Desde la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDEE, rechazamos categóricamente las acciones de violencia y racismo contra el pueblo Mapuche ocurridas en horario de toque de queda, ayer 1 de agosto de 2020 en la Región de la Araucanía.
Como organización defensora de los Derechos Humanos y ante estos hechos, declaramos nuestro repudio a la violencia desatada contra las comunidades mapuche en toma, por parte de civiles organizados en complicidad con Carabineros de Chile. Es urgente que se investigue lo sucedido, junto a las asociaciones entre carabineros y organizaciones de la sociedad civil de ultraderecha, las que fueron informadas a través de videos y audios divulgados por distintas organizaciones a través de las redes sociales.
Queremos expresar nuestra particular preocupación por la falta de resguardo de parte del Estado Chileno hacia niños, niñas y adolescentes mapuches, olvidando su rol fundamental de respetar, promover, proteger y garantizar estos derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, procedencia, creencias o cualquier otra condición de la niñez y la adolescencia, de sus padres y madres o de sus representantes legales.
Como Fundación PIDEE exigimos que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Fiscalía de la Región de la Araucanía, informen públicamente respecto a las infracciones a las normas sanitarias y a la ley de control de armas de los civiles que gritaban consignas racistas y discriminatorias contra el pueblo mapuche.
Reclamamos el fin de la violencia ejercida por el Estado y sus instituciones contra el pueblo mapuche, el fin de la criminalización de sus demandas y el fin del racismo institucional. Es urgente que dicha situación sea enfrentada desde las exigencias que imponen los estándares internacionales de derechos humanos y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que Chile ratificó el año 2008, en vigencia plena desde el año 2009; este convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a sus procesos de desarrollo.
Por último, exigimos la renuncia del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, responsable directo de los hechos de violencia racista ocurridos ayer, luego de su llamado a desalojar las municipalidades tomadas en protesta por los presos políticos.
Equipo Fundación PIDEE
