A raíz de recientes expulsiones administrativas decretadas contra familias con hijos chilenos, académicos y juristas versados en la materia calificaron de irresponsable la forma en que el Ejecutivo está aplicando las medidas contra personas que intentan regularizan su situación.
Como “sumamente graves” calificaron entendidos en el tema migratorio las recientes expulsiones administrativas decretadas contra madres y padres extranjeros cuyos hijos tienen nacionalidad chilena.
Recientemente, una docena de niños, niñas y adolescentes fueron afectados por una resolución de la Corte Suprema que rechazó un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de personas en situación migratoria irregular, cuyas descendencias, en algunos casos, ya son chilenas.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado la compleja realidad que deben enfrentar madres inmigrantes, quienes, estando radicadas en el país, dieron a luz a hijos chilenos y ahora se enfrentan a la noticia de la expulsión, pese a haber entregado la documentación correspondiente.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (UDP), Francisca Vargas, precisó que esta sería la primera vez que dicho tribunal rechaza el recurso de amparo en favor de estas personas, teniendo en cuenta que, desde el propio departamento dependiente de la UDP, se han presentado más de una veintena de acciones legales de este tipo.
“Así como salió este fallo, que va absolutamente en contra de muchas decisiones anteriores de la misma Corte, el día de mañana podría volver al criterio anterior, entonces, es súper confuso. Nosotros ganamos una causa similar, pero ahora el Tribunal vuelve a los argumentos esgrimidos hace ocho años atrás. Por ejemplo, existen casos favorables donde personas que cometieron un delito, cumplieron condena, hoy se encuentra insertos en la sociedad, y sobre eso la Corte ha dicho que si existe un grupo familiar con niños y niñas afectadas, lo pertinente es dejar la orden de expulsión sin efecto”, afirmó.
Francisca Vargas calificó de extremo preocupante la situación que viven estas madres y familias con hijos chilenos, debido que, a las decisiones emanadas desde el Ministerio del Interior, ahora se suma este dictamen adverso de la Corte Suprema, quedando estas personas, finalmente, sin ningún tipo de protección en su proceso de regularización migratoria.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (UDP) agregó que, en general, las decisiones políticas emanadas desde el Ejecutivo tendrán consecuencias negativas para el país.
“Si tú impones requisitos difíciles de cumplir, con toda una burocracia de tramitación previa, lo que tú logras es irregularidad migratoria. Nadie va a moverse de acá, nadie para su vida porque no consiguió una visa. En la materia no se ha tenido una visión de Derechos Humanos integral, pensando en el bienestar de las personas migrantes y, si a eso le sumamos todas las políticas de expulsión, como se han presentado en los medios de comunicación, y no se han hecho un análisis de cada caso en particular, me parece que es gravísimo”, argumentó.
El sociólogo e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Luis Eduardo Thayer, calificó estas políticas como “coercitivas”.
“Se está tratando de imponer una política donde no existe consenso transversal, uno podría decir que está dentro de los márgenes democráticos de las mayorías, pero en este caso, al ser una mayoría tan espuria, no garantiza la sustentabilidad de la política. Y lo otro, es que se están tomando medidas cuyas consecuencias se verán en el mediano plazo, y tienen que ver con el incremento de la irregularidad, con mayor precariedad y vulneración de derechos de la población migrante. Entonces, lo negativo se verá en tres o cuatro años más, cuando no esté este Gobierno, por eso las acciones son irresponsables, porque las autoridades actuales no serán garantes de las consecuencias de las medidas que hoy están tomando debido al tiempo que toman estos procesos”, subrayó.
El también investigador de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez criticó la política comunicacional que ha impulsado el Gobierno en el tema migratorio, imponiendo – argumentó- una visión sesgada de ciertas personas que vienen al país a buscar mejores condiciones de vida.
“Es la instrumentalización del tema, un poco para canalizar los miedos de la población chilena. La estigmatización de los inmigrantes, la idea de que hay delincuentes de manera generalizada en el flujo migratorio, sin duda le ha resultado muy bien a la administración central”, aseveró.
Thayer recalcó que tanto el Ejecutivo como la Justicia deben velar por el interés superior del niño y la niña, quienes están amparados, además, por convenciones internacionales suscritas por Chile. En definitiva, expresó el sociólogo, el Estado estaría contraviniendo este tipo de tratados, una situación que es ética y jurídicamente compleja.
Según publicó Cooperativa, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que se “ponderó la situación y, dado el análisis que ha hecho la Suprema, consideró que esto también está apegado a derecho”.
