El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. CIPER revela ahora los detalles de ese documento.
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. Un lapidario informe de la PDI –que ha permanecido oculto para la opinión pública por más de siete meses– indica que la pesadilla de los niños que el Estado debe proteger nunca paró: en 2017 la policía registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves –incluyendo 310 agresiones de “connotación sexual” – en hogares del Sename.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Y que en un 50% de los hogares a nivel nacional se han verificado abusos sexuales (vea aquí el informe completo).
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación –contenida en 28 tomos– realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El informe está fechado en diciembre de 2018 y, de acuerdo a lo que señala el mismo documento, además de haberse enviado a Emilfork también fue compartido con autoridades de gobierno relacionadas con el Sename, organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
Los hallazgos de la investigación son de tal relevancia, dice el mismo informe, “que hicieron necesario dar cuenta de ello a las autoridades de gobierno competente como conocimiento y evidencia útil para la eventual toma de decisiones”.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe este martes 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. También pidió la dimisión del fiscal nacional Jorge Abbott.
A juicio del parlamentario –quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename– es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Esto, porque en esos momentos el Congreso estaba discutiendo un proyecto del gobierno que finalmente aprobó una inyección de recursos de alrededor de $10 mil millones destinada a los hogares de red Sename.
Probablemente, dice el diputado Saffirio, el proyecto se habría discutido en otros términos si los parlamentarios hubiesen tenido en sus manos el informe de la PDI que ya había constatado abusos sistemáticos en los mismos centros beneficiados con los nuevos fondos.
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