Sandra Trafilaf | Sábado 28 de junio 2014 –
Luego de cientos de allanamientos a las comunidades mapuche, después de varias denuncias por violaciones a los derechos humanos de adultos y niños, la justicia solo ha acogido un número menor de casos en los que se ha involucrado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La mayoría de las denuncias que se han realizado a través de los medios de comunicación han quedado en nada, poniendo un manto de impunidad al terror que enfrentan los niños y las niñas de las comunidades mapuche.
Niños y niñas que han sido golpeados en medio de allanamientos practicados por las fuerzas policiales en sus respectivas comunidades, que han visto cómo detienen, golpean y maltratan a sus familias. Niños y niñas mapuche que han recibido balines en sus cuerpos, en una violencia policial que va en aumento según los analistas y que no ha encontrado ningún eco en los tribunales de justicia, sólo llamados a la “buena conducta” que no son escuchados por carabineros. Una violencia policial que de acuerdo a los especialistas, formó parte de las tácticas ocupadas durante el tiempo de la dictadura para aterrorizar al supuesto “enemigo interno”.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), abogada Lorena Fries, señala que a partir de 2011 consideraron pertinente incluir en los informes anuales del Instituto el tema de la infancia mapuche vulnerada, aparte de otros conflictos que enfrentan como los altos índices de pobreza o los bajos niveles educacionales, la directora se refiere a la violencia que ejercen las policías en contra de los niños y niñas.
El INDH además de hacer el seguimiento de los casos y denunciar las violaciones sufridas por la infancia mapuche, desde 2013 a 2014, ha interpuesto cinco recursos de amparos. Lorena Fries afirma que las fuerzas especiales entran a las comunidades “no siempre premunidos de una orden judicial” y agrega que este ingreso supone “altos niveles de violencia que involucran a niños y niñas que han sido objeto de lesiones con perdigones y balines de metal”.
Sobre el tema, Lorena Fries relata un caso en especial, donde el juez se declaró incompetente e intento pasar el caso a la justicia militar, sin embrago se ganó el recurso de reposición y se mantendrá en los tribunales ordinarios, en el juzgado de garantía de Angol.
La directora del INDH explica que se puso una querella por torturas en el caso de una niña de 12 años. “Nosotros presentamos una querella y es en contra de funcionarios de carabineros de Angol por autores cómplices o encubridores por el delito de torturas que se cometió contra José Osvaldo Cariqueo Saravia y su hija de 12 años. Ella denunció haber sido golpeada en su cara en reiteradas ocasiones y haber sido objeto de insultos racistas. Uno de esos golpes, incluso le produjo una hemorragia nasal que al manchar el suelo, se le obligó a limpiar el suelo de su propia sangre”.
El representante de la organización Meli Wixan Mapu, Manuel Díaz Calfiú, aclara que las políticas que nacen desde el Estado en los tema de infancia son “bastante mediocres”, porque pese a los tratados firmados y los convenios internacionales, el trato hacia los niños y niñas mapuche ha sido de constante vulneración a sus derechos humanos.
“Esas denuncias lamentablemente han quedado ahí siempre, las investigaciones no prosperan y quedan simplemente como hechos de causal para seguir llenando estadísticas, pero no hay actos reparativos en ese sentido, por lo mismo también es que las denuncias han quedado siempre, más en lo comunicacional que en lo judicial porque no hay eco al interior de estas instituciones. Entonces lo que nosotros hemos visto últimamente es que incluso hasta cerca de los colegios se ha abordado a los furgones escolares”, afirma Manuel Díaz Calfiú.
En tanto, la psicóloga de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), Maite Dalla Porta, explica que de acuerdo al quehacer realizado por la fundación, dedicada al trabajo con niños vulnerados en sus derechos humanos, es que existe una infancia dañada por la intervención policial, que se ha intentado romper con su pertenencia cultural y que se debe reparar hoy la percepción que tienen del Estado y de las fuerzas policiales que protegen esta institucionalidad.
Maite Dalla Porta señala que el carabinero es visto como un enemigo. “Los niños perciben a la policía y a la institución policial como un enemigo como alguien que les puede provocar daño de forma violenta, los perciben un agresor y por lo tanto se está construyendo una imagen de la institucionalidad policial negativa y de generar en los propios niños un cuidado y un autocuidado ante cualquier tipo de relación que se pueda tener con la institucionalidad policial”.
El Pidee es una institución que comenzó su trabajo en 1979, durante la dictadura para trabajar con niños y niñas cuyos padres sufrían la represión. De acuerdo a esta experiencia constatan que existen similitudes y diferencias.
Sobre las coincidencias del actuar de las fuerzas policiales, la experta destaca las formas y los mecanismos represivos con los cuales se violentan los derechos de las comunidades mapuche y en particular los niños y niñas mapuche. Las técnicas, las tácticas, asegura, tienen intencionalidad de provocar miedo, inseguridad, generando una violencia estructural que ataca la cultura relacional de la infancia mapuche, violando sus derechos humanos más esenciales de forma permanente.
Fuente: Radio Universidad de Chile
