Con relación al rechazo del Informe Sename II, las redes de organizaciones de la sociedad civil, que reúnen a más de 400 organizaciones de infancia y otros que adscriben a la presente carta señalan que:
Los niños, niñas y adolescentes en Chile llevan 27 años esperando que su país ajuste su legislación, políticas, planes y programas a la “Convención Internacional de Derechos del Niño”, con el fin de que se reconozcan, garanticen, protejan y restituyan sus derechos en caso de vulneraciones. Sin embargo, el país no ha sido capaz de cumplir con esa tarea.
El problema del rechazo al informe de la Comisión Investigadora SENAME II, evidencia que el centrarse en discusiones políticas les quita el protagonismo a los niños y las niñas más vulneradas del país. Este rechazo deja sin efecto una serie de medidas que podrían haber sido una posibilidad de comenzar a generar cambios favorables de manera inmediata al sistema de protección y, por otro lado, le resta fuerza a los cambios estructurales que el país necesita para la niñez.
Este escenario, deja una vez más a los niños, niñas y adolescentes fuera del centro de la atención, sin ninguna prioridad manifiesta desde el Estado como tampoco de la sociedad en su conjunto. Debemos hacernos cargo de quienes hoy no están siendo prioridad, no permitiendo que su vulnerabilidad sea utilizada para la discusión político partidista, y sin olvidar que el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes es un tema de interés público, de carácter nacional y estratégico para el desarrollo del país, donde todos los sectores tenemos el imperante deber de colaborar.
Como sociedad civil organizada, representada por diversas organizaciones y redes, creemos que es hora de actuar y demandar de manera colectiva los cambios que los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país necesitan.
En ese sentido, declaramos nuestras convicciones y disposiciones para avanzar en los cambios que se requieren, tomando en cuenta que ya muchas de las organizaciones de este sector llevan décadas demandando cambios que hasta el día de hoy no se han logrado materializar.
Este emplazamiento, no sólo lo hacemos a las autoridades actuales, sino también a todos los candidatos que buscan asumir la administración futura del Estado. De ellos también solicitamos un compromiso explícito, concreto y con propuestas que efectivamente estén a la altura de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en términos de contenidos y presupuesto necesario.
Así también, que consideren a los actores de la sociedad civil, en su compromiso activo con esta realidad y, por tanto, como aliados y colaboradores fundamentales a ser reconocidos en la propuesta de acciones y búsqueda de opciones que permitan superar esta crisis.
Es por lo anterior que proponemos enfocarnos en medidas de corto y mediano plazo, tales como:
- La aprobación de la ley de garantía de derechos, restituyendo en titulo III y IV las definiciones necesarias de protección administrativa, institucionalidad territorial y eso con los recursos necesarios. Es decir, LEY Y PRESUPUESTO.
- Crear el Defensor de la Niñez con carácter autónomo, y con todas las atribuciones que le permitan efectivamente poder vigilar y promover que los derechos de los niños sean garantizados.
- Una institucionalidad rectora, que permita liderar el diseño, implementación con mirada intersectorial de las políticas, planes y programas en infancia.
- Destinar de manera inmediata más recursos para que los niños, niñas y Adolescentes que hoy se encuentran en el sistema de protección especial reciban los servicios que requieren en términos de recursos humanos, infraestructura y salud física, mental, educación. De manera especial la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en los espacios donde debían ser protegidos.
- Transparentar datos de servicios y recursos administrados por los Organismos Colaboradores de Sename de manera que los análisis sobre ellas sean integrales y pertinentes.
