Según datos del Minsal, 37 pacientes han recurrido a la tercera causal de la ley y, de estas, 15 tienen menos de 18 años. Del grupo, cuatro niñas no habían cumplido los 14. Entre septiembre de 2017 y abril pasado se interrumpieron 193 embarazos. Mientras, 27 mujeres mantuvieron la gestación, pese al riesgo de sus casos.
Son 37 las mujeres en el país que, desde que rige la ley de aborto, han quedado embarazadas producto de violaciones y han optado por interrumpir la gestación. Y cerca de la mitad del grupo, 15 casos en total, son jóvenes menores de 18 años que han recurrido a la tercera causal de la normativa.
Así lo revelan las cifras del Ministerio de Salud, que contabilizan 193 abortos desde septiembre del año pasado, cuando entró en vigencia la ley. Del resto de los procedimientos, 99 corresponden a la primera causal, de riesgo de vida de la madre, y 57 a la segunda, que aplica cuando existe inviabilidad fetal.
El análisis de los datos, además, deja al descubierto una preocupante realidad: del grupo de menores que se embarazaron tras ser violadas, cuatro aún no habían cumplido los 14 años.
Se trata de una alerta frente a la precaria realidad que envuelve a las menores que son víctimas de violencia sexual. Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito del Ministerio del Interior, en 2016 hubo 7.274 mujeres víctimas de violación o abuso sexual, de las cuales 58% eran menores de 18 años.
La matrona del área de salud y acompañamiento de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), María José Valderas, explica que en la mayoría de los casos las violaciones son perpetradas por integrantes del núcleo familiar, lo que dificulta la denuncia, por lo cual se cree que las cifras pudieran ser mucho más abultadas.
“Sabemos que estos casos de violación en menores de edad estaban ocurriendo hace tiempo, solo que ahora se están visibilizando, y sabemos que el 80% ocurre en contextos cercanos, y ante eso nos podemos encontrar con violaciones que pueden terminar en gestación. Por lo mismo, esta ley garantiza el decidir si continuar o interrumpir el embarazo”, dijo Valderas.
En esto coincide Luis Torres, jefe de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público, quien indica que “en este tipo de delito, en la gran mayoría de los casos, los imputados son conocidos. No es un extraño de la calle el que abusa de los menores, sino cercanos al grupo familiar, que tienen acceso al círculo de confianza”.
Por esta razón, y porque las menores de 14 años muchas veces no reconocen un embarazo a tiempo, es que la ley estableció -tras intensas discusiones en el Congreso- un plazo de 14 semanas de gestación como máximo para abortar, es decir, dos semanas más que al resto de las mujeres.
Torres agregó que estos casos, si bien “se dan en todos los estratos sociales, es evidente que las condiciones económicas y sociales desfavorables aumentan la precariedad y la desprotección de los niños y es un flanco abierto para el abuso”.
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, destacó que la normativa permite proteger a las menores: “La ley está acogiendo el sentir de la niña y de su entorno. Antes no se le daban opciones, sino la de seguir adelante con el embarazo o buscar abortos inseguros. Con esto estamos protegiendo a las niñas”.
A su vez, el profesor titular de Obstetricia y Ginecología de la U. de Chile, Ramiro Molina, describe la opción de interrumpir el embarazo, en estos casos tan complejos, como un “derecho humano aceptado y recomendado por todas las organizaciones internacionales para las menores de edad”. Agregó que “un embarazo en una niña que ha sido víctima de una violación es un crimen, y una situación muy difícil de aceptar como normal”.
Previo a esta norma, el aborto en el país estaba penado por la ley. Por ello, sostienen los expertos, muchas mujeres y menores embarazadas como consecuencia de una agresión sexual debían continuar la gestación o buscaban alternativas ilegales de interrupción, exponiéndose a riesgos penales y sanitarios.
Estefanía Andahur, psicóloga del área de salud de Corporación Miles, explica que tras la violación, continuar el embarazo es una revictimización: “en el fondo la mujer tiene que cargar con el delito de otro y además está condenada a una maternidad obligatoria. Por ello, desde el momento en que puede decir ‘no quiero tener este hijo’ es sujeto de derecho y, por sobre todo, válido socialmente. Eso social y psíquicamente tiene peso”, indicó.
Acompañamiento
Los datos del Minsal muestran que además hubo 27 mujeres que, pese a presentar alguna de las tres condiciones para interrumpir sus embarazos, decidieron continuar con ellos: ocho en la primera causal, 17 en la segunda y dos en la tercera.
Respecto de esta última, Verónica Hoffman, directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, afirmó que “viendo esas cifras y basándonos en nuestra experiencia de 19 años acompañando a mujeres con embarazos vulnerables, nos preocupa que sean tan pocas. Esto nos hace preguntarnos si efectivamente se está ofreciendo el acompañamiento, tal como indica la ley”. Agregó que “hemos constatado que cuando acoges, escuchas y acompañas, un 85% de los casos continúa con su embarazo”.
Para los casos de violación, la norma técnica de atención del Minsal especifica que los equipos médicos, junto con constatar la edad gestacional y la concurrencia de los hechos, deben entregar durante todo el proceso un trato digno y respetuoso, enfatizando que la mujer no puede ser juzgada, revictimizada ni estigmatizada.
La misma norma establece que, si la mujer lo acepta, tendrá opción de un programa de acompañamiento que incluye apoyo psicosocial y psiquiátrico, cuando se estime conveniente. Además, se le debe ofrecer protección y representación judicial, apoyo social y (económico), entre otros.
Román destaca que en los hospitales del país se está tratando de cumplir el programa de acompañamiento, pero que “aún falta, más que nada por escasez de información de los equipos”. Un diagnóstico que también se ha hecho desde el Minsal, donde se han activado nuevas capacitaciones a los equipos médicos y un instructivo desde la Superintendencia de Salud para verificar el cabal cumplimiento de la normativa.
Fuente: La Tercera
