El politizado debate sobre el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la comisión investigadora SENAME II que denuncia deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, ha desviado la mirada de la opinión pública de aquello verdaderamente relevante: la situación de la niñez en Chile, donde 3 de cada 10 niños experimenta algún tipo de pobreza ya sea por falta de recursos materiales o porque sus hogares no tienen acceso a bienes y servicios básicos, y donde 7 de cada 10 niños que estudian en colegios públicos o subvencionados enfrenta factores sociales y económicos que pueden llevarlos a interrumpir o finalizar sus trayectorias escolares[1]. ¿Estamos realmente dispuestos a proteger los derechos de la infancia?
Ver columna completa de Daniela Díaz Bórquez:
http://www.mercurioantofagasta .cl/impresa/2017/07/10/full/cu erpo-principal/12/
