La experta en infancia aseguró que ahora es clave zanjar aspectos como la estructura que tendrá la instancia, la manera en que se definirá la reparación para los afectados y las garantías que se les entregarán a los mismos.
Una comisión de verdad que identifique y asegure la reparación de las víctimas del Sename. Ese fue uno de los principales anuncios que realizó este sábado el Presidente Gabriel Boric, durante su tercera Cuenta Pública.
Con el objetivo de concretar la medida, ya se conformó una mesa de trabajo integrada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, el representante para Chile de Unicef, Paolo Mefalopulos y el defensor de la Niñez, Anuar Quesille. La idea es que la comisión de verdad comience a funcionar el próximo 10 de diciembre, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde, aseguró que “no es fácil hacer una evaluación” sobre el anuncio, ya que la experiencia de nuestro país está limitada a las Comisiones Rettig y Valech, realizadas por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sin embargo, la experta en infancia también indicó que “si uno lo ve desde la perspectiva de la grave vulneración de derechos humanos de manera sistemática (…) evidentemente puede ameritar una comisión de verdad”.
Valverde planteó que ahora es clave definir aspectos como la estructura que tendrá la comisión o la manera en que se definirá la reparación para las víctimas.
“Ahí es dónde yo tengo preguntas, el cómo se va a hacer concretamente, quiénes lo van a promover, cuáles van a ser las condiciones que se le van a asegurar a las personas afectadas por las vulneraciones para efectos de que no hayan represalias, que no se profundice el daño y si es que habrá apoyo psicológico”, dijo.
En esa línea, la directora de ACHNU recordó que los afectados por vulneraciones al interior de centros del Sename “eran y son niños y niñas que supuestamente iban a ser protegidos por el Estado”.
“Estamos hablando de una situación muy grave y que tiene que ser, primero que nada, bien descrita, caracterizada y con condiciones muy transparentes para que todos y todas las personas, niños, niñas, que lleguen o familias que lleguen a hacer la denuncia de su vulneración, puedan tramitar la causa y sobre esa base, se defina una reparación. Creo que eso es un paso esencial para no tener casos discrecionalmente asumidos o no asumidos”, estimó.
Por otra parte, Valverde enfatizó en que el reconocimiento a las vulneraciones que vendrá con la comisión de verdad, solo debe ser un punto de partida.
“El que esto sea reconocido y visibilizado es el primer nivel de reparación, pero no es el único. Esa es mi preocupación, cuál va a ser realmente, además de la visibilización, la reparación que se le va a dar a esos niños y niñas que fueron gravemente vulnerados, que en este momento son personas adultas, con un daño estructural de su desarrollo. Se les coartó vida, se les impidió desarrollo y por lo tanto, ese adulto seguramente no tiene las mismas condiciones que un adulto que no pasó siendo niño o niña bajo la protección del Estado”, apuntó.
Una compleja implementación
La directora de ACHNU además se refirió a los desafíos de implementación del actual servicio destinado a infancias vulneradas. Luego de una reforma impulsada durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, el Sename se dividió en el Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Al respecto, Valverde señaló que hay varios problemas de fondo en el cambio que se hizo, entre ellos que “la ley de división del Sename se apuró por una decisión política, porque vendía más políticamente tener esa ley antes que una ley de garantías de la niñez”.
“Eso es gravísimo, porque entonces la ley que crea el servicio de protección especializada, en definitiva no cumple con lo estipulado en la ley de garantías”, explicó.
De todas maneras, la experta afirmó que el problema más grave es que “el fondo de la ley fue controlar y castigar a las instituciones colaboradoras del servicio, poniendo mucha regla, mucho mandato, mucha sanción y exigiendo cosas que son gravísimas, como por ejemplo, tener un protocolo anti delictual dentro de la institución, lo que pareciera ser que se preveía que los funcionarios y trabajadores de las instituciones o que los niños y niñas que estaban ahí iban ser delincuentes”, dijo.
Finalmente, Valverde criticó el sistema de financiamiento de las residencias que forman parte del Servicio de Protección Especializada, así como también la situación de sus trabajadores.
“Yo no soy parte de una institución acreditada en el servicio, pero conozco a muchos que están en eso y la sensación que ellos y ellas tienen es de una permanente angustia y cuando los trabajadores y trabajadoras están angustiados y tienen que proteger derechos de niños y niñas gravemente vulnerados, estamos en serios problemas”, concluyó.
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