La investigación inédita que realizó el Poder Judicial y la Unicef abarcó 10 regiones y 6 mil 500 menores y costó cerca de $ 200 millones. Es la primera radiografía a fondo a la vida de los niños más vulnerables del país: menores en el sistema residencial que necesitan de la protección del Estado porque sus familias los abandonaron o no son capaces de cuidarlos. Se describe cómo el abuso sexual, la violencia y el maltrato están extendidos en el sistema. Y ponen el acento en las faltas del SENAME y de los propios jueces. El equipo autor fue intervenido, mientras algunas gestiones hablan de intentos de invalidar sus resultados. La Unicef le ha pedido al Poder Judicial que intervenga los hogares con problemas e informe de los resultados.
Muchas veces los problemas sociales son difíciles de enfrentar porque las autoridades carecen de la información necesaria para diseñar políticas correctas. Existen, sin embargo, áreas en que los datos están pues especialistas se han dado el trabajo de investigar, sistematizar la información y a partir de allí han sacado estremecedoras conclusiones que indican urgencia de actuar. Pero hasta allí se llega, todo sigue igual, porque alguna autoridad así lo decidió. Es exactamente lo ocurrido con una exhaustiva investigación que sirve para caracterizar la vida de los cerca de 15 mil menores que el Estado chileno debe proteger en el sistema residencial, y que revela gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. La investigación se hizo a partir de un convenio entrela Unicefy el Poder Judicial, con una inversión aproximada de $ 200 millones.
Los informes abordan las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identifican los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. Para ello se recurrió a una batería de instrumentos que incluyó: una encuesta a 384 niños repartidos en más de 60 proyectos en todo Chile; entrevistas reservadas hechas por jueces a los niños de esos mismo proyectos; visitas inspectivas a los hogares; revisión de los expedientes de 6.500 menores para elaborar fichas que permitieran tener claridad sobre su situación, sus tratamientos y su destino. Estas fichas, además, por primera permiten unificar la información muchas veces inconexa y contradictoria que sobre un mismo niño tenían el Servicio Nacional del Menor (SENAME) y los tribunales de justicia. Se elaboraron también fichas sobre los centros para precisar las condiciones materiales y de gestión de las residencias visitada; y se levantaron datos de 1.112 niños y jóvenes internados en las Aldeas SOS y cuya realidad es, según estos informes, representativa del sistema.
Es necesario precisar que los menores de los que se habla en este reportaje han sido víctimas de algún tipo de maltrato en sus familias y no pueden vivir con ellas. Son niños que han sido abandonados o abusados sexualmente o golpeados; o sus padres han caído en el consumo de drogas y son negligentes. Son niños solos, que necesitan protección y el Estado, con la ayuda de los privados, supuestamente tiene un sistema para mejorar su vida, para hacerlos crecer sanos y ayudarlos a llegar a ser buenas personas.
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