Las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares y víctimas de la represión, de ayer y de hoy, desean expresar su posición frente al nuevo escenario político creado a partir de la elección del nuevo Gobierno.
1° En primer lugar, queremos expresar nuestra satisfacción por la contundente derrota propinada por los pueblos de Chile, al candidato neofascista que, en su campaña y Programa, glorificaba el pinochetismo, relativizaba los derechos humanos, propiciaba medidas misóginas y xenófobas, criminalizaba la protesta social y la causa mapuche, y proponía profundizar el modelo neoliberal actual que sólo ha provocado grandes desigualdades sociales y una grosera concentración de la riqueza.
Sin embargo, advertimos que, si bien el fascismo fue derrotado electoralmente, no lo ha sido políticamente. Los grupos empresariales y los medios de comunicación que les pertenecen, especialmente de la TV, insisten en darle tribuna permanente a quienes profesan discursos de odio, negacionistas y antidemocráticos. Esperamos que la Convención Constitucional consagre la libertad de expresión garantizando el pluralismo informativo que permita terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, hoy en manos de los grandes empresarios que los compran sólo para resguardar sus mezquinos intereses protegidos por el modelo neoliberal.
2° Ratificamos nuestra histórica posición de autonomía frente al Estado y a los gobiernos de turno, al mismo tiempo que valoramos las primeras declaraciones del presidente electo, en cuanto a la necesidad de avanzar en verdad y justicia, evitando la Impunidad de los crímenes en contra de los derechos humanos, cometidos durante la dictadura y la revuelta social. Instamos porque estas declaraciones de intenciones se traduzcan en medidas concretas y eficaces tendientes a la consecución de estos propósitos.
3° Tal como lo hemos señalado durante todos estos años, el Estado de Chile debe ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, haciéndose cargo de las deudas de la transición, única forma de establecer bases sólidas de una convivencia social verdaderamente democrática que ponga término a la Impunidad y permita alcanzar el anhelado Nunca Más.
Para ello, la Verdad, la Justicia, la debida Reparación y las Garantías de No Repetición, deben constituirse en una prioridad para el nuevo Gobierno acorde con lo prescrito por las normas internacionales sobre derechos humanos vigentes, de cumplimiento obligatorio. No olvidamos, que después de 31 años de transición,
1.201 chilenos y chilenas tienen aún la condición de detenidos desaparecidos.
En cuanto a las garantías de no repetición, debe priorizarse la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, una profunda reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial, la incorporación urgente de la formación de derechos humanos en la educación formal e informal y la implementación de políticas de Memoria realmente eficaces, que incluya un apoyo equitativo a los Sitios de Memoria.
Varios de estos contenidos deben ser consagrados constitucionalmente en el nuevo texto que nos propondrá la Convención Constitucional en el plebiscito de salida, pero el nuevo Gobierno tendrá el deber de implementarlas a través de políticas públicas e iniciativas legislativas.
4° La libertad de los presos de la revuelta constituye una urgencia ética y política, de primer orden. Desde ya, el presidente electo puede adoptar medidas para que el Proyecto de Ley sobre Indulto General avance en su tramitación legislativa, hoy estancada irresponsablemente en el Senado. En paralelo, el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, y una declaración suya instando al Ministerio Público y al Poder Judicial a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene privados de libertad a 70 niños y jóvenes manifestantes, aplicando la normativa internacional de derechos humanos que consagra la presunción de inocencia y establece que la prisión preventiva no debe ser la regla general, contribuiría sustancialmente al cumplimiento de este urgente propósito.
5° El fin de la militarización del Wallmapu, el desistimiento de las querellas por Ley Antiterrorista interpuestas contra presos políticos mapuche, junto con el establecimiento de un diálogo eficaz con el pueblo mapuche, además del rediseño de una política migratoria acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, deben ser una prioridad del nuevo Gobierno.
6° Una tarea impostergable y compartida con la Convención Constitucional, será crear una nueva institucionalidad de derechos humanos que permita proteger debidamente a los ciudadanos frente a los abusos del Estado.
Urge crear el Defensor del Pueblo, consolidar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y consagrar constitucionalmente al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), estableciendo un nuevo Estatuto legal que lo regule, modificando sus facultades y competencia, y la composición y forma de integración de su Consejo, la autoridad máxima.
Aspiramos a la conformación de una nueva institucionalidad, que establezca un sistema coherente de protección nacional de los derechos humanos.
7° A su vez, reiteramos que mientras no haya Justicia en Chile, las víctimas tienen el derecho y el deber de seguir persiguiendo la responsabilidad penal de las máximas autoridades políticas por la comisión de crímenes contra la Humanidad durante la revuelta social, ante la Corte Penal Internacional. El presidente electo declaró durante su Campaña que coincidía con este noble propósito. Esperamos, por tanto, que apoye la presentación realizada en abril pasado ante la Fiscalía de la CPI, procedimiento que sigue vigente ante dicha instancia internacional.
8° Por último, reiteramos nuestro propósito de incidir en el debate público para que la Convención Constitucional recoja las demandas mayoritarias expresadas durante la revuelta social, y por tanto, tenga como marco referencial obligatorio al momento de redactar el nuevo texto, el respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática verdadera y una Paz social fundada en la Justicia.
Santiago, 3 de enero 2022.-
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile
Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta Comisión Ética contra la Tortura
Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular Coordinadora de Víctimas de Perdigones
Centro de Formación Memoria y Futuro Fundación PIDEE
Fundación Henry Dunant
Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta
Londres 38, espacio de memorias
Mesa Nacional Unitaria Sobrevivientes Prisión Política y Tortura Red de Sitios de Memoria
Agrupación de Mujeres Democráticas
ADHIEREN
Coordinadora Nacional de Inmigrantes Movimiento Acción Migrante (MAM) Plataforma Política Mapuche
Coordinadora de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Consejo Regional Metropolitano Colegio de Periodistas Colegio de Profesores
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus)
CONFUSAM
Tamara Muñoz, Vicepresidenta Formación y Capacitación de la CUT Corporación La Caleta
Fundación Los Ojos de Chile
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta Ciudadanos por la Memoria
Sobrevivientes de Tejas Verdes
Unión de Chilenos y Chilenas en el Exterior
Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia Solidaridad con Chile – Gotemburgo
