El 09 de noviembre del 2019 al regresar a su casa, Juan Tenorio fue atacado desde un furgón policial en la calle Cochrane, en la ciudad de Valdivia, lo que dejó secuelas que trata hasta el día de hoy y que le impiden volver a trabajar en cocina. A pesar de entregar los registros de la agresión e individualizar al único carabinero facultado para utilizar el armamento disuasivo esa noche, los funcionarios policiales se ampararon en el derecho a guardar silencio, lo que finalizó en el cierre de la investigación sin un juicio por parte de la Fiscalía de Los Ríos. Este caso vuelve a demostrar la manera de operar de la justicia chilena respecto a las denuncias por violación a los derechos humanos durante el Estallido Social, donde sólo el 0,2% de los casos tiene condenados, según detalló Amnistía Internacional en 2023.
El día 9 de noviembre 2019, Juan Tenorio se dirigía a su casa en bicicleta luego de trabajar en cocina, pasaba por la calle Cochrane, en Valdivia, cuando desde una furgoneta de carabineros abrieron la puerta y le dispararon una lacrimógena a la cabeza. Esa noche llevaba casco, lo que aminoró el efecto, sin embargo, las secuelas del ataque le provocó tinitus, síndrome vertiginoso y hasta la fecha tratarse por estrés pos traumático.
Tenorio recabó las pruebas, obtuvo los registros de los videos de esa noche, la hoja de ruta de la furgoneta e incluso individualizar al único carabinero que tenía permiso para utilizar ese tipo de carabina lanza gases esa noche. A pesar de ello, la fiscal Tatiana Esquivel señaló que no se podía acusar a una persona autora y cerró la investigación.
El INDH de Los Ríos apoyó a Juan y lograron reabrir la causa tras presentar una querella por parte del, en ese entonces director, Sebastián Smart, esta vez a cargo del fiscal José Luis Vallejos, pero no hubo mayor avance.
Juan dice que cada vez que intentaba contactarse con el Fiscal, este le decía que tenía demasiado trabajo, que no solamente veía causas de derechos humanos sino también de justicia ordinaria. Estaba colapsado.
Por su parte la Policía de Investigaciones recabó los datos de campo, el levantamiento planimétrico, hizo el peritaje al casco que llevaba Juan, aún así la causa no avanzó y el día lunes 24 de junio de este año la Fiscalía de Los Ríos decidió cerrar la investigación sin juicio.
Alerta de impunidad
Para Juan su caso se suma a la manera que ha tenido de operar la justicia chilena frente a los hechos ocurridos durante el Estallido Social, donde sólo 27 casos cuenta con sentencia condenatoria de los 10.568 presentando, es decir sólo el 0,2%, una respuesta desoladora, califica la abogada Alejandra Arriaza en la columna titulada Alerta de Impunidad en el boletín Chi Werkün.
» A más de cuatro años de la respuesta represiva a las movilizaciones en nuestro país durante el estallido social, las víctimas aún no consiguen una reparación integral, tampoco la reforma estructural a Carabineros avanza, y la impunidad persiste, a pesar de las recomendaciones que emanaron de los informes internacionales», dice Arriaza, poniendo en evidencia que existe una reparación que se hace con cada causa, como también en términos estructurales.
Además, declara que es clave que se ejecute la audiencia a los altos mandos de Carabineros, por su responsabilidad en los hechos ocurridos durante este periodo.
A Juan toda esta forma de operar le genera mucha rabia, que en «Chile reina la impunidad», apunta que la situación actual los vuelve a revictimizar y que pareciera que Fiscalía quiere que «como sobreviviente llevemos de la mano nuestro victimario». En su caso a pesar de la entrega de pruebas los funcionarios policiales se acogieron al derecho a guardar silencio.
Tenorio además nombra otros casos similares, como el de Abel Acuña, primer caído del estallido y que su causa se cerró en enero de este año, y a Dayana Ulloa, quien recibió un disparo y quedó parapléjica, y no se ha encontrado a los victimarios.
«Debajo de la alfombra»
En marzo de 2023 la Subsecretaria de Derechos Humanos entregó el informe al presidente Gabriel Boric con una serie de «propuestas y recomendaciones para una reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia institucional durante el Estallido Social”. Este documento partió a cargo de Haydee Oberreuter, ex subsecretaria de la instancia, pero fue removida del cargo.
Oberreuter es reconocida por muchas víctimas del estallido como una persona cercana y dicen que fue minuciosa con el catastro de los sobrevivientes en regiones y Santiago. Sin embargo, fue sacada del cargo previo a que se entregara el informe final, para que asumiera Javier Altamirano.
«Ella dejó sentada la mesa de reparación, a nosotros el informe nos llegó. El tema es que no se ha aplicado y nosotros asociamos que es por voluntad política», dice Tenorio, quien acusa que con la llegada de Altamirano el foco cambió y solo se dedicaron a las víctimas de la dictadura y que fueron puestos «debajo de la alfombra».
Existe una gran decepción con el gobierno de Boric, para Juan existe una promesa incumplida y que «se les dio vuelta la espalda», que hay una pasividad desde la Secretaria de Derechos Humanos frente Asus casos y que es necesario que se aclaren las funciones que tiene el INDH.
Apelación internacional
Hoy Juan busca encontrar justicia en instancias internacionales, ya que en Chile ve que no existen más lugares donde apelar, por ello está en contacto con personas de la CEPAL.
Además, mantiene el contacto con otros sobrevivientes entre, ellos con Carlos Astudillo, quien junto a la senadora Fabiola Campillai han estado tratando de llegar a otros compañeros. La reflexión es que en Chile no existe ley de reparación y los fondos actuales no dan abasto y que solo dependen de la voluntad del gobierno de turno.
