En el lanzamiento del informe 2022, el representante también se refirió a los proyectos de seguridad que se discuten en el Congreso: “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley”, dijo
La mañana de este martes, Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel global y nacional, correspondiente al año 2022.
En la instancia, los representantes del organismo hicieron un repaso por los hechos ocurridos en países como Ucrania, Irán, y Estados Unidos, pero pusieron especial énfasis en nuestro país.
En ese sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió al desempeño del Gobierno de Gabriel Boric durante los últimos meses.
“A poco más de un año del inicio de su mandato, le decimos al Presidente Boric que reconocemos los avances, pero, al mismo tiempo, queremos señalar que existen deudas importantes que no se han cumplido, compromisos en los que el Gobierno está al debe”, dijo Bustos.
“Apremia pasar de las intenciones manifestadas en su Programa de Gobierno, a la acción en materia de derechos humanos”, añadió.
El director de Amnistía valoró iniciativas como el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la agenda de verdad, justicia y reparación para víctimas del estallido y la firma del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, Bustos se mostró crítico con lo que Amnistía considera, son las deudas del Ejecutivo.
“Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado”.
Bustos aseguró además que “es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez”.
“No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon, hizo referencia a las deudas en materia migratoria, medio ambiental, y también en derechos sexuales y reproductivos.
En ese último punto, Lanyon expresó reparos al reglamento de la ley de abortos en tres causales, e indicó que nuestro país debe avanzar hacia la despenalización completa de la interrupción voluntaria del embarazo.
“Al igual que el año pasado, me veo en la obligación de reiterar que el reglamento de la ley que aprueba el aborto en tres causales sigue sin alteraciones, incluida la figura de la objeción de conciencia colectiva. Esa figura representa una limitación importante a mujeres, niñas, y personas gestantes, a acceder a un aborto incluso en aquellos casos en que están amparados por la ley, lo que es inaceptable”, manifestó.
Proyectos de seguridad
Por último, los representantes de Amnistía abordaron el actual debate para entregar más herramientas a Carabineros, algo que de acuerdo al director ejecutivo, Rodrigo Bustos, no tiene mucho sentido.
“En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país”, dijo.
En esa misma línea, Bustos señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque “eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho”.
“Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia”, concluyó.
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