Organizaciones de migrantes solicitaron al Gobierno otorgar condiciones propicias a los estudiantes para ingresar al sistema educacional. Desde el Movimiento de Acción Migrante (MAM) aseguraron que el rut provisorio responde a ciertas urgencias pero es insuficiente para garantizar la regularización del proceso.En Chile existen cerca de 22 mil niños extranjeros en el sistema escolar, de los cuales un 70 por ciento registran como niños indocumentados por la situación irregular de sus padres o porque no han completado el trámite de la visa, según datos del Ministerio de Educación (Mineduc).
A estos estudiantes el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) les otorga una Cédula de Identidad Provisoria para acceder a los planes de estudio regulares.
En agosto de 2005, el ministro de Educación de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, firmó una circular instruyendo que: “Los Departamentos Provinciales de Educación deberán otorgar en forma expedita la autorización para matricula provisional al alumno que lo requiera (…) no pudiendo constituir impedimento el hecho de que estos documentos no cuenten con el trámite de legalización”.
Sin embargo, esta modalidad mantiene a muchos niños sin poder obtener un RUT definitivo que les permita el ingreso a distintas etapas formativas sin dificultades, por ejemplo, el paso de la enseñanza media a la educación superior.
Esta situación transitoria, o “RUT ficticio” cómo lo califican los propios migrantes, ha imposibilitado en muchos casos la homologación de estudios cursados en otros países o la postulación a becas de postgrado en universidades chilenas.
Durante la semana pasada, los estudiantes migrantes de cuarto medio que se inscribirían para rendir la PSU supieron que el Mineduc pasó a centralizar la información que hasta el año pasado dependía del DEMRE, que había implementado el uso del pasaporte para suplir la falta de un RUT permanente.
Dado que el Mineduc no cuenta con un sistema informático adaptado a estas condiciones, aplazó la inscripción y todos los alumnos tendrán que registrarse durante un periodo extraordinario, fijado entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre próximo.
Para Eduardo Cardoza, integrante del Movimiento Acción Migrante (MAM) estas disfuncionalidades se generan por la falta de voluntad política de modificar la Ley de Extranjería, promulgada en 1975, considerando que el Ministerio del Interior aún no define el ingreso a trámite de una nueva normativa. “La igualdad de derechos parte de la base que todos los estudiantes deban tener un RUT definitivo porque es inconcebible que se den una serie de problemas producto de la incompetencia de esta Ley”, acotó.
En 2015, se implementó el programa “La Escuela somos todos” para regularizar la situación migratoria de más de mil niños que estudiaban en la comuna de Santiago, y que luego de replicó en otros municipios del país con presencia importante de migrantes. Esta medida buscó eliminar cualquier tipo de sanciones a los niños que se mantenían indocumentados y que no podían acceder a beneficios públicos.
Sin embargo, el vocero de la Mesa Intercultural de Antofagasta, Pablo Rojas, recalcó la necesidad que este programa dependa del Ministerio de Educación y que tenga carácter regional y no municipal. “Hay gran cantidad de establecimientos que no cuentan con este programa y que si están teniendo problemas. Entonces, es importante que se implemente en todos los colegios y evaluar si es necesario que lo ejecuten los municipios o el Mineduc porque hasta ahora depende del Ministerio del Interior”, precisó.
Por su parte, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, reconoció una respuesta institucional desfasada en cuanto a los requerimientos de la migración, evidenciado, por ejemplo, en la falta de oficinas migratorias en la mayoría de las carteras de Estado. “Estamos estudiando con el Mineduc cómo el programa “Escuela Somos todos” se puede relacionar de manera más directa con la Ley de Inclusión de modo tal que, así como se garantiza el ingreso no discriminatorio a todo niño, se pueda prescindir de cualquier situación irregular al momento que ingresa al colegio”, señaló.
Mientras, el investigador de la Fundación Educación 2020, Mathías Gómez, aseguró que estas trabas administrativas generan mayores desigualdades en el sistema educativo. “En general existen muchas vallas burocráticas en los establecimientos o en organismos externos a ellos que dificultan ejercer este derecho a los niños. Lo importante es acercarnos a esta realidad y ver que soluciones se pueden desarrollar”, recalcó.
Una situación que se suma a los requisitos de dos años de residencia definitiva en el país para acceder a la gratuidad de la Educación Superior, y que la situación irregular de la familia dificultaría optar al beneficio a pesar de pertenecer a los quintiles socioeconómicos más pobres. “Considerar las situaciones migratorias a priori constituye un obstáculo discriminador en el acceso a la educación”, declararon desde la Mesa Intercultural.
Fuente: Radio Universidad de Chile
