A poco más de 100 días desde que Susana Tonda asumiera como directora del Servicio Nacional de Menores, seis jueces de Familia, especializados en casos de niñez vulnerable, evalúan las propuestas del gobierno en materia de infancia. Algunos valoran que sea un tema prioritario para La Moneda. Otros ven solo promesas, por ahora sin soluciones reales.
El mismo día que asumió como Jefe de Estado, Sebastián Piñera asistió -en la tarde- al centro Fundación Padre Semería, donde realizó su primer gran anuncio: llamó a un Acuerdo Nacional por la Infancia y Adolescencia. “Quiero convocarlos a un acuerdo que nos permita decirles a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile que el Estado y la sociedad chilena van a cumplir con su deber y responsabilidad con ellos”, dijo esa vez.
De esta forma, el Servicio Nacional de Menores (Sename) se convirtió en uno de los organismos clave de la administración de gobierno. A la cabeza de la entidad fue nombrada Susana Tonda, quien dirigió también el Hogar de Cristo y empezó a ejercer el cargo el 26 de marzo.
Después de un poco más de 100 días al mando de una institución marcada por una crisis permanente, y con varias investigaciones penales en curso, las que apuntan a funcionarios por maltratos y muertes de menores, seis jueces de Familia, quienes resuelven día a día medidas cautelares que involucran a niños y tratan directamente con el servicio, sacan la voz.
La Tercera consultó a los magistrados con años de experiencia en el área de infancia vulnerable cómo ven las propuestas del Ejecutivo en la materia y si es que han notado una mejora real en la situación. Para algunos jueces, las indicaciones a la ley de adopción, la constitución de una mesa para la infancia y la elaboración de una auditoría a los centros, entre otras iniciativas gubernamentales, van por la línea correcta. Para otros, todavía es anticipado hacer una evaluación y hay que esperar unos meses para apreciar los verdaderos resultados. Y también existe una tercera visión, que es más crítica, y la dan los magistrados de regiones. Apuntan a que solo se trata de propuestas que, en la práctica, no han tenido ningún efecto en el mejoramiento de un tema que urge cambiar.
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Fuente: La Tercera
