La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, reveló graves antecedentes durante la audiencia de formalización contra los ex generales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, junto al ex subdirector Diego Olate. Estos altos mandos son imputados por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de apremios ilegítimos por omisión, debido a su responsabilidad durante las masivas manifestaciones en Chile que ocurrieron en el contexto del estallido social de 2019.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los ex generales no adoptaron las medidas necesarias para evitar violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones. La fiscal Chong argumentó que bajo el mando de estos oficiales, Carabineros ejerció violencia desproporcionada en contra de los manifestantes, utilizando armamento antidisturbios de manera ilegal. Entre los métodos mencionados se encuentran las escopetas de perdigones y las carabinas lanza gases, cuyo uso provocó heridas graves, lesiones oculares, y en algunos casos, la muerte de los afectados. Tanto organizaciones nacionales como internacionales han calificado estos hechos como violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos más emblemáticos expuestos durante la audiencia fue el de Geraldine Estrella Alvarado, quien era adolescente en el momento de los hechos. Según la transcripción de la declaración, el 10 de diciembre de 2019, mientras participaba en una manifestación en las cercanías de Plaza Italia, en Santiago, fue impactada directamente en la cabeza por una carabina lanzagases disparada por Carabineros. La fiscal Chong describió cómo el disparo se realizó de manera directa, sin respetar la distancia mínima ni las normas establecidas en los manuales de operaciones para el control del orden público. Como resultado, Alvarado sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que la dejó en coma prolongado y con secuelas permanentes que limitan su capacidad laboral.
Este relato es solo uno de los muchos que evidencian la brutalidad ejercida por las fuerzas de orden bajo el mando de Rozas y Yáñez. La investigación de la fiscal Chong sigue siendo un hito en el proceso judicial contra los responsables de los abusos cometidos durante el estallido social, quienes deberán enfrentar las consecuencias de sus omisiones y acciones negligentes que afectaron gravemente la vida de cientos de ciudadanos.
El caso sigue en proceso, y la sociedad chilena sigue esperando justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este periodo.
