A todas las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, en especial a aquellas que promueven el respeto a los derechos consagrados en la Convención sobre los derechos de la infancia y adolescencia:
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia Pewma Lavkenche de Tirúa, Oficina de Infancia de la Municipalidad de Tirúa, Fundación PIDEE (Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia), Hogar de Cristo, Fundación Lican y la Mesa de ONG’s Región del Bío Bío de la Red de Infancia y Juventud de Chile, queremos denunciar públicamente y manifestar nuestro total y absoluto rechazo a hechos de violencia ejercidos por funcionarios policiales en la comuna de Tirúa, en los cuales se han observado graves vulneraciones a los derechos de los niños y niñas.
El último episodio de transgresión a los derechos de los niños, niñas y adolescentes aconteció el pasado jueves 3 de marzo, cuando en las cercanías de la sede de la Comunidad María Colipi Viuda de Maril de Curapaillaco, carabineros ingresó disparando al lugar donde se encontraban reunidos integrantes de la comunidad, deteniendo violentamente a dos personas. En ese momento circulaba un furgón escolar de la escuela Los Lingues que trasladaba a niños y niñas a sus respectivas casas luego del término de la jornada escolar. Estos niños y niñas presenciaron el operativo policial con altos niveles de violencia donde se vieron expuestos a un enfrentamiento donde inclusive hubo disparos de perdigones. Lamentamos que no exista la capacidad de medir los efectos que estos hechos tienen en la vida de los niños y niñas, por lo que nos preocupa enormemente que quienes tienen el deber de garantizar sus derechos como servidores públicos sean quienes los vulneran. A su vez, es necesario mencionar el trauma que se incuba en los hijos/as de los presos políticos mapuche, quienes se ven afectados directamente en este conflicto político económico.
Durante el mes de enero se tomó conocimiento de una detención a un niño de 15 años, por la supuesta quema de un predio en el Lago Lleu Lleu, denunciando tanto el adolescente como su familia, tratos indignos y agresiones racistas por parte de carabineros. Con estos antecedentes, ha quedado en evidencia el hecho recurrente que los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Tirúa son víctimas o testigos de hechos violentos, tales como enfrentamientos a mano armada, alto número de contingente policial con armamento de guerra en lugares públicos como almacenes comerciales, estigmatización por pertenecer a un pueblo originario y, en general, un tratamiento discriminatorio en los operativos policiales que generan traumas, repercutiendo negativamente en su ámbito psicológico.
Al respecto, se debe precisar que es de público conocimiento que durante las últimas décadas, la comuna de Tirúa se caracteriza por tener una fuerte presencia de empresas forestales, las cuales están siendo resguardadas por las Fuerzas Especiales de Carabineros, existiendo de esta forma una evidente militarización del territorio lavkenche. La excesiva presencia policial resguardando predios forestales sólo contribuye a agudizar los conflictos generados en la búsqueda de la restitución histórica de los derechos del pueblo mapuche. Es así como en diversos operativos policiales hay antecedentes que demuestran un actuar por parte de carabineros que no se condice con el deber del Estado, de sus organismos y de sus funcionarios de adoptar todas aquellas medidas indispensables para asegurar la protección y cuidado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Es importante mencionar que es deber de las instituciones que trabajamos con la niñez denunciar públicamente los hechos aludidos precedentemente, porque es obligación del Estado y de sus organismos adoptar todas las medidas que permitan dar efectividad a los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescente en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990, instrumento de carácter internacional que reconoce los derechos fundamentales de los niños y niñas, que deben ser garantizados sin importar su raza, color, sexo, o cualquier otra condición. Por todo lo expuesto hacemos un llamado a las autoridades competentes, a la comunidad en general y a todas las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, en especial a aquellas que promueven el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, a denunciar y no permitir episodios como los descritos, para impedir que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Tirúa y que en definitiva, el Estado chileno cumpla a través de sus organismos el deber legal de cuidar y proteger sus derechos.
