Ante la profunda preocupación por las vivencias de violencia armada que se viven en la Población La Legua, deseamos manifestar nuevamente a la opinión pública.
El pasado sábado 20 de Mayo nuevamente la rivalidad de dos bandas de la población derivó en un fuerte enfrentamiento armado dejando como saldo a un joven de 21 años muerto y sucesivas balaceras que ponen en riesgo y atemorizan a la población.
Estos episodios atentan no solo contra la seguridad de los pobladores, sino que alteran el cotidiano vivir, deteriora las confianzas, acrecientan los niveles de estrés y ponen en juego el desarrollo de los niños y niñas de la comunidad.
Nos parece impresentable que a más de 16 años de intervención social y sobre todo policial por parte de el Estado estas situaciones se sigan aconteciendo. Teniendo que presenciar como familias completas deben buscar asilo en otras comunidades para sobrellevar los días de balaceras intensas, interrumpiendo la cotidianeidad de los niños, limitando su asistencia al colegio, sus espacios de juego, su seguridad. Y en el peor de los casos asistiendo nuevamente a la despedida de alguno de los vecinos o familiares.
A más de 25 años de la firma de la CDN, nos resulta incomprensible que una comunidad siga viendo violentado el desarrollo de los niños y niñas que en él habitan, así como también ocurre en otras comunidades del país.
La ausencia de una ley de garantía de derechos deja de manifiesto la falta de compromiso por parte del estado con el bienestar de la niñez en nuestro país. Una ley de estas características debiera crear un sistema de garantías con un correlato real de monitoreo, denuncia y promoción de derecho en los territorios. Una ley de estas características debiera considerar estrategias de prevención, sanción y reparación de vivencias de violencia.
Los medios de comunicación dibujan una realidad en donde la violencia impera en un territorio que pareciera estar poblado solo por las sombras del tráfico, olvidando que en estas calles también se desarrolla la vida cotidiana de familias, trabajadores y trabajadoras, niñas y niños, adultas y adultos mayores como en cualquier otra población de Chile. Satanizar al narcotráfico como único responsable de la situación de La Legua es obviar las múltiples experiencias de violencia que viven muchas poblaciones de nuestro país (desigualdad social, poca participación, pobreza, entre otras).
Hacemos un llamado al Estado a cumplir su obligación como garante de la Convención de los Derechos del Niño, generando ambientes e intervenciones que los respeten como sujetos de derecho, potenciando estrategias de co-protagonismo, haciéndolos también participes de las posibles acciones y respetándolos como parte activa de la comunidad.
La Caleta
