Se trata de un material reunido, a costa de muchos riesgos, por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) y el archivo audiovisual del noticiero Teleanálisis.
Ad portas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, y en una sesión prácticamente dedicada en su integridad al tema de derechos humanos, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acordó aprobar por unanimidad la solicitud de declaratoria como Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, de cinco archivos que albergan este acervo documental: el de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) y el archivo audiovisual del noticiero Teleanálisis.
Las solicitudes fueron presentadas por representantes de cada institución y con apoyo de la directora del Archivo Nacional y consejera del CMN, Emma de Ramón, quien destacó que en esta oportunidad se trata de declaratorias de archivos laicos (antes fueron declarados los de la Vicaría de la Solidaridad y el Fasic), “que dependían del propio esfuerzo de las comunidades vulnerada, este es un reconocimiento del Estado a que la recuperación de la democracia fue el esfuerzo de muchas personas, muchas de las cuales entregaron su vida”.
Los solicitantes -Gaby Rivera, de la AFDD; Vivian Murúa, del PIDEE; Mariela Santana, de Codepu; Carlos Margotta, de la CCDH; Pamela Pequeño, Teleanálisis; Fernanda García, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Marcelo Morales, de la Cineteca, junto a sus acompañantes- estuvieron presentes y expusieron en la sesión, que se desarrolló en la Sala de Consejo del Palacio Pereira, y aplaudieron emocionados la decisión de los consejeros de aprobar la declaratoria y pedir a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la dictación de los decretos respectivos.
“Queremos agradecer, muy sinceramente, el trabajo que ustedes y sus instituciones han realizado en la defensa de los derechos humanos y para preservar estos registros tan valiosos, aún muchas veces a costa del riesgo de sus propias vidas. Gracias a estos archivos, que van dando cuerpo a la memoria, la verdad salió a la luz y quebraron la verdad oficial. Con esta protección legal, el Estado podrá intervenir en su favor en caso de afectación”, dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.
En 2003, todos estos archivos fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, el archivo del PIDEE y de Codepu se encuentran albergados en el Museo de la Memoria -uno de los mayores repositorios documentales de la temática de dictadura en Chile-, mientras que los de la AFDD y de la CCDH se encuentran custodiados por las mismas agrupaciones que los han generado.
Por su parte, el archivo audiovisual de Teleanálisis, con sus 340 cintas U-matic que contienen 202 reportajes realizados entre 1984 y 1989, se encuentra en la Cineteca Nacional. El noticiero fue una respuesta a la censura impuesta a los medios de comunicación por parte de la dictadura cívico militar. Hoy cuenta con copias digitales de respaldo en alta calidad para garantizar la perdurabilidad y el acceso público.
Según el análisis de la Unidad de Derechos Humanos del CMN, presentado ante los consejeros por su encargada, Xaviera Salgado, “todos estos archivos, y aunque con distintos propósitos, fueron generados en el ejercicio de resistencia y promoción de los derechos humanos durante la dictadura. Contienen testimonios de víctimas y familiares, sistematizaciones e informes, diagnósticos de profesionales y registros directos que representan un acervo invaluable de evidencia. Son instrumentos probatorios, utilizados en juicios contra perpetradores, y son herramientas de justicia que permiten la reparación simbólica y material a las víctimas y sus familias”.
