Personalidades y Organizaciones Sociales exigen al Estado de Chile detener inmediatamente la represión, convocar a un diálogo nacional y garantizar protección a niñas, niños y adolescentes frente a la crisis política
– Nos sumamos a la condena internacional por uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia sexual cometidos contra la ciudadanía que protesta en Chile.
– 243 niños, niñas y adolescentes (142 niños y 41 niñas) han sido detenidos; 24 niños han sido ingresados a hospitales públicos por diferentes lesiones y se han presentado 35 denuncias por acciones contra niñas y niños: INDH.
– Los hechos delictivos ajenos a la legitima protesta social no pueden ser argumento para cancelar derechos civiles y políticos de niñez, adolescencia y personas jóvenes.
Las personalidades firmantes y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de América Latina y el Caribe, manifestamos nuestra más profunda condena frente al uso excesivo de la fuerza y actos violencia sexual cometidos en las protestas en Chile. Lamentamos la muerte de al menos 18 personas y nos solidarizamos con familiares de las personas heridas, detenidas y presuntamente desaparecidas. Asimismo, recordamos al Estado Chileno su obligación constitucional e internacional de garantizar el derecho a la protesta social, ofrecer mecanismos de dialogo y dar solución a las demandas de la población en el marco del Estado de Derecho.
De acuerdo a información pública, frente a la situación económica en Chile, agravada por el alza de la tarifa del pasaje del metro el pasado 6 de octubre, varios segmentos de la población, particularmente personas jóvenes, iniciaron acciones de desobediencia civil al ingresar masivamente al metro bajo el lema “Evasión todo el día”, teniendo como respuesta un uso desproporcionado de la fuerza pública a través de detenciones masivas y enfrentamientos entre agentes y manifestantes, manifestamos nuestra indignación por el uso de la violencia sexual contra niñas y mujeres a manos de las fuerzas de seguridad.
Según las cifras recientes, al menos 2.128 personas fueron detenidas y 376 resultaron heridas, de estás al menos 173 por arma de fuego. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló haber recibido denuncias de uso desmedido de la fuerza y vejaciones injustas a niños y a niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, violencia sexual contra mujeres y vejaciones por su género, entre otras graves violaciones a derechos humanos.
El último balance del INDH reveló que 243 niños, niñas y adolescentes (142 niños y 41 niñas) han sido detenidos; 24 niños han sido ingresados a hospitales públicos por diferentes lesiones; el organismo ha presentado 35 querellas criminales, de las cuales, varias involucran a niñas y niños que fueron golpeados y obligados a desnudarse ante policías varones.
Es evidente que la crisis política que ahora vive Chile no se resolverá con violencia o pretendiendo coartar las libertades políticas. Aún Chile no supera la huella profunda de las violaciones a derechos humanos de la Dictadura de Pinochet, y la torpe respuesta pública estimula nuevamente conflictos sociales. Es obligación del Estado Chileno garantizar a niñas, adolescentes y personas jóvenes el derecho a la información verídica, la libertad de opinión, reunión y manifestación tal como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) de la cual es signatario.
Recordamos que la violencia generada desde el Estado representa un grave retroceso en la garantía de los Derechos Humanos. Exhortamos al presidente Piñera a detener inmediatamente el uso desproporcionado de la fuerza pública, convocar a un dialogo nacional con las ciudadanas y ciudadanos, creando mecanismos de participación para niñas, niños y adolescentes, a fin de encontrar una solución pacífica y el respeto a los Derechos Humanos, la libre manifestación, la libertad de expresión y el acceso a la información.
En este contexto, las personalidades firmantes y las organizaciones sociales de América Latina y el Caribe hacemos un exhorto al Estado de Chile a:
• Detener inmediatamente el uso desproporcionado de la fuera pública, respetar el derecho a la manifestación pública pacífica, tomando medidas respetuosas en las protestas donde participan niñas, niños y adolescentes
• Convocar a un diálogo nacional con las ciudadanas y ciudadanos, creando mecanismos de participación para niñas, niños y adolescentes, a fin de encontrar una solución pacífica y el respeto a los Derechos Humanos, la libre manifestación, la libertad de expresión y el acceso a la información.
• Adoptar las medidas necesarias para que los casos de violencia, homicidio, detención arbitraria y desaparición forzada cometidos por las autoridades, sean investigados de manera expedita, imparcial e independiente por parte de autoridades civiles.
• Que se informe públicamente quién o quiénes y bajo qué argumentos dieron la orden de reprimir con uso excesivo de la fuerza a manifestantes pacíficos.
• Brindar reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas, así como llevar ante la justicia a las autoridades –en todos los niveles- que resulten responsables de los hechos ocurridos.
