En el marco del lanzamiento del mapa de conflictos socio-ambientales 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó la situación de contaminación permanente de Puchuncaví y anunció que presentará un recurso de protección por los habitantes de la zona. Asimismo, la directora, Consuelo Contreras, pidió que se le entreguen mayores facultades fiscalizadoras que, permitan más que recomendar, incidir en el actuar de las reparticiones del Estado en materias de derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó la tercera versión del mapa de conflictos socio-ambientales, herramienta descriptiva que permite visibilizar las desigualdades de cargas ambientales en los territorios y las consecuencias que ellos traen para la población. Para este año, el registro se presentó en una nueva plataforma web que está disponible para ser revisada por todos quienes deseen indagar en los actores involucrados, la historia del conflicto y las principales consecuencias que traen a los territorios.
En su primera versión, publicada en 2012, puntualizaba 97 casos de conflictos activos, cifra que fue en aumento, presentando 102 pugnas territoriales en 2015, mientras en esta tercera versión, se identificaron 116 conflictos activos y 31 casos que se encuentran en un repositorio de casos archivados.
La prevalencia identificada en el mapa está dada por el impacto que generan las faenas mineras en el norte del país, lo que se encuentra ligado directamente al desarrollo de plantas de producción de energía hidroeléctrica que sustentan dichas extracciones. Asimismo, el sector acuícola dominó los casos de conflictos en el sur de Chile, dados por los diferentes casos de vertimiento de salmones muertos en los fiordos de la patagonia y las emergencias desatadas por la ruptura de jaulas de las salmoneras que han generado afectaciones al fondo marino.
En la zona centro, en tanto, la crisis ambiental que vive el borde costero, específicamente la zona de Puchuncaví y Quintero, evidencia con claridad la mantención en el tiempo de los conflictos socio-ambientales. Incluso en 2011, el INDH realizó recomendaciones a las principales autoridades del país producto de uno de los episodios más graves de contaminación e intoxicación vivido por los niños de la Escuela de la Greda en este sector, dicho caso fue reportado en 2012 y hoy retoma su vigencia en un nuevo episodio de catástrofe ambiental.
En este contexto, la coordinadora del área de estudios del INDH anunció que se realizará una misión de observación en el borde costero afectado por la contaminación producto del funcionamiento del cordón industrial emplazado en la costa de Quintero, Puchuncaví y Ventanas.
Sumado a esto, la institución presentará un recurso de protección en favor de las personas que habitan la zona, según expresó la Directora del INDH, Consuelo Contreras: “esta acción jurídica la vamos a hacer en virtud del derecho a la vida de los habitantes de la zona y a la protección de su integridad física y psíquica”.
Sin embargo, Contreras explicó que “el Instituto no puede querellarse dado que no tiene un mandato tan amplio, lamentablemente. Las querellas que podemos presentar son en casos de torturas, discriminación y crímenes de lesa humanidad solamente, nos podemos querellar en esos casos, y en otros casos presentamos este tipo de acciones jurídicas (recursos de protección). Por lo mismo, esperamos que en el futuro, los poderes colegisladores decidan reforzar la protección de los derechos humanos de los habitantes de este país y reforzar a esta institución hacerla más robusta y con más dientes”.
A lo que agregó: “nosotros solo podemos recomendar, entonces aquí hay que fortalecer a la institucionalidad de derechos humanos de manera tal de que las recomendaciones de este Instituto involucren obligaciones para los diferentes órganos de la administración del Estado. Si me preguntan cuál es mi sueño, es que los órganos del Estado le tengan tanto respeto al INDH como le tiene a la Contraloría General de la República, para eso necesitamos más facultades legales”.
Otro de los tópicos que la directora del Instituto Nacional de Derechos humanos relevó como uno de los principales factores por los que los conflictos socio-ambiental tiene una permanencia en el tiempo, es la falta de fiscalización por parte de las instituciones del Estado, por lo que llamó a que avancen reformas que permitan tener una institucionalidad ambiental más afectiva y a reforzar los equipos regionales para que exista una mayor fiscalización local.
Asimismo, Consuelo Contreras, llamó a las comunidades a recomponer su tejido social y a denunciar cuando sientan que su vida en los territorios está siendo amenazada. Incluso especificó que la única manera en que el INDH puede tomar conocimiento y actuar frente a un caso es que la comunidad se acerque y denuncie.
“Los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos, por lo tanto, necesitamos organizaciones comunitarias y recomponer el tejido social, porque ese es nuestro principal aliado. Nosotros actuamos cuando llegan las comunidades acá, juntas de vecinos, comunidades mapuche, comunidades aymara. Necesitamos la colaboración de la comunidad, hay que defender los derechos”, expresó la máxima autoridad del INDH.
Fuente: Radio Universidad de Chile
