En un requerimiento a la Corte Suprema, 52 miembros del Congreso Nacional han acusado a la directora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz García, de haber violado sus deberes y exigen su destitución. Entre otras cosas, la acusan de manipular políticamente a los niños y de incitarlos a la subversión, el crimen y la violencia. En una declaración emitida el 8 de enero de 2021, con 550 adhesiones, entre ellas 59 organizaciones internacionales relacionadas con derechos de la niñez, 150 expertas y expertos en derechos de la niñez de Chile y representantes de 17 países latinoamericanos y europeos, rechazan estas acusaciones como infundadas y presuntuosas. Destacan que, por el contrario, la Defensora ha defendido los derechos de la niñez de manera ejemplar, incluso contra numerosos actos de violencia de los órganos del Estado, como en el caso de SENAME, die niños, niñas a adolescentes mapuche y en el contexto del estallido social del octubre de 2019.
Los firmantes subrayan que bajo la dirección de Patricia Muñoz “la gestión de la Defensoría se ha caracterizado por una lógica de transparencia y de altos estándares de calidad como las exigencias que ha impuesto a nivel de investigaciones con niños, niñas y jóvenes”. Ella había contribuido, “para que la voz de la niñez debe ser escuchada precisamente por aquellos que no quieren escucharla, que no han tenido voluntad política ni administrativa para incorporarla, como es el caso de los diputados que han presentado el requerimiento”. En este contexto, los firmantes recuerdan “que estos diputados representan a un sector que ha obstaculizado la concreción de una ley de garantías de derechos para la niñez”. En conclusión, subrayan que “el lenguaje utilizado en el requerimiento testifica una mentalidad autoritaria que está completamente fuera de lugar en una sociedad democrática y que debe ser superada”.
Santiago/Valparaíso, el 8 de enero de 2021
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