Declaración Pública Bloque por la Infancia

El Bloque por la Infancia, alianza amplia de organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, declara:

Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están siendo impactados duramente por esta pandemia, sin poder contar con un Sistema de Protección Integral y de Garantía de Derechos que pueda atender sus necesidades y urgencias. Esta crisis pone al desnudo de manera brutal la negligencia de nuestro Estado, al no haber sido capaz, en 30 años, de realizar lo que comprometió con Naciones Unidas en agosto de 1990 al aprobar, por la unanimidad del Congreso, la Convención Sobre los Derechos del Niño.

En la hora presente, la situación de la niñez y adolescencia aparece invisibilizada o sólo se percibe a través de: la mirada sanitaria que los considera vectores de contagio; en casos de violencia intrafamiliar, que aumentan; en una iniciativa indignante como el Convenio entre Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia; en los debates sobre si se vuelve a clases; en la improvisación frente a lo vivido por niños y niñas en residencias y en programas ambulatorios. En todas estas situaciones, las autoridades y los medios olvidan que cuando se habla de niñez se habla de personas, titulares de derechos humanos que deben ser respetados y garantizados.

Por lo anterior y dado que esta situación se prolongará en el tiempo, agregándose las consecuencias de una grave crisis económica, cuyos efectos en la niñez son aún difíciles de dimensionar, es que consideramos nuestro deber, insistir en que es urgente avanzar ahora en la instalación de un Sistema Nacional de Protección Integral y de Garantías de Derechos, en todas las Comunas del país, aprendiendo de las mejores experiencias a nivel internacional. Por tanto, los recursos, hoy más escasos que ayer, deben ser priorizados para materializar efectivamente dicho sistema.

En el Congreso se pretende dar prioridad a un proyecto de Ley que divide al Sename en dos Servicios, el presupuesto asignado son M$94.852.751, de ellos M$33.636.150 estarán destinados a ciertas mejoras en residencias y programas. Sin embargo, M$61.216.601 se destinarán a nuevos cargos, nueva infraestructura, nuevos sistemas informáticos, es decir, a ningún cambio de fondo en la institucionalidad actual. Es pues nuestra convicción que esos M$61.216.601 debieran destinarse a lo realmente urgente, vale decir, a una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez que establezca en todas las comunas las autoridades, estructuras y procedimientos de protección administrativa requeridas. El sistema generado desde esa ley, en un plazo no mayor a 3 años, es lo que permitirá cambios profundos en toda la relación del Estado con la niñez y adolescencia, con las familias, con las comunidades y con las organizaciones de la sociedad civil, provocando a la vez, transformaciones reales en Sename. De hecho, una efectiva protección local evitaría la institucionalización de miles de niños y niñas en protección especializada, cuestión de fondo, que debiera discutirse seriamente cuando se trata del Sename.

Sabemos que este proceso transformador es resistido en el gobierno y en el mundo político, pero nuestro compromiso con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y nuestro rol como organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, nos obliga a insistir sobre lo que consideramos es la más importante reforma legal, política e institucional en materia de niñez y adolescencia en muchas décadas. Está en manos de la ciudadanía y de sus representantes hacer realidad esta reforma, transformando la crisis actual en una oportunidad que permita poner al centro los derechos de todos y todas los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.