La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDEE, Fundación 1367 Casa de Memoria José Domingo Cañas y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule-Chile, presenta demanda contra el Estado de Chile ante el Comité de Derechos del Niño, (CRC, por sus siglas en inglés), por represión en el caso de Talcahuano y otras situaciones sucedidas a partir de la revuelta social de octubre de 2019, junto a otros hechos ocurridos en La Araucanía y otros centros del Sename.
Entre los antecedentes que constan en esta demanda, se incluyen 13 casos de vulneraciones a menores de edad, como los mencionados niños baleados por Carabineros en Talcahuano.
La demanda señala que: “En este marco ha existido, situaciones de violencia y tortura contra niños, de encarcelamientos injustos, de irrupciones de personal armado de Carabineros (Policía Militarizada) en recintos educacionales y hogares de menores, haciendo uso de armas de fuego letales y no letales contra los niños. Y otras medidas que hablan de una creciente espiral de ataque a los niños en sus derechos”.
Según las cifras entregadas por la Defensoría de la Niñez se han producido 818 casos de violaciones a DDHH contra de niños, niñas y adolescentes durante el período del estallido social, donde el 92% de los casos fueron ejercidos por carabineros, agentes del Estado chileno.
En este contexto las organizaciones solicitan adoptar las siguientes medidas provisionales necesarias, para evitar posibles daños irreparables a las víctimas de la vulneración: revisión de todos los protocolos del SENAME, como los protocolos de Carabineros de Chile sobre actuación con NNA.
Además de, nombrar una comisión de expertos a fin de que se constituyan en nuestro país para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos y una serie de recomendaciones que el propio Comité entregó al Estado chileno, orientadas a fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de los procedimientos policiales.
Con estás acciones se busca, de igual forma, que no sólo los agentes del Estado que ejercen la violencia directamente respondan, sino que todas las autoridades involucradas en la cadena de mando y las autoridades políticas de nuestro país asuman su responsabilidad antes las vulneraciones de niños, niñas y adolescentes.
