Asimismo, la entidad calificó como “alarmante” que del total de causas por vulneraciones contra menores de edad, solo un 1,2% cuenta con formalización de cargos contra algún agente del Estado.
La Defensoría de la Niñez informó que 2 mil 178 niños, niñas y adolescentes (NNA) sufrieron violaciones a sus Derechos Humanos en el marco del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.
La entidad publicó la cifra en el tercer aniversario de las movilizaciones que paralizaron al país, detallando que gracias a la última actualización aumentaron en 864 las vulneraciones registradas contra menores de edad durante ese periodo.
“Estas violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social fueron graves y sistemáticas”, advirtió el organismo encabezado por Patricia Muñoz.
Además, la Defensoría acusó que solo el 1,2% de este tipo de causas cuenta con formalización de cargos contra algún agente del Estado, calificando la cifra como “alarmante”.
Seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos”, consignó la institución.
Si bien la institución ya había divulgado varios documentos y antecedentes respecto de esta temática, destacando el capítulo contenido en su Informe Anual 2020 y el Informe Verdad, Justicia y Reparación difundido en octubre de 2021, esta nueva publicación entrega novedades respecto de las cifras de caracterización de las víctimas de violencia institucional que corresponden al grupo de niños, niñas y adolescentes y el estado procesal de las causas.
En el contexto de la rendición de examen de Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño, en mayo de este año, el Ministerio Público señaló que la cifra nacional consolidada de casos de víctimas, menores de 18 años, de violaciones a sus derechos humanos en contexto de estallido social fue 2 mil 178, número considerablemente mayor al que había sido entregado a la Defensoría de la Niñez en 2020, que alcanzaba a los 1.314 casos. Estos antecedentes, posteriormente, fueron corroborados con el Ministerio Público, confirmando los más de dos mil casos de violencia institucional, que en su mayoría corresponden a la comisión del delito de apremios ilegítimos (74%).
En relación al estado procesal de las causas, y como ya había sido alertado por una Nota Técnica del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez (abril 2021), existe un muy escaso avance en la obtención de justicia: solo el 1% se encuentra terminada por una salida judicial, con apenas dos casos con sentencia definitiva condenatoria. Del total de causas, el 76% se encuentran terminadas (1.461), en su mayoría concluidas por vía no judicial, específicamente, por “archivo provisional”, llegando al 56% respecto al total de las causas.
“Considerando la gravedad de los delitos que constituye la violencia cometida por agentes del Estado, resultan muy preocupante estas cifras, especialmente el 56% de causas cerradas por la aplicación del(la) fiscal de la facultad de archivo provisional. En nuestra opinión, la aplicación de formas facultativas de término de las investigaciones debe ser limitada y debidamente justificada en este tipo de delitos”, declaró Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.
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