En un comunicado, la organización expresa su preocupación por la salida del Fiscal Armendáriz, según señalan, por presiones de sectores políticos de la derecha. Asimismo, advierten que revocación de las pensiones de gracia sería un retroceso.
Impunidad frente a los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos en el contexto del estallido social por presión de parte de algunos sectores de la derecha, es lo que advierte la Comisión Chilena de DD.HH. en medio del debate por una eventual revocación de las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas.
“Diversos sectores políticos de derecha, han arremetido en contra de la labor que han estado realizando el Fiscal Regional, Xavier Armendáriz y la Fiscal, Ximena Chong (…) Lo que buscan estos sectores políticos es que estos fiscales dejen de cumplir con el deber de investigar encomendado”, dice el comunicado público.
Para la Comisión, “el Fiscal Nacional, Angel Valencia, ha acogido esta ilegítima pretensión y ha sacado de su función al Fiscal Armendáriz de la sustanciación de la causa”, además de no respaldar en ningún momento a otros fiscales agredidos.
“Queremos recordar que los diferentes órganos y Poderes del Estado de Chile tienen el deber de cumplir con las obligaciones de esclarecer la Verdad, aplicar la Justicia, otorgar las debidas Reparaciones a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición, cuando se producen crisis de derechos humanos como las que vivió nuestro país durante el Estallido Social”, expresan.
En tal sentido, la organización también se pronunció respecto de un eventual retiro de las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas del estallido social, sobre lo cual señalan que “la obligación estatal surge para reparar en parte el daño causado por la acción de agentes del Estado (p.ej. disparos de Carabineros que dejan sin visión de uno de sus ojos a manifestantes), obligación que debe ser cumplida con prescindencia del historial pasado de la víctima“.
“Queremos advertir que la eventual revocación de dichas pensiones importaría un grave incumplimiento de la obligación internacional que tiene el Estado de reparar a quienes han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos”, finalizan.
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