La Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), expresa a través de este comunicado público su solidaridad con las personas detenidas y mantenidas en las cárceles por la revuelta popular iniciada en octubre del 2019. El PIDEE se ha dedicado durante 40 años a la defensa y promoción de los DDHH de niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados por situación de persecución, encarcelamiento y desaparición de sus progenitores, por causas políticas.
Consideramos que debe haber de parte del Estado, en primer lugar, un reconocimiento a la existencia de personas presas políticas, a quienes se les ha decretado la prisión preventiva sin la existencia de pruebas que ameriten su encarcelamiento.
Denunciamos que el Gobierno de Chile está realizando este castigo de prisión preventiva como una medida represiva para evitar el derecho a la manifestación que tiene la ciudadanía en un país democrático.
En la actualidad existen alrededor de 2.500 personas presas políticas, que no han tenido un proceso jurídico justo; y, quienes viven con medidas preventivas de detención domiciliaria son acosados constantemente por las fuerzas policiales.
Condenamos la falta de equidad del Estado chileno frente a esta situación y exigimos la libertad y juicio justo a todas las personas prisioneras políticas de la revuelta popular.
Atentamente,
Directorio y Equipo Profesional
Fundación PIDEE
