los textos desarrollados, cada uno obedeciendo a temáticas distintas: institucionalidad; naciones originarias; personas migrantes; niños, niñas y adolescentes; género, violencia institucional y medio ambiente.
El punto de partida del primero de los informes es la Constitución de 1980, Carta Magna impuesta en dictadura y que nos rige hasta el día de hoy. Al respecto, el documento es tajante, pues afirma que el contenido de la Constitución es “abiertamente contrario a la normativa internacional de Derechos Humanos”.
También se hace hincapié en instituir la figura de un defensor del pueblo y validar los instrumentos de derechos humanos que aún no han sido ratificados por Chile, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su procedimiento de investigación, entre otros.
Sobre la situación de las naciones originarias se explicita la falta de reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra y los derechos políticos de los pueblos. Los antecedentes expuestos por las organizaciones indígenas participantes evidencian una estrategia represiva del Estado contra los defensores y defensora de derechos indígenas, lo que se expresa en la criminalización de líderes y lideresas y la impunidad de los crímenes cometidos en su contra, lo que demuestra que en Chile las naciones originarias y sus miembros son sistemáticamente discriminadas.
Respecto de la situación de las personas migrantes, el texto muestra que la normativa que regula la migración está obsoleta y no permite abordar la realidad migratoria actual de un modo consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de personas migrantes. Además, las condiciones de quienes se han avecindado en Chile demuestran las brechas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en lo que refiere al acceso a la vivienda, salud, educación y derechos laborales.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad, se concluye que representan la vulneración de derechos humanos más grave del país. Se denuncia que el Estado chileno ha focalizado su política de protección hacia NNA en mejorar las falencias en la institucionalización y no ha desarrollado mecanismos y políticas públicas destinadas a prevenir la situación de vulnerabilidad de NNA víctimas de derechos humanos en Chile.
Un tema en boga es la sexualidad y el género, al respecto, el documento señala que se establece la falta de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, la criminalización del aborto; la pervivencia de prácticas discriminatorios, especialmente en los centros de salud.
Sobre la violencia institucional, se denuncian la brutalidad policial, la criminalización de las protestas y de la pobreza, así como se critica la intervención de agentes de seguridad en las poblaciones críticas.
Respecto al medio ambiente, se reportan vulneraciones al derecho de todas las personas y los pueblos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, proteger la naturaleza y garantizar el derecho humano al agua. Se analizan los problemas que presenta la institucionalidad ambiental, la regulación de contaminantes, la privatización de los derechos al agua y la protección de la biodiversidad.
Para la elaboración del informe se contó con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (CODEJU), Comisión Ética contra la Tortura (CECT), Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Población La Legua, Corporación Miles Chile, ONG FIMA, Litigación Estructural para América del Sur (ONG LEASUR), Mesa Regional Indígena de Santiago, Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC), Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y Plataforma Política Mapuche. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) entregaron asesoría técnica.
Fuente: Radio Universidad de Chile
