A las iniciativas de campaña de los candidatos de derecha en seguridad, se suma el reciente proyecto de ley anunciado por la diputada Camila Flores (RN), que busca reducir la edad de imputabilidad penal de 14 a 12 años. “No hay respuestas fáciles y de corto plazo”, dice el defensor de la Niñez.
“Explotar el miedo como estrategia electoral es un riesgo muy relevante para la democracia”, dijo esta semana el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al ser consultado por las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales, que buscan conectar con los altos índices de temor que existen en el país.
El secretario de Estado calificó como “perverso” el utilizar el temor como estrategia política, en un contexto donde la seguridad se ha transformado en una trinchera electoral tanto en Chile como en el mundo.
Y es que las advertencias del ministro Cordero apuntan a una serie de iniciativas que han estado en el centro del debate, como el restablecimiento de la pena de muerte, la cárcel en el desierto, políticas de encierro como réplica al modelo Bukele, el cierre absoluto de fronteras o permitir la tenencia de armas por parte de civiles. Donde incluso el candidato republicano, José Antonio Kast, ha manifestado su disposición a ser perseguido por organismos internacionales, entendiendo que algunas de sus propuestas vulnerarían derechos.
Se trata de propuestas que expertos califican directamente como “populismo punitivo”, lo que se traduce en iniciativas que no apuntan a la reparación ni a la eficacia del sistema de justicia criminal, sino que a políticas ineficaces que surgen en momentos de alta conmoción.
El uso de esta herramienta política para captar votos es un fenómeno cada vez más presente en campañas electorales. Medidas de “mano dura” que se apoyan en el miedo y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, ofreciendo respuestas rápidas y simplificadas a problemas complejos.
Bajar la edad de imputabilidad a niños de 12 años: “No existe evidencia”
A la lista de iniciativas de campaña de los candidatos de las derechas, se suma el reciente proyecto de ley anunciado por la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, que busca modificar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, para reducir la edad de imputabilidad penal de 14 a 12 años.
“Hoy un joven de 12 años que comete un delito sabe muy bien lo que está haciendo, sabe a esa edad distinguir el bien del mal, sabe perfectamente cuál es el valor de la vida”, dijo la parlamentaria.
Lo cierto es que hoy la evidencia a nivel internacional indica lo contrario. Así lo afirma la directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, Catalina Droppelmann, quien da cuenta de que el cerebro a esa edad no está capacitado para tener un buen desarrollo psicosocial, e incluso previo a los 16 años, la evidencia es clara en dar cuenta de que niños y jóvenes no aprenden del castigo.
“Bajar la edad para promover un castigo y pensar que por esa vía se va a disuadir a los jóvenes de cometer delitos no sería efectivo. (…) Lo segundo tiene que ver con que disminuir la edad probablemente lo que termine haciendo es que los jóvenes permanezcan más tiempo en el sistema de justicia juvenil y la evidencia ahí también es clara. Mientras menos se utilice la desestimación temprana de casos o la alternativa también al encarcelamiento, lo que termina ocurriendo es que los jóvenes tienen mayores probabilidades de reincidir”, señala Droppelmann.
Por otro lado, si bien en América Latina hay países que han seguido la tendencia de reducir la edad de imputabilidad, la experta en criminología sostiene que no hay ninguna evidencia de que esto mejore los índices de delincuencia.
“Justamente hay harta evidencia en Escocia, por ejemplo, de cómo impactó negativamente al sistema de justicia juvenil el haber bajado la edad de imputabilidad. Por lo demás, todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, Unicef, sugieren de manera muy tajante que la edad de imputabilidad de los jóvenes no debiese ser bajo los 14 años”, indica.
Finalmente, la investigadora asegura que un proyecto de este tipo “puede ser absolutamente catalogado como populismo punitivo”. “Esto es justamente lo que comienza a ocurrir en años electorales, donde en general las promesas de mano dura al delito, estén o no basadas en la evidencia, tienen bastante impacto en la opinión pública. Y desde ese punto de vista es irresponsable plantear una política que no esté basada en la evidencia, que no va a tener un impacto, pero que sí probablemente va a tener réditos políticos”, advierte.
“No hay respuestas fáciles y de corto plazo”
En la misma línea, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirma que esta propuesta significaría un grave retroceso en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, ya que generaría una normativa contraria a la evidencia respecto a las mejores formas para evitar el comportamiento delictivo y contribuir a la reinserción social.
“Diversos estudios demuestran que fortalecer medidas que apuntan a la reinserción es más eficiente, menos costoso y atiende el estado de desarrollo de la niñez y adolescencia. (…) El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile nos recuerda que un sistema penal juvenil no puede ser estrictamente punitivo”, señala.
Consultado por El Mostrador, indica que en época electoral es cuando más cuidado hay que tener respecto de normativas relevantes y sustanciales para la vida de los NNA. “Ante la situación actual del país, no hay respuestas fáciles y de corto plazo”, enfatiza.
“Como Defensoría de la Niñez hemos advertido ante el Congreso que los esfuerzos del país debieran estar en medidas que sí cuentan con evidencia para la disminución de los delitos. La prevención del ingreso de niños, niñas y adolescentes en el comportamiento delictivo es clave”, explica.
Todo esto en medio de un contexto alarmante que evidenció el “Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025”, cuyos hallazgos advierten sobre preocupantes cifras que revelan la influencia de entornos cada vez más violentos para niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría de la Niñez advierte que los y las adolescentes vislumbran un escenario más complejo de socialización, menor sensación de felicidad y mayor de abandono. Por otro lado, en el año 2024 un total de 57 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años fallecieron por lesiones autoinfligidas y entre el año 2000 y 2024 los fallecimientos por armas de fuego han aumentado en un 122%.
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