Entidades humanitarias encabezadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, acusaron un interés por establecer un sistema político y económico que va en contra de los principios democráticos y con nula participación ciudadana.
Organizaciones de derechos humanos criticaron el rumbo que está tomando el Consejo Constitucional a raíz de lo que consideraron el “declarado propósito” de los integrantes provenientes del Partido Republicano de “imponer un cuerpo normativo contrario a los DDHH”.
En un comunicado, los organismos señalaron que el objetivo que persiguen desde esa coalición es además impulsar una cultura que va en contra de “la cultura democrática de nuestro país y al anhelo mayoritario de los chilenos y chilenas de avanzar hacia una sociedad más justa y libertaria”.
En el texto señalan que “la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en enero pasado, denunció ante Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que el denominado ‘Acuerdo por Chile’ para continuar con el proceso constitucional, vulneraba gravemente los arts. 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Lo anterior porque “coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública”.
A eso se sumó que la CCHDH “señaló con serios fundamentos el grave retroceso en materia de derechos humanos que significaba el texto aprobado por la ‘Comisión Experta’”.
A todo esto, las organizaciones señalan que “la ilegitimidad del proceso se profundiza con el contenido de las cerca de 400 enmiendas presentadas por los representantes del Partido Republicano, las que reflejan inequívocamente lo que ellos representan: su adhesión al modelo político, económico y social impuesto por la dictadura de Pinochet consagrado en la Constitución vigente”.
Las entidades sumaron que “las referidas enmiendas van orientadas a afectar gravemente la libertad sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva; a prohibir el aborto en tres causales; a la constitucionalización de las AFP y las ISAPRES, consolidando aún más el Estado subsidiario y el modelo de mercantilización de los derechos sociales que tanta desigualdad ha provocado”.
“Mención aparte merece la enmienda que pretende dejar en libertad (arresto domiciliario), a los condenados por crímenes contra la Humanidad, contrariando normas expresas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el Estatuto de Roma”, destacan en la carta.
Por eso sostienen que “la soberanía reconoce como límite el respeto de los derechos humanos y, por lo tanto, ninguna mayoría circunstancial puede invocarla para violar los derechos humanos emanados de las diferentes fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como los tratados internacionales, la costumbre y la jurisprudencia emanada de los órganos de jurisdicción internacionales, que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar”.
Las organizaciones humanitarias precisaron por último que “la Constitución debe ser el fruto del legítimo ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno y que un elemento esencial de un Estado Democrático de Derecho es el respeto, promoción, garantía y efectiva vigencia de los derechos humanos en su indivisibilidad, única forma de garantizar la paz social fundada en la plena realización de la dignidad humana”.
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