Tras 25 años de deuda, Chile ingresó el primer proyecto de ley de garantías de derechos de niños, niñas y adolescentes que promete aumentar la participación de este grupo etario. Defensora de la iniciativa, Estela Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, apoya la adopción de parte de padres homosexuales, rechaza la costumbre de empastillar a los niños para que no sean inquietos, dice que es absurdo rebajar la edad de las penas y que lo fundamental es mejorar la calidad de vida de los adultos para que vuelvan a escuchar a sus hijos.
Se pasaba todo el día jugando en la calle con un puñado de niños del barrio donde vivía. Eso era cuando era chica, hace muchos años. “Ya soy bien vieja”, se preocupa de precisar sonriente la adulta Estela Ortiz desde la oficina que tiene frente a La Moneda, a una distancia que parece enorme de esa época de dulces juegos callejeros.
El cuento de la niñez de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia –que pertenece al Ministerio Secretaría General de la Presidencia- surge a propósito de un estudio que reveló que los niños chilenos juegan seis mil horas menos, de un total de 15 mil, de lo recomendado por estándares internacionales.
A Ortiz la cifra le parece terrible. La atribuye al miedo que existe de la violencia y la delincuencia que genera, según ella, que ahora estar en la calle y aproximarse a otro sea considerado un riesgo. También culpa a la cultura trabajólica de Chile, que no permite a los padres tener tiempo ni energía para dedicarse a sus hijos.
– Además hoy día ocurre algo atroz: a los niños les están pidiendo dar prueba para entrar a los jardines infantiles. O sea, el individualismo, el exitismo, la competencia nos ha llevado a considerar el juego menos importante y no entender que para el niño es una base fundamental. Tiene que ver con sus descubrimientos, la socialización, las emociones, la tolerancia, miles de aspectos clave para el desarrollo de niños y niñas-, afirma.
Es en pos de ese desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que hoy Estela Ortiz encabeza un proyecto que pretende cambiar la visión de niñez que impera en nuestro país, que no cuenta ni siquiera con una ley que reconozca los derechos de este grupo etario. Esto a pesar de que fue en 1990 cuando el Estado de Chile ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que lo comprometía con el cumplimiento, respeto y garantía de los derechos de los niños y adolescentes consagrados en la convención.
Para ponerse al día con la promesa, el 21 de septiembre la presidenta Michelle Bachelet firmó los proyectos “Ley de garantía de derechos de la niñez” y el que crea la “Subsecretaría de la niñez” que beneficiarían a todos los menores de 18 años que vivan en el territorio nacional, incluyendo inmigrantes. Según la última encuesta Casen, de 2013, esta población de niños, niñas y adolescentes alcanza el 25,6% de la población total del país.
Después de 25 años por fin Chile podría tener un marco legislativo sobre los derechos de la infancia. ¿Cuál es la importancia de que esto exista?
En primer lugar, poner toda la legislación de acuerdo a los tratados internacionales que Chile ha firmado. Pero el aspecto fundamental es que esta ley reconoce al niño como un sujeto de derecho, porque en Chile, en general, vemos los niños como sujetos más de protección que de derecho, como personas que requieren ayuda, personas a las que acudimos y entregamos recursos. Existe la preocupación, pero no se ven como personas que pueden aportar al desarrollo social, económico y cultural del país. Entonces ese es un cambio sustancial: respetarlos como un igual, como un otro valido. Hasta el momento el enfoque ha sido de tutelaje total.
¿Qué ejemplo muestra la diferencia que marcará la nueva ley?
Por ejemplo el respeto a escuchar a los niños en los juicios. La ley de garantías dice que en cada resolución que tenga que ver con la vida de niños, niñas y adolescentes, ellos deben ser escuchados. El niño es partícipe de la decisión: se le pregunta su opinión, entrega su opinión y, en lo que se resuelva, se acoja o no se acoja la opinión, se tiene que decir ‘tú no te vas a vivir con tu mamá a pesar de que querías eso por estas razones’.
Además de en un juicio, ¿en qué otras instancias habrá participación?
La participación es un derecho. Tuve una reunión con un canal de televisión que está discutiendo programación infantil y yo les decía que es fundamental que tengan un diálogo con los menores de 18 años, que les pregunten qué quieren. Si se quiere trabajar en un tema que tiene que ver con ellos, lo importante es escucharlos. Si en un colegio vas a cambiar un reglamento, convérsalo con quienes acuden al liceo. El derecho a organizarse también está planteado y de acuerdo a la edad que tengan los niños y a los intereses que tengan ellos buscarán la forma de organizarse.
¿Qué rol va a jugar la nueva Subsecretaría de la niñez?
Chile no tiene un organismo responsable de la política pública de los niños, niñas y adolescentes. La subsecretaría de infancia va a ser la institucionalidad responsable. Y eso es clave; es el organismo rector, va a hacer seguimiento de la política, de los planes de acción, mirar los presupuestos, hacer los estudios que el país requiere, hacer seguimiento legislativo para que las leyes estén de acuerdo a las convenciones y los tratados que Chile ha firmado.
Dentro de la subsecretaría, ¿va a existir una asamblea de niños o una instancia parecida?
Sí, y también está considerado en otras leyes que vienen más adelante, que permitan que un Consejo de niñez y adolescencia exista en el espacio local, regional y nacional.
El Bloque por la infancia, que reúne a varias ONGs dedicadas al tema, critica la nueva legislación. Dice que no se reconoce organismos del Estado como garantes de derecho, que los proyectos quedan sujetos al presupuesto disponible y que falta valoración del rol de la sociedad civil y participación de los niños.
Nosotros nos hemos juntado varias veces con el Bloque de la infancia. Hemos escuchado a la sociedad civil, sin el aporte de ellos estaríamos mucho más atrasados. Estamos recogiendo todas las apreciaciones y en el momento de las indicaciones tendremos que ver qué indicaciones se hacen para mejorar el proyecto, que es la línea base y tiene que ser enriquecida en el trámite legislativo. Les explicamos que el punto de la participación va en otros proyectos que ellos no han visto y que ya está planteado en la Subsecretaria.
Jorge Rojas, historiador especialista en infancia, se pregunta si el nuevo sistema va a ser integral, algo que expertos han criticado del funcionamiento actual.
Se va a configurar un sistema integral. Estamos desarrollando un cuerpo legislativo que consiste en siete leyes que son fundamentales para garantizar derechos. Hemos presentado recién las primeras dos. Viene la presentación del Defensor del niño, después viene lo que tiene que ver con tribunales de familia, el sistema de protección especial, el sistema de responsabilidad penal adolescente, que tiene que ver con los niños judicializados, y la Ley de subvenciones. Esto aparte de determinadas leyes que tienen que ser modificadas para garantizar los derechos de los niños. Hablamos de una política nacional con un plan de acción a diez años, de cambio legislativo, de instituciones, pero también de organismos garantes que vean que los derechos se cumplan, y en ese sentido están el Consejo de la sociedad civil, el Consejo de niños y el Defensor del niño. O sea, es un sistema que se hace cargo de la política, de las normas, de la ejecución y de la vigilancia.
Rojas también plantea que una de las principales dificultades que ha tenido Chile para elaborar una política de infancia consistente es que existe una tendencia a disociar los temas infantiles del resto de las problemáticas sociales. Por ejemplo las condiciones laborales de los padres influyen en la calidad de vida de los niños.
Esto tiene que ver también con la calidad de vida de los adultos. E Estado de Chile tendrá que generar políticas que mejoren realmente la calidad de vida de los chilenos y chilenas; si trabajas entre 12 y 14 horas, cuando llegas a tu casa estás tan cansado que ni siquiera miras a tu hijo. En este país, como en muchos otros, todavía no se entiende que si no igualamos oportunidades desde el nacimiento, no solo desde el ámbito educativo, sino en salud, en el tema urbano, vivienda, en todo lo que requiere el ser humano para desarrollarse plenamente, no es posible avanzar hacia el desarrollo. Yo creo que los sectores políticos, los hacedores de política pública, no tienen conciencia todavía de eso. El desafío mayor que tenemos hoy día es que se entienda que el motor de desarrollo está ahí.
En esta línea, ¿Qué opinas de la idea de rebajar la edad de penas?
Un absurdo. El tema no es la edad de las penas, el tema es que nosotros somos responsables de que ese niño de diez años llegue tener este comportamiento violento y delictivo. No es ni siquiera la mamá o el papá, un niño que llega a esa situación es porque ha fallado la política pública, el Estado, el entorno en que ese niño se ha desarrollado. Ha fallado la familia, pero ha fallado la política pública en apoyar a esa familia al entregarle herramientas para que esté con su hijo. La solución no es rebajar la edad, la solución es desarrollo social para que ese niño no se desarrolle en un entorno violento, para que sus padres nos sean violentos con él ni entre ellos.
Muchas veces es el mismo Estado, a través del Sename por ejemplo, el que propicia un desarrollo violento
El problema es anterior, es por qué ingresaron al Sename. Yo puedo decir que hay muchos problemas en el Sename, pero también te puedo decir que la gente que trabaja ahí ha dedicado su vida a trabajar con los niños y las niñas que más requieren cariño, y esa es la gran mayoría. En todos los lugares hay vulneración de derechos. En las escuelas, ¿los derechos de los niños están garantizados 100%?, ¿puede un niño plantear libremente su opinión al profesor sobre la materia que está pasando y ser acogido y establecer un diálogo?, ¿o le dicen que no joda, que no pregunte, que está muy inquieto, que lo lleven al médico, que le den una pastilla, que salga de la sala? Tenemos que tratar de que no haya vulneración de derechos al interior del hogar, las escuelas y menos en las instituciones del estado, obviamente. La idea es generar nuevas instituciones basadas en los derechos del niño y la niña para los que han sido vulnerados y sea realmente en última instancia que los niños vayan a instituciones. Porque está en riesgo la vida del niño y la única solución es que se vaya a una institución, o a una familia sustituta o derechamente adopción.
¿No sería un avance para hacerse cargo de la situación que exista la adopción de parte de padres homosexuales?
Sin lugar a dudas. No hay ningún estudio serio que diga que los padres homosexuales, gay o lesbiana o parejas de diferente tipo, no puedan adoptar y sean peor familia que otra. Tenemos que hacernos cargo de la diversidad de familias que tenemos y lo importante es que los niños tengan una familia que los quiera, los cuide, los apoye.
Existe una especial preocupación por la situación que viven actualmente niños mapuche que pertenecen a comunidades que luchan por la reivindicación de sus tierras. Son víctimas de violencia policial en allanamientos, ven cómo detienen a familiares, han recibido golpes e incluso heridas de balines. ¿Qué se está haciendo con este tema?
Hemos avanzado en un acuerdo con el Ministerio del Interior para que cuando se use la violencia desmesurada y un carabinero sea condenado sea inmediatamente dado de baja, cosa que hasta hace un mes atrás no ocurría. Independientemente de eso, hemos tenido una mesa de trabajo con expertos indígenas, no solo mapuche. Si uno mira a los niños en este país, los niños de las poblaciones indígenas son las más empobrecidas. Tenemos situaciones graves de las cuales tenemos que hacernos responsables. Hay un plan de acción para trabajar con todos los diferentes tipos de niños, porque tenemos problemas como ese, pero también, por ejemplo, están los niños autistas, que no son aceptados en los establecimientos educacionales. Tenemos altos indicadores de desarrollo económico, pero la desigualdad es enorme y la desigualdad se da en concreto en los niños, niñas o adolescente. Va más allá del nivel socioeconómico. La inclusión es un tema transversal, la violencia, el abuso sexual, el embarazo adolescente, la injusticia en el tema de droga es transversal -la diferencia es que los pobres consumen caca y los otros consumen buena calidad-.
¿Qué ocurre con los niños que trabajan?
Hay alrededor de 260 mil niños que trabajan en el país. En Chile los niños entre 15 y 18 años pueden trabajar con autorización de sus padres en un trabajo que no sea peligroso y que termine antes de las 10 de la noche. Hay una política que está desarrollando el Ministerio del trabajo en la que se plantea terminar con el trabajo infantil de aquí a 2025. Se trata, por supuesto, de considerar también el ingreso que significa el trabajo de ese niño para el hogar. Cuando estamos hablando de eliminación del trabajo infantil no podemos abordarlo sin considerar eso.
¿Qué pasa con niños que se agrupan y quieren que se les reconozca el derecho a trabajar? Como lo que ocurrió en Bolivia, que legalizó el trabajo infantil para regularlo.
Yo no he escuchado de un grupo así en Chile, creo que no existe. Pero tendríamos que conversar con ellos y ver que el rol de ellos no es trabajar, es estudiar, formarse, terminar su desarrollo, conocer el mundo.
Fuente: El Desconcierto
